Desde el ODG queremos regalaros este libro, una lectura necesaria para navegar tiempos que auguran cambios profundos.

Puedes descargarlo en pdf aquí, o encargarlo impreso escribiendo un correo a pactes.verds@odg.cat.

Aún no nos habíamos recuperado de la crisis financiera de 2008 cuando, de manera totalmente inesperada, un virus microscópico y empecinadamente contagioso irrumpió en nuestras vidas, y se propagó por el mundo a través de los canales tejidos por la globalización. Su impacto en la economía ha sido severo, pero culpar de todo a la COVID-19 sería demasiado fácil. La pandemia ha acelerado la llegada de un nuevo ciclo de crisis que nunca desapareció del todo y que se entrelaza y amplifica con otros retos globales del siglo XXI.

Pactos verdes en tiempos de pandemias se ha redactado y actualizado en ese contexto complejo, inquietante, incierto y, para algunas personas, dramático. Su intención nace de la certeza de que, a pesar de vivir en un momento de intersección de emergencias (sanitaria, climática, ambiental, feminista, etc.) y de restricciones de todo tipo (confinamientos totales, parciales, perimetrales, cierres sectoriales, toques de queda, etc.), no queremos ser meras espectadoras del futuro que está por venir.

Cada vez más podemos encontrar una mayor coincidencia en el diagnóstico entre la clase política. Y es que la ciencia aprieta. Por un lado, declara que estamos al borde del colapso ecológico, con un aumento continuado de las emisiones de CO2 y con la pérdida masiva de biodiversidad. Por otro lado, certifica que el avance de la actividad humana en los ecosistemas facilita el salto del virus de animales a nuestra especie, como ha pasado con la COVID-19. Con estos argumentos, es difícil no reconocer que alguna responsabilidad tendrá el modelo económico y sus máximos beneficiarios.

Bajo la asunción de esa situación crítica ahora acrecentada por la pandemia, nacieron, hace poco más de un año, numerosas propuestas institucionales que planteaban programas de reformas de la economía. El concepto que las aglutina es el Green New Deal, una corriente dinámica que ha sido percibida como una ventana de oportunidad para hacer visibles otros pactos verdes de naturaleza, origen, enfoque y calado bien diverso. Tanto es así que podemos encontrar posiciones neoliberales y neokeynesianas, como el Pacto Verde Europeo, posiciones progresistas de los demócratas en EE. UU., protagonizadas por Alexandra Ocasio-Cortez, coaliciones de activistas e investigadores europeos que publicaron el Nuevo Pacto Verde para Europa, organizaciones latinoamericanas postextractivistas que han impulsado el Pacto Ecosocial del Sur o pactos verdes feministas que trazan sus demandas desde el ecofeminismo.

La llegada de la pandemia a Europa, en vez de acallar las políticas verdes de las instituciones, ha establecido una “relación virtuosa” entre ellas: el Pacto Verde Europeo ha pasado a ser el marco de referencia para la recuperación económica. El pacto era llamado a ser la nueva estrategia de crecimiento de una economía verde y digital que resituará la Unión Europea como un actor más protagonista del escenario global. Pues bien, la pandemia, en vez de subordinar ese plan, lo ha proyectado a lo más alto de las agendas políticas, pero sus problemas y controversias asociadas emergen con más fuerza: crecimiento verde bajo el supuesto de que se puede crecer y, a la vez, reducir drásticamente el consumo y las emisiones; extractivismo para la transformación tecnológica sin importar demasiado su viabilidad biofísica o los impactos en comunidades del Sur Global; empleo bajo una digitalización que masculiniza el trabajo y que quiere más máquinas y menos personas, y una recuperación verde con instrumentos como el Next Generation EU, cargado de miles de millones de dinero público, que está ampliando el “consenso verde” de las grandes corporaciones por la oportunidad que este ofrece para transformar su modelo de negocio.

Ante esta situación, cabría preguntarnos qué podemos hacer. Parece lógico pensar que es el momento de conectarnos más y mejor, tejer red y generar frentes comunes desde la diversidad. Es importante abordar temas de fondo y complejos, como la desmercantilización, la despatriarcalización y la descolonización de nuestras prácticas e imaginarios, bajo la construcción o no de un pacto verde que nos sirva como elemento táctico. Pero también convocarnos para entrar a debatir temas que preocupan a la gente; seguramente los dos más relevantes son, ahora mismo, la salud y el trabajo.

Con todos estos elementos, Pactos verdes en tiempos de pandemias apunta a este momento histórico donde las instituciones están tomando una gran cantidad de decisiones a gran velocidad, decisiones que pueden determinar nuestras vidas y las de próximas generaciones. De aquí que habrá que redoblar esfuerzos y redoblar cuidados, porque el futuro se disputa ahora.

