El gobierno concede 150.000 millones de euros sin condiciones a empresas
En el curso de los cuatro últimos meses, el Gobierno ha aprobado diversas partidas procedentes del presupuesto estatal para el rescate de empresas. Estas ayudas forman parte de la respuesta institucional a la emergencia sanitaria y los impactos económicos asociados a la COVID–19.
Las grandes partidas comprometidas entre marzo y junio incluían 100.000 millones de euros para avalar préstamos de empresas y autónomos y para la compra de pagarés empresariales, mecanismo de deuda reservado para grandes empresas. Además, hace dos semanas se anunciaron otros 40.000 millones de euros en avales para empresas y otros 10.000 millones para un fondo destinado a garantizar la solvencia de empresas estratégicas mediante la compra de acciones. A estas ayudas directas habría que sumarles otras indirectas, como son los ERTEs, las contrataciones públicas adjudicadas por vía de emergencia sin licitación previa, así como las ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos.
Desde OMAL, Ecologistas en Acción y ODG -impulsoras de esta campaña-, hemos observado que una parte de las ayudas estatales (en torno al 30% del total) ha sido asignada o planea asignarse a grandes empresas. Entre estas, empresas de las industrias que más han contribuido al calentamiento global, que cuentan con un historial de impactos ecológicos, climáticos, sociales, de género y/o de puertas giratorias a sus espaldas, que tienen filiales en paraísos fiscales y/o que se han descapitalizado repartiendo cuantiosos dividendos entre sus accionistas los últimos años.
También vemos injustificable la falta de transparencia del proceso y la ausencia de condicionantes en materia económica, social, de género y ambiental en las ayudas comprometidas, así como la actitud del Gobierno al respecto. Si bien en un primer momento apoyó la enmienda para la incorporación de estos condicionantes a las ayudas en el contexto de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, seguidamente pactó con Ciudadanos la retirada de la misma.
Además, el importe de las ayudas estatales a las empresas contrasta con el de otras partidas aprobadas en el contexto de la pandemia, como el fondo destinado a la sanidad y la educación en las comunidades autónomas, que cuenta con una financiación de 16.000 millones. Resulta desproporcionado que se destine tal cantidad de recursos a las empresas en detrimento de la financiación necesaria para asegurar el bienestar, la protección social y la puesta en marcha de medidas de transición socioecológica.
Las ayudas hacen peligrar el cumplimiento de los compromisos climáticos y los recursos necesarios para financiar la llamada ‘transición justa’
Hemos remitido una carta (abierta a adhesiones) a los grupos parlamentarios del Congreso para denunciar el alto coste que supondrán las ayudas para el erario público, así como la falta de transparencia y de criterios financieros, económicos, sociales, de género y ambientales en la asignación de las mismas. Insistiendo en la necesidad de introducir criterios de transparencia, económicos y socioambientales que excluyan de las ayudas a empresas como las mencionadas. En relación a las ayudas ya comprometidas a empresas específicas, se pide que se obligue a aquellas que no cumplan con dichos criterios a presentar planes de reconversión de sus actividades o de resolución de las causas por las que quedarían excluidas. También se pide la introducción de cláusulas de obligado cumplimiento en materia social, de género, ambiental, climática, financiera y económica en los contratos con las empresas receptoras de ayudas, así como a sus filiales, contratistas y subcontratistas dentro y fuera del Estado español.
Es la última oportunidad para introducir dichas propuestas en las conclusiones de la Mesa de Reconstrucción del Congreso tendrá lugar próximamente en el Pleno del Congreso en el que se votarán las enmiendas presentadas.
Medidas concretas sobre cómo debería ser el apoyo y la recuperación del tejido económico post COVID–19, por ejemplo incluyendo condiciones socioambientales, económicas y de transparencia a las ayudas públicas.
Es posible y necesario elaborar medidas para garantizar la transparencia y la buena gobernanza en la gestión de las ayudas. Por un lado, las instituciones concesionarias de ayudas deben publicar el nombre de las compañías que hayan recibido financiación pública superior a 250.000 euros y otra información clave para el control democrático. Por otro, la creación de órganos de supervisión que cuenten con una representación equilibrada de todos los grupos afectados, que lleven a cabo el seguimiento del cumplimiento de los contratos por parte de las empresas y que establezcan un procedimiento para la recepción de quejas por parte de las personas y la sociedad civil.
