Artículo de Clàudia Custodio, investigadora en justicia climática del Observatorio de la Deuda en la Globalización
Ya ha pasado la primera semana de las negociaciones para abordar la emergencia climática de las Naciones Unidas (popularmente conocida como COP30), que tienen lugar en Belém, Brasil. Se trata de la 30ª edición de estas cumbres, y la segunda con mayor participación, después de Dubai hace dos años.
Hay representantes de 193 países además de la Unión Europea, pero destaca la ausencia mediatizada de Estados Unidos, el país con una mayor responsabilidad histórica ante la crisis climática. En realidad, no es el único país que decide no mandar delegación, si no que se suma a Afganistán, Mianmar y San Marino. Quienes sí participarán son lobbistas de empresas estadounidenses. Y es que además de las delegaciones de los países, las cumbres del clima reúnen a investigadores, sociedad civil, gobiernos locales, medios de comunicación y empresas.
Son cada vez más quienes señalan que estas cumbres son en realidad un espacio de encuentro para hacer negocio con el clima, y una fábrica de falsas soluciones. Ante ello, colectivos y grupos de la sociedad civil han organizado una Cumbre de los Pueblos, algo que no tenía lugar desde 2021 por la falta de garantías democráticas en los países donde tuvieron lugar las ultimas tres COPs, y que ha reunido a más de 10.000 activistas de todo el mundo. Desde la contracumbre, en defensa de los territorios, se critican las falsas soluciones y la transición verde capitalista.
En la cumbre oficial, en cambio, los intereses corporativos están presentes sin tapujos. Es algo que se ha normalizado a la vez que se erosiona el multilateralismo. Los sponsors saltan a la vista: Neoenergía, que es la sucursal brasilera de la empresa española Iberdrola; la minera Vale, responsable de los incidentes de Mariana (2015) y Brumadinho (2019) que causó centenares de victimas mortales y que se encuentra entre las principales emisoras del país; la aerolínea LATAM, a pesar que la aviación sea el medio de transporte más contaminante; empresas del sector automovilístico como Toyota, cuyo futuro estaría comprometido si realmente descarbonizamos la movilidad y apostamos por el transporte público y el abandono del paradigma del vehículo privado, etc.
Pero no se trata solo de sponsors. Las Naciones Unidas también permiten que participen representantes del sector corporativo. Gracias al trabajo de la campaña Fossil Free Politics y la coalición Kick Big Polluters Out (KBPO), de las que el ODG formamos parte, se conoce el número de lobistas de la industria fósil que tienen acreditación para entrar en la zona azul y, por ende, para influenciar las negociaciones. Este año, más de 1.600 personas que representan a conocidos negacionistas y retardistas climáticos como Exxon Mobil, Shell o Total, se han desplazado a Belém para asegurar la continuidad de su acumulación de beneficios.
Se trata de empresas que hace décadas que dedican enormes sumas de dinero a bloquear la acción climática y a negar su contribución al calentamiento global. A diferencia de las delegaciones de los países más empobrecidos y de gran parte de la sociedad civil, estas empresas se pueden permitir pagar los astronómicos precios de los hoteles en Belem y mandar a sus representantes para seguir promoviendo sus negocios. Y es que el número de lobistas es dos tercios superior al de las delegaciones de los diez países más vulnerables al cambio climático juntas. No solo esto, si no que en esta COP ha habido la mayor proporción de lobistas en relación al número total de participantes desde que la campaña KBPO empezó a publicar cifras.
Además, los datos de los últimos cuatro años muestran que las empresas representadas por los lobistas que han asistido a las COP son responsables de casi el 60% de la producción de petróleo y de gas en 2024. Y luego nos preguntamos por qué las negociaciones son un fracaso, y por qué el abandono de los fósiles sigue siendo un tabú.
Foto: Tânia Rêgo/DPA vía Europa Press