Des de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, de la cual es parte ODG, nos sumamos al llamado internacional de más de 150 organizaciones sociales de todo el mundo por la cancelación de las deudas de los países empobrecidos como parte de las estrategias para que estos puedan hacer frente a la crisis del COVID19.
La crisis que se desencadenó en 2008 significó no sólo el rescate de la banca y los mercados financieros, sino una nueva oleada de endeudamiento a nivel global. El crecimiento económico se ha basado en la última década, para beneficio de empresas multinacionales y mercados financieros, en la acumulación de deudas insostenibles y a menudo ilegítimas. La crisis sanitaria, social y económica que genera el Covid-19 a nivel global, no se puede resolver si no se hace frente a la situación de sobre-endeudamiento a nivel global y, en especial, en los países empobrecidos.
La crisis global que se desencadena con el Covid-19 ha llevado a caídas en los precios de las materias primas, un aumento en los costos futuros de endeudamiento para los gobiernos del Sur, y ha contribuido a la mayor salida de capitales de los países en desarrollo. Los ingresos fiscales caerán como resultado, y los pagos de la deuda aumentarán al mismo tiempo que los países necesitan expandir la atención médica y la protección social en respuesta a la crisis. Los países del Sur Global, en América Latina o en África Sub-sahariana, ya estaban en crisis de deuda antes del brote de Covid-19. Ante la catastrófica crisis sanitaria y social que afrontaran estos países no se puede concebir que los recursos se dirijan a pagar a los acreedores y no a cubrir las necesidades básicas de la población. Los gobiernos necesitan contar con recursos para una acción decisiva hoy, y el no pago de la deuda es la forma más rápida de disponer de dichos recursos. Cualquier retraso hará que la pandemia sea más difícil de controlar y una reparación posterior del daño económico sea más costosa.
Cualquier país debería poder ejercer el derecho a no pagar sus deudas por causas de fuerza mayor, como la que desencadena la pandemia del coronavirus. Y más aún si esas deudas tienen origen ilegitimo, como en muchos de los casos. El no pago de la deuda en los países clasificados por el FMI como economías de bajos ingresos, a otros gobiernos, instituciones multilaterales y prestamistas privados liberaría hasta 25.5 mil millones de dólares para luchar contra el coronavirus solo en 2020. Extender el no pago o la cancelación de la deuda a 2021 permitiría disponer de otros 24.9 mil millones de dólares para ayudar a salvar vidas, ahora y en el futuro.
Rescatar a las personas, no a los mercados financieros ni al Ibex35.
La crisis del 2008 se saldó con un rescate a los poderosos y el hundimiento de las clases populares, en base a austeridad y precarización laboral. Se salvaron los bancos y los mercados financieros, que recibieron sus rescates y cobraron sus primas de riesgo descontroladas, pero también las empresas del Ibex 35, a través de ayudas y el sustancioso negocio de la externalización de servicios públicos. De la crisis «salimos» además con una montaña de deuda pública que hace hoy más difícil que el Estado español, pero también el italiano, el francés o el portugués, hagan frente a la crisis del covid-19 y las necesidades de la población con políticas públicas adecuadas y suficientemente ambiciosas.
De esta crisis no podemos salir ni rescatando al Íbex35, ni a los mercados financieros, ni con más deudas. La respuesta debe ser salvar a las personas, aquí y en los países del Sur. Las propuestas que gobiernos e instituciones financieras internacionales están poniendo sobre la mesa para hacer frente a las necesidades surgidas por la crisis sanitaria, social y económica, para el Estado español, para Europa y para los países del Sur, tienen algo en común: más deuda.
Las ayudas a las empresas, autónomos e incluso a las familias para pagar el alquiler, se basan en más endeudamiento. Los paquetes de financiación del BCE o las ayudas que se contemplan en la UE, harán aumentar aún más la deuda pública, especialmente en el Sur de Europa. Las «ayudas» y rescates que prometen el FMI o el Banco Mundial a los países empobrecidos no son más que créditos que, en buena medida, irán a pagar a los acreedores y no a cubrir las necesidades sanitarias, sociales y económicas en esos países. A menos que no se cancelen todos los pagos de deuda de los países afectados por la crisis del Covid-19.
Por todo ello desde la PACD nos hemos sumado al manifiesto internacional “Un Jubileo de la deuda y financiamiento de emergencia para afrontar la crisis sanitaria y económica del COVID-19“*. Y también por ello exigimos que la respuesta a la crisis en el Estado español, en Europa y a nivel global, no sea rescatar a los poderosos, sino salvar a las personas, y eso no será posible si la respuesta de gobiernos e instituciones internacionales es siempre más y más deuda.
* Nota: El manifiesto «Un Jubileo de la deuda y financiamiento de emergencia para afrontar la crisis sanitaria y económica del COVID-19» reclama a gobiernos de todo el mundo y a instituciones como el Banco Mundial y el FMI:
• La cancelación permanente de todos los pagos de la deuda externa que vencen en 2020 por parte de los países empobrecidos, sin devengo de intereses y cargos y sin sanciones.
• La provisión de financiación adicional de emergencia sin que se cree más deuda.
• La cancelación de la deuda y la nueva financiación se deben proporcionar sin demandas ni condiciones de reformas de políticas en favor del mercado y centradas en la austeridad.
• Establecimiento de medidas para proteger a los países empobrecidos de demandas judiciales por parte de Fondos Buitre por el cese del pago de la deuda para 2020.