Autor: Alfons Pérez
Apoyo a la redacción: Mario Díaz, Pilar Fontseré, Josep Nualart, Judit Alonso
Revisiones de contenido: Olga Margalef, Mònica Guiteras, Javier Lechón, Nicola Scherer, Blanca Bayas, Joana Bregolat, Eduard Vàzquez, Anna Pérez, Emma Avilés, Samuel Martín-Sosa y Marta Conde

Revisión y traducción al catalán: L’Apòstrof, SCCL
Traducción al inglés: Joanne Craven
Diseño y maquetación: Atajo

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Nos encontramos en un momento clave: hoy se decide la legalidad a aplicar en la gestión y ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ‘España Puede’, y en los próximos meses se repartirán estos fondos billonarios, conocidos con el nombre Next Generation EU.

Hasta 140.000 millones de euros pueden llegar al Estado para una transformación hacia una economía ‘verde y digital’. Esta lluvia de dinero, sin embargo, nos puede empujar hacia el camino equivocado.

Evaluamos los riesgos de este mecanismo y las propuestas necesarias para una recuperación justa y sostenible.

En julio de 2020, la Comisión Europea (CE) anunció el paquete de estímulo económico más grande de la historia de la Unión Europea. Para reforzar el presupuesto plurianual 2021-2027, que estará dotado con 1,074 billones de euros, la CE decidió crear un fondo para la recuperación económica: el Next Generation EU (NGEU), que movilizará 750.000 millones de euros en los tres próximos años (2021 a 2023). De estos fondos, 390.000 millones de euros se transferirán como subvenciones a los Estados miembros, es decir a fondo perdido, y 360.000 millones de euros se destinarán a préstamos. En total, estas dos herramientas de financiación europea representan unos 1,8 billones de euros en ayudas para la recuperación de la economía europea.

El objetivo del fondo Next Generation EU es la transformación de las economías de los Estados miembros -que arrastraban una situación de respiración asistida desde la crisis de 2008-, y la recuperación económica después de los impactos generados por la pandemia de la COVID-19. La Comisión Europea aprovecha el momento para financiar una transformación y modernización de las industrias y economías, como ya estaba previsto en el Pacto Verde Europeo, indicando que esta transformación será en clave ‘verde y digital’: el 37% de los fondos deberán ir la transición verde y el 20% a la digitalización.

Entre los diferentes instrumentos del Next Generation EU, el Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) es el más importante con diferencia porque está dotado con el 90% del presupuesto total. El Estado español e Italia son los países que más fondos recibirán, hasta el 40% del total, y la mayor parte de estos fondos, el 70%, se deberán ejecutar entre 2021 y 2022.

El Gobierno de Pedro Sánchez presentará en las próximas semanas el plan definitivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia «España Puede» que deberá ser aprobado por la Comisión Europea para recibir los primeros fondos de financiación a finales del año 2021.

Riesgos de los fondos europeos Next Generation EU

1. Sobre-endeudamiento

Para financiar el paquete de estímulo económico, la UE emitirá bonos, es decir deuda mutualizada, donde los riesgos serán compartidos entre los estados miembro. En los próximos 5 a 30 años, la Unión Europea deberá devolver el dinero a los mercados financieros y, por tanto, deberá haber percibido ese dinero de los estados, muy probablemente aplicando medidas de austeridad.

En este sentido, los fondos europeos, las subvenciones, no son gratuitas; vienen con condiciones. Cuando se reactive el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y los techos de déficit, es muy probable que nos espere una nueva ola de reformas estructurales y recortes en gastos públicos. De hecho, el debate público actual sobre la reforma del sistema de pensiones, va muy en la línea de las políticas de privatizaciones y de austeridad que ya hemos vivido y sufrido tras la última crisis financiera de 2008.

2. Reparto del dinero – que las grandes empresas se queden con los fondos

Hasta ahora las propuestas sobre la mesa se caracterizan por ser grandes proyectos, grandes empresas y grandes inversiones. Son proyectos de infraestructuras y reformas de gran dimensión, donde empresas como Endesa o Repsol se llevarán miles de millones de dinero público.

Vemos con preocupación que la tendencia de otorgar con urgencia, facilitar y flexibilizar el uso y el acceso de grandes empresas a los fondos Next Generation EU se materializa también en el Real Decreto Ley 36/2020, que hoy, jueves 28 de enero de 2021, está previsto que se convalide el Congreso.

