El proyectado gasoducto pretendía duplicar la capacidad de interconexión gasista con Francia, pero los reguladores de la energía de los dos países le han echado un jarro de agua fría, dificultando enormemente las posibilidades reales de que algún día se llegue a materializar.
Artículo por Samuel Martín-Sosa Rodríguez de Ecologistas en Acción, y Josep Nualart de l’Observatori del Deute en la Globalització, publicado en El Salto el 08/02/19.
El primer reto contra la construcción del proyecto STEP/MidCat se ha conseguido, pero aún queda camino por recorrer. El último hito de este camino, el giro que ha acabado de torcer la dirección hacia las demandas de la ciudadanía, se producía el pasado martes 22 de enero por la tarde, cuando la Comisión Nacional de Mercado y la Competencia (CNMC) y la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE), los reguladores energéticos español y francés respectivamente, hacían de forma conjunta una declaración pública anunciando su decisión de no aceptar el requerimiento de inversión presentado seis meses antes por las empresas promotoras del proyecto en ambos lados de la frontera: la española Enagás y la francesa Teréga (ex TIGF). Desde el movimiento ciudadano desde hace años que se opone al proyecto —organizaciones, entidades, plataformas locales y activistas a título individual— lo hemos celebrado como una auténtica victoria. A pesar de ello, es importante no bajar la guardia y advertir de que aún no ha terminado el viaje. Todavía hemos de seguir dando pasos hasta borrar del mapa el proyecto definitivamente.
Para quien pueda considerar exagerada esta sensación de júbilo, aquí va un poco de retrospectiva. Esta historia se remonta a hace casi una década, cuando Enagás pretendía construir un gasoducto que conectara Martorell y Figueres. Este gasoducto estaba integrado dentro de un proyecto que debía establecer la segunda conexión gasística entre el Estado español y Francia. A finales de 2010, Enagás empezó las operaciones de construcción del gasoducto y tuvo que paralizarlas a principios de 2011, cuando el Estado francés anunció públicamente que no encontraba estratégico dicho proyecto, dejando decenas de kilómetros de tubería vacía desplegadas en el territorio, como si de una vía muerta de tren que no llega a ninguna parte se tratase.
Todavía hemos de seguir dando pasos hasta borrar del mapa el proyecto definitivamente.
A partir de ese momento, Enagás, con el respaldo del Estado español, empezó una larga andadura para convencer al Gobierno francés de lo necesario de este proyecto para la consolidación de la red de infraestructuras gasistas de ambos países. Cabe destacar que el regulador energético español —la CNMC— en aquellos tiempos se posicionaba a favor del proyecto, un hecho consistente con la situación de escasa independencia en la que el Partido Popular dejó a este organismo. Por su parte, el regulador francés —la CRE— tomaba la posición opuesta. En 2015, y con Arias Cañete colocado en la Comisión Europea, el gobierno de Rajoy reactivó el proyecto, que para entonces había sido bautizado como “MidCat” en referencia a las regiones de ambos países por donde debía transcurrir dicho gasoducto, Midi y Catalunya. El Gobierno francés, presidido entonces por François Hollande, firmó junto con los Gobiernos español y portugués, el Banco Europeo de Inversiones y la Comisión Europea, la llamada ‘Declaración de Madrid’, que enmarcaba esta y otras infraestructuras de conexión energética en una engañosa narrativa que hablaba de la necesidad de que la Península Ibérica dejara de ser lo que denominaban como una “isla energética”.
El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, siempre ha sido un firme defensor de este proyecto y Enagás ha encontrado en él desde el principio un fuerte aliado. No obstante, no convencidos del todo con el efecto que el proyecto estaba suscitando sobre el ejecutivo francés, en 2016 los promotores modificaron el proyecto íntegramente. El nuevo proyecto MidCat suponía añadir más de mil kilómetros de gasoductos en las redes española y francesa y extendiéndose por otras regiones más al oeste de ambos países. El gasoducto, que se había concebido en un inicio como el proyecto que integraba el gasoducto Martorell-Figueres y más tarde como MidCat, acabó rebautizado como South Transit East Pyrenees (STEP).
Desde el comienzo, este proyecto estuvo marcado por la falta de transparencia. Regidores de algunos municipios atravesados por el trayecto del gasoducto Martorell-Figueres nos han comentado en repetidas ocasiones la opacidad con la que se llevó a cabo la aprobación por parte de los ayuntamientos. En el caso de Castellar del Vallès, municipio por el que pasa un tramo del gasoducto, se aprobó en junta de gobierno y no en un pleno municipal, se evitó el debate. En el acta de junta de gobierno donde se publicó el acuerdo, este punto llevaba el nombre de expediente de obras número O-110015, sin más, como si se tratase se un expediente de obra cualquiera. Además, el acuerdo de aprobación se borró del acta que se publicó en la página web del ayuntamiento. Este hecho supuso que mucha de la oposición en el territorio desarrollase una vez que las máquinas ya estaban sobre el terreno.
