¿La expansión del vehículo eléctrico representa una nueva ampliación de la frontera extractiva? ¿Existen suficientes recursos para electrificar todo el transporte mundial? ¿Cómo puede la administración pública contribuir a reducir los riesgos de vulneraciones de derechos en la cadena de suministro?
Por todas partes, el vehículo eléctrico ha hecho un boom como medida de descarbonización del transporte. Sin embargo, buena parte de las materias primas necesarias en su fabricación, especialmente para las baterías, causan graves impactos socioambientales en las zonas de extracción, en la mayoría de los casos en países del Sur global.
Medicus Mundi Mediterrània publica el informe «Minerales críticos en conflicto y alternativas para la justicia global desde la compra pública: el caso del vehículo eléctrico«, elaborado por Raúl Velasco-Fernández, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) y Alfons Pérez López, investigador en energía y clima del ODG, en el que se desgranan los problemas potenciales de la expansión del vehículo eléctrico y se buscan formas de minimizarlos desde las administraciones públicas.