Las tragedias en las residencias de mayores, gestionadas por empresas como Clece, visibilizan una crisis de cuidados existente antes de la pandemia COVID-19. De las luchas feministas en las ciudades surgen alternativas para una transformación del sistema que ponga la vida en el centro.
En las últimas semanas hemos podido leer noticias que contrastaban, por un lado, el número de muertes en las residencias de gente mayor en el Estado español -más de 19.000 personas desde que inició la pandemia del covid-19-, con la demanda de compensación de costes “sobrevenidos e imprevisibles” que alegan han tenido que afrontar las empresas que las gestionan para el cuidado de las personas. Ha sido el caso de Clece, empresa que administra más de 30 residencias y que ha solicitado el resarcimiento económico de la mayoría de contratos de concesión que mantiene con diversas administraciones públicas donde exponen haber tenido gastos “imprevistos”, por valor de 7,2 millones de euros, y el haber perdido usuarias por los fallecimientos, lo que implica el no tener los beneficios esperados.
Autoras: Blanca Bayas, ODG.
Publicado en: El Salto, 28 de mayo de 2020
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