Una de las principales denuncias por parte de los partidos de la oposición en los consistorios y por parte de los grupos ecologistas locales es que el estudio topográfico del trayecto por donde debía transcurrir el gasoducto era muy deficiente, ya que lo hacía por zonas protegidas integradas en la red Natura 2000 y era necesario atravesar torrentes con gran pendiente y de difícil acceso. Para entender la magnitud de estas dificultades orográficas, quizás baste señalar que los propios técnicos y operarios acudían a los grupos ecologistas para obtener información sobre cómo acceder y atravesar dichos obstáculos naturales. Los grupos ecologistas locales desarrollaron una importantísima labor de vigilancia y supervisión de los trabajos de construcción para garantizar que éstos se produjeran sin afectar gravemente a los ecosistemas acuáticos por vertidos incontrolados.
Lo más impactante cuando se visita el terreno afectado por el tramo de gasoducto ya construido, es la deforestación producida y la más que deficiente reforestación que ha llevado a cabo Enagás. Para hacer pasar un gasoducto de un metro de diámetro se ha deforestado 30 metros de ancho, creando una brecha a lo largo de 88 kilómetros. Para hacernos una idea, es el mismo ancho que ocupa una autopista de tres carriles por sentido. A vista de pájaro se observa un enorme y absurdo zarpazo en el territorio, de utilidad cero.
Durante todos estos años, a las luchas locales que se iniciaron en el territorio, no solo en el lado catalán sino también al otro lado de la frontera, se han sumado diversas organizaciones sociales y ecologistas a nivel estatal en los dos países, así como organizaciones a nivel europeo que han mostrado su compromiso, activismo y solidaridad, participando de forma activa en la celebración de eventos, publicaciones, consultas públicas o campañas de presión mediática que se han ido sucediendo en todo el proceso de tramitación. En el Estado español, la red Gas no es Solución, integrada por decenas de organizaciones y colectivos, articulada para visibilizar la oposición al impulso al gas en el Estado español, ha sido un baluarte clave en la presión contra el proyecto. Esta resistencia se ha coordinado internacionalmente de forma intensa con organizaciones como Amigos de la Tierra Francia, Amigos de la Tierra Europa, Food and Water Europe, Counter Balance o Gastivists, entre otras, y ha encontrado asimismo algunos apoyos fundamentales en el Parlamento europeo.
Aunque la decisión tomada por la CNMC y la CRE complica mucho las cosas al proyecto MidCat a nivel estatal, eso no garantiza que Enagás y Teréga no intenten volver a incluirlo en la siguiente lista PIC
Con la connivencia de la Comisión Europea, el proyecto MidCat entró a formar parte de la la lista de Proyectos de Interés Comunitario (PIC), categoría que convierte a estos proyectos en susceptibles de obtener hasta el 50% del coste del proyecto mediante financiación con dinero público, además de garantías públicas y facilidades administrativas. El movimiento opositor al MidCat intentó de forma activa presionar a la Comisión Europea para que no aprobara la inclusión del proyecto en dicha lista. Como es preceptivo, la Comisión Europea abrió una consulta previa sobre la lista PIC antes de su aprobación. Organizaciones y entidades de 20 Estados miembro participaron en la misma. De las 230 contribuciones totales a la consulta, 160 venían del Estado español, en su mayoría alegaciones al proyecto presentadas por los colectivos contrarios al mismo. Los argumentos eran de peso, e incluían razones de tipo económico, ecológico y social, aunque quizás la de mayor relevancia es la que hemos venido repitiendo hasta la saciedad: apostar por los combustibles fósiles es incompatible con una sociedad que pretende descarbonizarse y, en ese sentido el MidCat, va contra los objetivos climáticos europeos.
La oposición social era ya clamorosa, a pesar de lo cual la Comisión Europea aprobó la inclusión del proyecto en la lista. Sin embargo, a mediados de abril de 2018 el movimiento de resistencia al proyecto lograba algo que explica en buena medida la posterior decisión de los reguladores francés y español: la filtración a los medios de comunicación de un estudio independiente que la Comisión Europea había intentado mantener en secreto. El estudio hacía un análisis coste-beneficio que ponía en duda la viabilidad del proyecto MidCat, focalizándose en el gasoducto STEP, concluyendo que era caro, que no aportaba resiliencia al sistema, y que los flujos previsibles de gas eran mínimos y dudosamente justificaban su construcción.
Este hecho, con el viento de cola a favor del cambio de gobierno en España —que no parece ver con tan buenos ojos el gas y que ha promovido una mayor independencia de la CNMC— y las consabidas dudas que siempre ha tenido el regulador francés, ha acabado por precipitar la decisión conjunta de ambos reguladores.
Aunque la decisión tomada por la CNMC y la CRE complica mucho las cosas al proyecto MidCat a nivel estatal, eso no garantiza que Enagás y Teréga no intenten volver a incluirlo en la siguiente lista PIC, que se empezará a conformar este año 2019. Al comisario Arias Cañete le faltó tiempo, tras hacerse pública la nota de prensa de la CNMC, para anunciar que la Comisión sigue apoyando el proyecto. Sin embargo no parece que las empresas vayan a tenerlo fácil, pues antes de ser aprobada la lista tiene que pasar el visto bueno del regulador europeo ACER, donde se encuentran los reguladores español y francés que ahora han negado la viabilidad del proyecto. En cualquier caso la ciudadanía seguirá vigilando muy de cerca lo que ocurra, y presionando a la Comisión Europea, al Gobierno español y a todas la instancias necesarias para enterrar definitivamente este proyecto y así evitar que MidCat se convierta en otro caso Castor: una nueva infraestructura gasista inútil e impuesta que hipoteca el clima, nuestros bolsillos y el territorio para beneficio de unos pocos.