Después de los terremotos ocasionados en 2013, el proyecto de almacenamiento geológico de gas Castor comenzó a ser conocido por la opinión pública. Después de un año de incertidumbre para la población local, la promotora ACS (presidida por Florentino Pérez) renunció en verano de 2014 a su concesión de explotación, y el gobierno aprobó seguidamente un RDL que aseguraba una indemnización millonaria, a pesar de la posibilidad de que hubiera habido negligencia.
A punto de iniciarse los cobros de la deuda generada por la indemnización, lanzamos la campaña #NoPagoCastor con un VIDEO VIRAL en las redes sociales y un comunicado conjunto con más de 20 organizaciones, para denunciar el pago del Castor en nuestras facturas del gas a partir de Enero de 2016 .
El ODG ha estudiado el Proyecto Castor como un claro caso de generación de deuda ilegítima a través de una infraestructura impuesta e inútil, así como la implicación del Banco Europeo de Inversiones, banco público europeo, en la financiación de este proyecto. La Plataforma Ciudadana en Defensa de las Tierras del Sénia, colectivo local que lleva alertando del proyecto desde 2007, ha denunciado desde el inicio los impactos socio-ambientales del proyecto, así como las irregularidades administrativas asociadas a todo el proceso, y la absoluta opacidad y falta de información ante la ciudadanía.
Los peligros asociados al proyecto continúan hoy vigentes. Tanto el desmantelamiento de la planta, como el hecho de detener el pago de la indemnización a través de las facturas del gas, son demandas urgentes que diversas organizaciones de ámbito estatal y europeo reclaman para poner fin a este despropósito, y para que se depuren finalmente todas las responsabilidades.