Los fondos europeos deberían ir hacia el sector público, las pequeñas y medianas empresas (las PYMEs), las trabajadoras autónomas y la economía social y solidaria. Son las que más han sufrido la crisis, y al mismo tiempo son actores principales de nuestro tejido económico y los que más puestos de trabajo crean. Son, además, los que tienen más potencial de transformar nuestra economía actual hacia una economía más verde, justa, inclusiva y, especialmente, más resiliente.

3. No apuntan a las lecciones de la pandemia y pueden ser un lavado de cara verde (Greenwashing)

La mayoría de las propuestas para grandes proyectos que ahora están sobre la mesa, tendrán impactos ambientales y climáticos, pero también impactos graves sobre los territorios y las poblaciones locales. Estos proyectos pueden entrar en los planes de recuperación gracias a un lavado de cara verde descarado. Los que ganan son las grandes empresas contaminantes, como pueden ser Naturgy, Iberdrola, Endesa y Repsol.

Sin duda, los criterios de elegibilidad, las listas de exclusión, las condicionalidades, la taxonomía, el principio de «no causar daño significativo» y cualquier elemento que determine qué es verde o qué es climático y qué no lo es, será clave para afrontar la emergencia climática.

La pandemia ha subrayado más aún si cabe la importancia de la inversión en salud y en los trabajos de cuidados, la actividad socialmente necesaria y la que no lo es. La dedicación de los fondos de recuperación debería estar centrada en proveer de estos recursos.

PROPUESTAS concretas y viables a corto, medio y largo plazo para una recuperación económica en clave de transformación ecosocial

1. Transparencia y el acceso a la información son una prioridad en democracia. Todos los procesos de otorgamiento, gestión y justificación de los fondos públicos del NGEU deben ser públicos, anteponiendo el interés público a criterios comerciales. Asimismo, se deben garantizar -y no relajar-, los mecanismos de supervisión de la gestión y uso, como proponemos desde la plataforma ciudadana Open Generation EU.

2. Buscar financiación alternativa al endeudamiento

El Gobierno debería considerar la posibilidad de financiar la recuperación a través de otros mecanismos, no sólo a través de los mecanismos del NGEU. Se pueden conseguir fondos alternativos a través de una fiscalidad justa e impuestos especiales como la tasa COVID o la tasa Google, impuestos a las grandes fortunas, sobre los beneficios extraordinarios que algunas empresas han obtenido durante la pandemia, etc.

3. Apoyo público para proyectos y empresas sociales

El NGEU debería suponer, en primer lugar, un apoyo público para que proyectos y empresas públicas y del ámbito social puedan acceder a los fondos de recuperación y conseguir el salto de escala que permita realmente crear trabajos de calidad y avanzar hacia nuevos modelos económicos y sociales. En este sentido se deberían priorizar las ayudas al sector público, a las personas autónomas, las PYMEs, la Economía Social y Solidaria, y aquellas empresas con una actividad que contribuya a una transición ecológica justa.

4. Alinear el NGEU con objetivos climáticos, ecológicos y de justicia social

El NGEU debe responder a una planificación estratégica con un horizonte claro de transición verde y justa y evitar que se financie la transición de grandes empresas, como las energéticas fósiles, y evitar el lavado de cara verde. Para ello se necesitan criterios que deben incluir metas e indicadores que muestren contribuciones medibles a los objetivos nacionales y de la UE en materia de eficiencia energética y climática.

5. Promover la desprivatización y desmercantilización de servicios básicos

El NGEU debería promover la desprivatización y desmercantilización de servicios básicos y sectores estratégicos para recuperar la gestión, las decisiones y el control público y social sobre elementos básicos como la educación, la salud, la vivienda, la energía, las telecomunicaciones, el agua, el transporte público y los servicios sociales. El NGEU debería fortalecer los modelos públicos o públicos-comunitarios y evitar las colaboraciones público-privadas -denominadas PERTEs en el RDL del Plan de Recuperación y Resiliencia-, que a menudo sirven los intereses privados y no al interés público, facilitando los casos de corrupción, sobrecostes, o socialización de pérdidas en diversos sectores. Consideramos este punto clave para construir un sistema de protección y una economía más resiliente para el futuro.

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Un documental ODG por Cintia Nakatsuka y Aleix Plana.

Sinopsis: El documental «El tiempo que resta» explica cómo en un contexto de emergencia el movimiento de justicia climática da un paso adelante. Muy marcado por la energía de las jóvenes, encarnadas por las Fridays for Future, y por la determinación de pasar a la acción a través de la desobediencia civil de colectivos como Rebelión o Extinción o 2020 Rebelión por el Clima, el documental quiere poner en valor todo el trabajo hecho por el movimiento creando red, conectando empatías, aprendiendo de los ecofeminismos y de las compañeras del Sur Global y, en definitiva, ensanchando el marco de la justicia climática.

