El informe evalúa críticamente el modelo de las infraestructuras para el desarrollo y propone un cambio de rumbo en la provisión de servicios públicos básicos
Coordinado por Eurodad y Society for International Development (SID), con la colaboración de Observatori del Deute en la Globalització, ODG, Estado español; AFRODAD, region de Africa; Ambiente y Sociedad, Colombia; Fundación Ambiente y Recursos Naturales, FARN, Argentina; Universidade Federal Rural de Pernambuco y Articulação Semiárido Brasileiro, URFPE y ASA, Brasil; y VB Platforma, Lituania.
Las inversiones en infraestructuras sostenibles se colocan en el centro de las estrategias de desarrollo, y con razón, ya que son fundamentales para la prestación de los servicios que permiten el buen funcionamiento de las economías y las sociedades. Sin embargo, como muestra este informe, la narrativa predominante sobre el financiamiento de infraestructuras contiene trampas y limitaciones que podrían socavar su objetivo declarado. Para abordarlos, el informe proporciona un marco para comprender las infraestructuras sostenibles desde una perspectiva sistémica. Se centra en la justicia económica global y el derecho de los países al desarrollo, la movilización de recursos internos y a la resiliencia climática.
También proporciona evidencia de cinco proyectos de infraestructuras emblemáticos que se diseñan y financian a través de las Colaboraciones publico-privadas (CPPs), siguiendo el enfoque de «financiamiento privado primero» para el financiamiento de las infraestructuras. Los estudios de caso destacan que el énfasis en atraer inversiones privadas hacia grandes proyectos de infraestructura o mega-corredores genera grandes impactos. Este enfoque no solo no aborda las debilidades estructurales de la transición socioeconómica justa en los países empobrecidos, sino que también exacerba los obstáculos de desarrollo existentes que enfrentan estos países, incluido el endeudamiento, la dependencia de los productos básicos, la vulnerabilidad a los flujos de capital volátiles, el daño ecológico y los sistemas de infraestructura pública débiles.
5 casos de colaboraciones público-privadas que han fallado en la provisión de servicios públicos:
• Argentina’s Highways and Safe Routes Network
• Cundinamarca Eastern Perimeter Corridor in Colombia
• Inga III dam power plan in the Democratic Republic of the Congo (CAST)
• Myanmar’s Myingyan gas power plant
• Nacala Road Development Corridor in Zambia, Malawi and Mozambique
Por el contrario, los proyectos que han permitido una participación activa e incluso la creación conjunta con las comunidades locales, han integrado una perspectiva de género y han respondido a las necesidades locales y nacionales a lo largo de su planificación, diseño y financiación, son más rentables y ecológicamente sostenibles. También contribuyen a los planes de desarrollo a largo plazo de los países y, al mismo tiempo, sirven a los intereses de las comunidades locales
2 casos de proyectos de colaboraciones público-comunitarias que han tenido éxito:
• Lithuania’s Prosumer Solar Community
• Brazil’s One Million Cisterns Programme
Es importante garantizar que los proyectos de infraestructuras sirvan al bien público y contribuyan a que todas las personas disfruten de los derechos humanos. Por eso, los responsables políticos y instituciones deberían cambiar el rumbo y introducir los siguientes cambios en sus políticas públicas regionales, nacionales e internacionales:
1) Aumentar los fondos públicos para las infraestructuras necesarias, particularmente para los sectores sociales. La financiación pública suele ser menos costosa, más sostenible desde el punto de vista financiero y más alineada con el interés publico que las finanzas privadas. Esto requiere reducir las pérdidas de recursos públicos a través del abuso fiscal; hacer frente a las deudas insostenibles mediante un nuevo mecanismo justo, democrático y transparente de re-negociación de la deuda pública; aumentar los niveles y la calidad de las ayudas internacionales, mediante el cumplimiento de los compromisos de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), entre otros.
2) Repensar la promoción del financiamiento privado para las infraestructuras. Una agenda de financiación de las infraestructuras centrada en el desarrollo de la «infraestructura como una clase de activo» y la promoción de las CPPs corre el riesgo de socavar el progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los gobiernos nacionales deben preservar su autonomía para actuar en base del interés público.
3) Las infraestructuras sostenibles y sus mecanismos de financiación deben basarse en los derechos humanos, la transición socioeconómica justa, altos estándares de transparencia y gobernanza democrática y contribuir a un enfoque intergeneracional de la adaptación climática. En este sentido:
• Se debería democratizar la gobernanza de las infraestructuras, p.ej. las comunidades locales i afectadas deben participar en el co-diseño de los proyectos.
• Se debería integrar la resiliencia en los procesos de planificación y ejecución. Las infraestructuras deben diseñarse y adaptarse para resistir, responder y recuperarse rápidamente de los fenómenos meteorológicos extremos relacionados con la emergencia climática.
• La conectividad de las infraestructuras regionales debe planificarse e implementarse con el objetivo de satisfacer las necesidades de las personas como su máxima prioridad. Esto incluye la creación de empleos decentes, el fomento del desarrollo económico local, la protección del medio ambiente, la reducción de la desigualdad, la promoción de la igualdad de género y la inclusión social y la construcción de la paz.
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