La QUERELLA CRIMINAL Caso Castor fue tramitada ante la Audiencia Nacional el 27 de febrero de 2018 contra:
- El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo JOAN CLOS MATHEU – PSOE (8 de septiembre 2006 – 13 de abril 2008)
- El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN – PSOE (14 de abril 2008 – 22 de diciembre 2011)
- El ex Ministro de Industria, Energía y Turismo JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ – PP (22 de diciembre 2011 – 15 de abril 2016)
- El presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS SL, FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ
- La ex Ministra de Fomento MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA – PSOE (18 de abril 2004 – 7 de abril 2009) y ex Vicepresidenta del banco Europeo de Inversiones
- La ex Ministra de Medio Ambiente y Agricultura ELENA ESPINOSA MANGAN – PSOE (14 de abril 2008 – 20 de octubre 2010)
- El presidente de la mercantil ESCAL UGS SL RECAREDO DEL POTRO GÓMEZ
- El ex Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo IGNASI NIETO MAGALDI (15 de septiembre 2006 – 17 de abril 2008)
- El ex Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat de Valenciana JUAN GABRIEL COTINO FERRER (31 de agosto 2009 – 22 de junio 2011)
por sus responsabilidades en el proyecto Castor, con posibles delitos de PREVARICACIÓN, FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS.
La querella se presentó ante los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional por su competencia en los casos de defraudaciones que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil, de la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia.
Tras ser desestimada la querella por la jueza de la sala nº3 de la Audiencia Nacional y posterior recurso también desestimado por la Sala de lo Penal, el 23 de octubre de 2018 abrimos un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El 30 de enero de 2019 recibimos respuesta por parte este Tribunal rechazando el recurso de amparo. Esta noticia era la esperada. En realidad es una buena noticia porque nos permite llevar el caso a instancias europeas.
El argumento del TC para rechazar el recurso es que no lo considera “de interés constitucional”. Pero para nosotros la tutela judicial efectiva sí es un tema recogido y amparado por la Constitución, que en este caso no está siendo garantizado a la ciudadanía que ha pagado y sufre las consecuencias del proyecto Castor.
Nos vamos a Europa.
Pronto noticias.
La ciudadanía se encuentra frente a la posibilidad de tener que asumir el pago de la cantidad de 1.350.730.000 euros que, con intereses, asciende a 2.419.940.000 euros o bien en la factura del gas, como pasó hasta diciembre de 2017, o bien por los presupuestos del estado y otro mecanismo de arquitectura financiera. Estaremos atentxs para evitarlo.
Nos oponemos frontalmente a esta situación.
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PROMOTORES de la iniciativa:
+ Equipo jurídico Caso Castor