Documental completo:

Estrenamos documental en Barcelona el viernes 16 de octubre

En el Auditorio de la Universitat Pompeu Fabra, Campus de la Ciutadella (Carrer Ramon Trias Fargas, 25, 27)

Organizan:

Con el apoyo de:

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Ambición climàtica insuficiente, modelos de financiación que agravan la crisis de la deuda y confianza ciega en unos mercados que especulan con la emergencia climática

La 26ª Conferencia de las partes (COP26) de las Naciones Unidas por el Cambio Climático (UNFCCC) en Glasgow tenía que ser un punto de inflexión en la lucha institucional contra la emergencia climática. La llegada de la pandemia provocó su suspensión y ahora, en el 2021, se celebrará en un contexto de recuperación económica que está haciendo crecer las emisiones de nuevo.

Destacamos algunos de los puntos más relevantes que se debatirán en la COP26 y el análisis crítico y las propuestas del Observatori del Deute en la Globalització:

1. Ambición climática

Las contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs por sus siglas en inglés) son planes que contienen acciones, políticas y objetivos para la lucha contra el cambio climático en el contexto del Acuerdo de París. Los primeros planes se presentaron en el año 2015 y se fijó el año 2020 en la COP26 de Glasgow (prorrogado al 2021, última fecha 12/10/21) como fecha para entregar un nuevo plan o revisar el pasado. De momento grandes contaminantes como la China, Rusia o la India no los han presentado.

Un reciente informe de las Naciones Unidas sobre los NDCs resalta que la suma de las contribuciones de todos los países entregados hasta hoy supondría un aumento de las emisiones con efecto invernadero para el 2030 del 16% y comportarían un incremento de la temperatura de 2,7 grados.

La ciencia, de la mano del IPCC, marca la necesidad de reducción del 45% para 2030 por un escenario de incremento global de la temperatura de 1,5ºC  y del 25% por un escenario de 2ºC, estaremos hablando de una brecha o “falta de ambición” del 41% para los 2ºC o del 61% para los 1,5ºC.

Pero la ambición climática no se puede entender solo en términos de indicadores cuantitativos. La ambición climática también se debe valorar en términos cualitativos de actores, dinámicas de poder y justicia social y ambiental.

Las instituciones públicas, sobre todo en el contexto europeo, asocian de manera inseparable la ambición climática a la profundización de una agenda público-privada que posiciona las grandes corporaciones como actores centrales de la transición ecológica. En el mismo sentido, se aprueban pactos verdes como el European Green Deal donde el supuesto pacto no tiene una contraparte social que haga de contrapeso al poder corporativo.

Otro ejemplo de que la ambición climática no se puede abordar solo en términos cuantitativos, es el llamado “crecimiento verde”, la posibilidad de seguir con el crecimiento económico y reducir las emisiones al ritmo que exige la ciencia climática. Numerosos documentos oficiales de la UE mencionan que del 1990 al 2017 se consiguieron reducir las emisiones un 22%. Sin embargo, solo entre 2002 y 2019 se multiplicaron por cuatro las importaciones de la China. En plena pandemia, la UE acordó aumentar la ambición del 40% al 55% para 2030.

2. Financiación climática

La financiación climática se refiere a la financiación que proporciona recursos a los “países en desarrollo” para abordar el cambio climático, principalmente las acciones de mitigación y adaptación.

Los “países desarrollados” se han comprometido a movilizar hasta 100.000 millones de dólares en financiación climática cada año a partir de 2020. ¿Qué problemas se detectan en esta propuesta?

• No se alcanzan los 100.000 milions

El análisis hecho por la OCDE indica que en 2019 solo se había alcanzado la cifra de 79.600 millones y que difícilmente se alcanzaran los 100.000 millones para 2020.

• La mayoria son préstamos
Dos tercios de la financiación climática son en forma de préstamos y eso hace aumentar el nivel de endeudamiento de los “países en desarrollo”.

• La mayoria va a mitigación
Más de un 60% de la financiación se destina a mitigación – es decir, la reducción de las emisiones- pero las necesidades de muchos países del Sur están relacionadas con la adaptación.

• Es insuficiente para hacer frente a los desafíos que tienen que afrontar los paises del Sur Global
Podemos comparar órdenes de magnitud de movilización de recursos en otros ámbitos. Por ejemplo, los fondos europeos Next Generation EU están dotados con 750.000 millones de euros por 3 años y solo favorecerían a los 27 estados miembros. En el caso de los 100.000 millones de dólares anuales de la financiación por el clima, deberían alcanzar a más de 100 países.

• Actualmente no hay presupuesto asignado al mecanismo de pérdidas y daños
El mecanismo de pérdidas y daños se refiere a los daños que van más allá de aquello a lo que nos podemos adaptar, daños “asociados a los impactos del cambio climático, incluidos los fenómenos meteorológicos extremos y los de generación lenta”.

3. El mercado de Co2

El planteamiento de “reforma del mercado” o de crear “nuevos mecanismos de mercado” refuerza un instrumento que se ha mostrado ineficaz para luchar contra la emergencia climática. Lo demuestra el continuo crecimiento de las emisiones a nivel global, las dinámicas de CO2lonización con los proyectos de los MDN y, sobre todo, porque su propia lógica desvía la atención de la necesidad de cambios estructurales y vincula la lucha contra el cambio climático a la especulación financiera.

4. Propuestas

– El reconocimiento de la existencia de una deuda climática que el norte global debe al sur. Este reconocimiento debería conducir a reparaciones estructurales y financieras, incluido el reconocimiento de obligaciones financieras climáticas y la cancelación de la deuda, así como la restauración ecológica, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles, el fin del extractivismo y el cambio a modos de producción, distribución y consumo descarbonizados.

– La entrega urgente de financiación climática nueva y adicional, que no genere deuda, más allá del objetivo no cumplido de 100.000 millones de dólares por año, que sea suficiente y responda a las necesidades de mitigación, adaptación y pérdidas y daños climático de los pueblos y comunidades del sur Global. La financiación climática también tiene que ser pública y desembolsada para programas y proyectos públicos en lugar de iniciativas privadas con fines de lucro o asociaciones publico-privadas.

– Un mecanismo automático para la suspensión de pagos de la deuda, cancelación de deuda y reestructuración de deuda, que cubre a prestadores públicos y privados, después de eventos climáticos extremos, además del acceso inmediato a recursos no generadores de deuda para cubrir pérdidas y daños.

– La ambición climática debería reforzar lo público y comunitario amparando que las acciones que se derivan estén bajo la garantía pública y el control público y comunitario. Es necesario impulsar otro tipo de colaboraciones que faciliten una agenda publico-comunitaria para vivienda social, producción agroecológica, reindustrialización verde, comunidades energéticas, etc.

– Los horizontes 2030 y 2050 deben tener nuevos marcos de acción como los ecofeminismos y el decrecimiento, y las propuestas que se deriven de ellos, como son la defensa de los comunes, las soberanías y los derechos colectivos sociales en equilibrio con el medio. El capitalismo fósil se ha mostrado incapaz de encontrar verdaderas soluciones a la emergencia climática. Por lo tanto, es el momento de construir escenarios futuros donde se cuestione el modelo económico y se represente la importancia de los límites biofísicos, del trabajo reproductivo y de cuidados y la garantía de los derechos sociales para todas.

Podéis descargar el documento completo aquí.

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La emergencia climática está alimentando la acumulación de deudas en los países del sur global. Los países que sufren los impactos de la emergencia climática, a pesar de ser los que menos han contribuido a ella, se enfrentan a mayores costes de endeudamiento dadas sus vulnerabilidades climáticas. No tienen casi ninguna otra opción que pedir préstamos para mitigar los impactos, para adaptarse y para la recuperación después de un fenómeno climático extremo, quedando así la carga financiera sobre los hombros del sur global.

Por otro lado, los países que han acumulado niveles de deuda insostenibles, han reducido el espacio fiscal y las oportunidades para invertir en adaptación y mitigación, así como para recuperarse de las pérdidas y los daños después de un desastre climático.

En ese contexto, una transición global hacia una economía más sostenible y equitativa no será posible sin una financiación climática sostenible, responsable, justa, que no genere más deuda y que no exacerbe las vulnerabilidades del sur global. Por ese motivo, necesitamos la cancelación de la deuda y un marco de resolución de la deuda justo para que los países puedan hacer frente a los retos del cambio climático y perseguir una recuperación verde e inclusiva.

En pocas palabras, la justicia climática no será posible sin la justicia financiera. Y la justicia financiera no será posible sin la justicia climática

Esto significa reconocer la deuda climática que el norte debe al sur global y proporcionar financiación climática suficiente y de calidad, así como la cancelación de la deuda. Pero la reparación de la deuda climática también tiene que ver con la restauración ecológica, el fin del extractivismo y el cambio hacia nuevos modos de producción, distribución y consumo. Se trata de cambios de sistemas.

¿Cómo participar?

Firma la declaración, si eres una organización. La declaración está disponible en inglés, castellano, francés, portugués y holandés. Pincha aquí para la lista completa de firmantes.

Para más información:

Global action for debt cancellation «No hay justicia climática sin justicia de deuda»
Briefing EURODAD «The Climate Emergency: What’s debt got to do with it?«
Briefing «Debt and the climate crisis: a perfect storm»
Informe EURODAD «Una historia de dos emergencias» | El Webinar
OXFAM Informe paralelo de 2020 sobre financiación climática

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El objetivo es incidir en los procesos y herramientas institucionales que sentarán las bases de la gobernanza y distribución de estos fondos históricos y necesarios. ¿Cómo?

Estamos reuniéndonos con partidos políticos para conocer sus propuestas y puntos de vista sobre los fondos Next Generation EU y sobre el Real Decreto Ley 36/2020 publicado en el BOE el 30 de diciembre de 2020. Aprueba medidas para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero apenas menciona garantías de transparencia y acceso a la información, dejando muchos cabos sueltos y poco definidos, además de muchas incógnitas sobre cómo se podrá acceder a ellos.

Se ha logrado que este RDL se convalide por los grupos parlamentarios y votado para tramitar como proyecto de ley con carácter de urgencia, lo que abre la posibilidad de presentar enmiendas para mejorarlo.

Desde la sociedad civil organizada hemos entregado a partidos políticos enmiendas trabajadas por la plataforma, para que se tengan en cuenta en este proceso de revisión.

Es clave incluir criterios, procesos y órganos supervisores que garanticen la transparencia para saber quién y para qué se conceden estos históricos fondos tan necesarios.

Es necesario un proceso que garantice los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso, dotándolo de las herramientas legales y órganos institucionales y fiscalizadores necesarios, en un proceso accesible para grandes y pequeños (PYMES, autónomos, agentes de la economía social…) y auditable para la ciudadanía.

Con el apoyo de:

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El verano de 2020, fruto del trabajo hecho en el último plan estratégico y respondiendo a las inquietudes sociales del momento, el Observatori del Deute en la Globalització tomamos el compromiso de hacer una mirada hacia adentro, desde el ecofeminismo, que nos permitiera reflexionar profundamente sobre como queriamos aplicar nuestros valores y principios en la organización interna de la entidad.

Gracias a la subvención “Enfortim” del Ajuntament de Barcelona hemos podido contar con el apoyo de la cooperativa l’Esberla para ser acompañadas en este proceso.

El plan de transición ecofeminista y decolonial -como llamamos al proceso- sintetiza tres grandes retos que las entidades y movimientos sociales abordan actualmente: la incorporación práctica del feminismo, el ecologismo y el antiracismo en todos los niveles del funcionamiento interno de la entidad (imaginario, valores compartidos, estructura y relaciones humanas), para seguir avanzando hacia la coherencia, justicia social y los cuidados.

La misión principal de acompañamiento es incorporar de forma transversal y conectada la perspectiva ecofeminista, decolonial y de la ética de los cuidados en todos los procesos internos e impactos externos del ODG; contribuyendo, así a construir un mundo más justo, seguro, cuidadoso y sostenible con las personas, comunidades y la naturaleza.

Los objetivos que nos marcamos en el proceso:

• Tomar conciencia y responsabilizarnos de todas las actividades diarias (consumo, trabajo, mobilidad, relaciones […]) arraigadas en el capitalismo heteropatriarcal que impactan en la reproducción de las opresiones de género y de la explotación de la naturaleza y de las comunidades del sur global.
• Identificar los ámbitos de mejora y los aspectos a potenciar en materia de equidad de género, justicia global, ecofeminismo y ética de los cuidados a nivel interno e impacto externo.
• Incorporar y consolidar prácticas transformadores en ecofeminismos, justicia global, ética de los cuidados e igualdad de oportunidades que la entidad ya ha ido implementando en los últimos años, y otras nuevas.
• Estructurar y sistematizar los objectivos y las acciones a realizar los próximos tres años para incorporar la perspectiva ecofeminista e interseccional, la ética de los cuidados en las relaciones, la cultura y la estructura de la organización.

Partimos de las siguientes premisas sobre como deberá ser el proceso:

• Tan importante es el proceso como el resultado
• Participado por todas las personas que forman la entidad: equipo técnico, asamblea y socias.
• Darnos tiempo entre sesiones para poder asimilar el trabajo realizado.
• Compartido. Elaborar materiales para explicar el proceso y resultados a otras entidades y colectivos para que sea un reto compartido.

El calendario

El proceso de acompañamiento para la elaboración del “Plan de transición ecofeminista y decolonial” se ha estructurado a lo largo de un año -de diciembre de 2020 a noviembre de 2021- y comprendre las siguientes fases de trabajo:

• Diciembre – Febrero: organización del proceso y recogida básica de información de la entidad.
• Marzo – Mayo: trabajo de campo
• Junio – Septiembre: elaboración de la diagnosis
• Octubre – Novembre: elaboración del plan de acción

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En el curso de los cuatro últimos meses, el Gobierno ha aprobado diversas partidas procedentes del presupuesto estatal para el rescate de empresas. Estas ayudas forman parte de la respuesta institucional a la emergencia sanitaria y los impactos económicos asociados a la COVID–19.

Las grandes partidas comprometidas entre marzo y junio incluían 100.000 millones de euros para avalar préstamos de empresas y autónomos y para la compra de pagarés empresariales, mecanismo de deuda reservado para grandes empresas. Además, hace dos semanas se anunciaron otros 40.000 millones de euros en avales para empresas y otros 10.000 millones para un fondo destinado a garantizar la solvencia de empresas estratégicas mediante la compra de acciones. A estas ayudas directas habría que sumarles otras indirectas, como son los ERTEs, las contrataciones públicas adjudicadas por vía de emergencia sin licitación previa, así como las ayudas de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Desde OMAL, Ecologistas en Acción y ODG -impulsoras de esta campaña-, hemos observado que una parte de las ayudas estatales (en torno al 30% del total) ha sido asignada o planea asignarse a grandes empresas. Entre estas, empresas de las industrias que más han contribuido al calentamiento global, que cuentan con un historial de impactos ecológicos, climáticos, sociales, de género y/o de puertas giratorias a sus espaldas, que tienen filiales en paraísos fiscales y/o que se han descapitalizado repartiendo cuantiosos dividendos entre sus accionistas los últimos años.

También vemos injustificable la falta de transparencia del proceso y la ausencia de condicionantes en materia económica, social, de género y ambiental en las ayudas comprometidas, así como la actitud del Gobierno al respecto. Si bien en un primer momento apoyó la enmienda para la incorporación de estos condicionantes a las ayudas en el contexto de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, seguidamente pactó con Ciudadanos la retirada de la misma.

Además, el importe de las ayudas estatales a las empresas contrasta con el de otras partidas aprobadas en el contexto de la pandemia, como el fondo destinado a la sanidad y la educación en las comunidades autónomas, que cuenta con una financiación de 16.000 millones. Resulta desproporcionado que se destine tal cantidad de recursos a las empresas en detrimento de la financiación necesaria para asegurar el bienestar, la protección social y la puesta en marcha de medidas de transición socioecológica.

Las ayudas hacen peligrar el cumplimiento de los compromisos climáticos y los recursos necesarios para financiar la llamada ‘transición justa’

Hemos remitido una carta (abierta a adhesiones) a los grupos parlamentarios del Congreso para denunciar el alto coste que supondrán las ayudas para el erario público, así como la falta de transparencia y de criterios financieros, económicos, sociales, de género y ambientales en la asignación de las mismas. Insistiendo en la necesidad de introducir criterios de transparencia, económicos y socioambientales que excluyan de las ayudas a empresas como las mencionadas. En relación a las ayudas ya comprometidas a empresas específicas, se pide que se obligue a aquellas que no cumplan con dichos criterios a presentar planes de reconversión de sus actividades o de resolución de las causas por las que quedarían excluidas. También se pide la introducción de cláusulas de obligado cumplimiento en materia social, de género, ambiental, climática, financiera y económica en los contratos con las empresas receptoras de ayudas, así como a sus filiales, contratistas y subcontratistas dentro y fuera del Estado español.
Es la última oportunidad para introducir dichas propuestas en las conclusiones de la Mesa de Reconstrucción del Congreso tendrá lugar próximamente en el Pleno del Congreso en el que se votarán las enmiendas presentadas.

Medidas concretas sobre cómo debería ser el apoyo y la recuperación del tejido económico post COVID–19, por ejemplo incluyendo condiciones socioambientales, económicas y de transparencia a las ayudas públicas.

Es posible y necesario elaborar medidas para garantizar la transparencia y la buena gobernanza en la gestión de las ayudas. Por un lado, las instituciones concesionarias de ayudas deben publicar el nombre de las compañías que hayan recibido financiación pública superior a 250.000 euros y otra información clave para el control democrático. Por otro, la creación de órganos de supervisión que cuenten con una representación equilibrada de todos los grupos afectados, que lleven a cabo el seguimiento del cumplimiento de los contratos por parte de las empresas y que establezcan un procedimiento para la recepción de quejas por parte de las personas y la sociedad civil.

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Playa y montaña, arte y entretenimiento, lujo y sencillez, historia e innovación… Todo lo que pueda soñar, lo encontrará en Barcelona. Descubra los barrios de Barcelona como si fueran el suyo propio y sorpréndase a cada paso ante cómo historia y modernidad conviven en perfecta armonía.

Living-In Bcn · @LivingInBcn · FB LivingInBcn

Una campaña del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y el Observatorio DESC, con la colaboración de Atajo y Fotomovimiento.

¿Imaginas vivir en Barcelona?

1) El Modelo de Turismo en Barcelona
El turismo está saturando la vida en nuestras ciudades. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

En cada crisis ha habido un proceso de intensificación turística y ahora prácticamente todo es turístico, es una penetración de arriba a abajo y en todos los ámbitos de nuestra vida. Se destinan muchos fondos públicos para fomentar ‘el modelo’ de turismo en Barcelona y se exporta como un modelo de éxito. Pero la pregunta clave que hay que hacerse es: ¿quién es el beneficiario último de estas inversiones? Estamos ante un modelo turístico y estrategia del capital financiero e inmobiliario, que encuentran en esta industria los mecanismos perfectos para extraer rentabilidad de nuestras ciudades, de nuestros espacios de vida.

2) La Cara B del turismo
El turismo impacta en nuestras vidas; en el trabajo, la vivienda, en el espacio público… en nuestra salud.

La crisis hace saltar por los aires la idea de que el turismo no se toca, de que todos vivimos de él. Precarización laboral, problemas de acceso a la vivienda, deterioro las relaciones comunitarias, impactos graves en la salud; con incremento de la contaminación, problemas para dormir, estrés… En las zonas muy turísticas se masifican los espacios de vida, desplazando a la población local, que lucha por hacer las compras, ir a la escuela, hacer vida de barrio. Impactos que requieren hacer una lectura global para revertirlos, replantear este modelo que impide la vida en nuestros barrios.

3) Responsables del modelo de turismo en Barcelona.
La marca Barcelona está en manos privadas.

Barcelona Turisme es un consorcio con un modelo público-privado:
Ajuntament de Barcelona: 45%,
Cámara de Comercio de Barcelona: 45%,
Fundación Barcelona Promoción: 10%.
¿Dónde está la representación público-comunitaria? ¿Por qué se va a decidir dar más peso al sector privado?

Las grandes empresas turísticas tienen capacidad para presionar a los gobiernos y obtener ‘condiciones de favor’, repercutiéndo en una reducción de ingresos sociales y regresión de las políticas sociales. Leyes, infraestructura e inversiones internacionales han empujado la expansión del turismo. Gobiernos europeo, estatal y autonómico han aprobado leyes que han abierto las puertas de la ciudad a la inversión internacional. Nuevos intermediarios multinacionales, como Airbnb u otras plataformas, tienen una gran capacidad para influir sobre el modelo turístico. Con frecuencia tienen sus sedes en el extranjero y no se puede actuar contra ellos desde lo local.

Con el apoyo de:

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• El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo JOAN CLOS MATHEU – PSOE (8 de septiembre 2006 – 13 de abril 2008)
• El ex Ministro de Industria, Comercio y Turismo MIGUEL SEBASTIÁN GASCÓN – PSOE  (14 de abril 2008 – 22 de diciembre 2011)
• El ex Ministro de Industria, Energía y Turismo JOSÉ MANUEL SORIA LÓPEZ – PP (22 de diciembre 2011 – 15 de abril 2016)
• El presidente de la constructora ACS y accionista mayoritaria de la mercantil ESCAL UGS SL, FLORENTINO PÉREZ RODRÍGUEZ 
• La ex Ministra de Fomento MAGDALENA ÁLVAREZ ARZA – PSOE (18 de abril 2004 – 7 de abril 2009) y ex Vicepresidenta del banco Europeo de Inversiones
• La ex Ministra de Medio Ambiente y Agricultura ELENA ESPINOSA MANGAN – PSOE  (14 de abril 2008 – 20 de octubre 2010)
• El presidente de la mercantil ESCAL UGS SL RECAREDO DEL POTRO GÓMEZ
• El ex Secretario General de Energía del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo IGNASI NIETO MAGALDI (15 de septiembre 2006 – 17 de abril 2008)
• El ex Consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat de Valenciana JUAN GABRIEL COTINO FERRER (31 de agosto 2009 – 22 de junio 2011)

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