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El ODG sobre los fondos Next Generation EU


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Desde el Observatori del Deute en la Globalització hemos analizado con profundidad las características del mecanismo de los fondos europeos NGEU y concluimos que no revertiran las desigualdades sociales y económicas, generaran más deuda y no contribuirán a una transición realmente verde y justa.

Desde julio de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez está adjudicando los fondos europeos Next Generation EU a través de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE), convocatorias y licitaciones públicas que están dirigidas a diferentes sectores de la economía productiva y, en algunos casos, a las administraciones públicas.

¿Cuál es nuestra crítica y qué proponemos?

Después de más de un año trabajando sobre los fondos europeos NGEU, sigue en pie la crítica que lanzamos en marzo de 2021 en la Guía Next Generation EU: más sombras que luces, que publicamos conjuntamente con el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción. Por un lado, siguen existiendo la opacidad y la falta de transparencia en casi todos los procesos y niveles, no hay claridad ni acceso a la información que debería ser pública, como los nombres de las empresas beneficiarias (con importes concedidos y para qué proyectos), siguen faltando los criterios e indicadores sociales, de género y ambientales vinculantes y unificados para todos los proyectos financiados. Por otro lado, sigue en pie la crítica estructural de fondo que lanzamos sobre los riesgos a largo plazo.

Más concretamente, queremos señalar la «ceguera» de los fondos en relación a los puntos a
continuación y por las siguientes razones:

– Justicia financiera: La manera como la Unión Europea financia los fondos NGEU conlleva condiciones, recortes i riesgos financieros a largo plazo. Nos parece preocupante que la Unión Europea siga emitiendo Eurobonos para financiar los fondos NGEU a través del endeudamiento. Hay una tendencia creciente que sea el mecanismo «per se» de financiar los gastos comunes, agravando así la situación de sobreendeudamiento público. Es un mecanismo de financiación que ha conllevado políticas de austeridad, recortes y privatizaciones y que no tiene en cuenta ni a las personas ni a las futuras generaciones que tendrán que pagar el precio.

– Justicia social y de cuidados: las actuales propuestas están orquestadas de forma que no garantizan la cobertura de las necesidades básicas ni la lucha contra las desigualdades sociales. Estamos hablando de derechos como son los cuidados, la salud, la educación, el acceso a la energía, al agua, a la comida o a la vivienda. Esto se debe a que las medidas se canalizan a través de una agenda público-privada que promueve modelos como las conocidas colaboraciones público-privadas, en este caso los llamados PERTE (mecanismos similares a las colaboraciones público-privadas). Un modelo que no se centra en la perspectiva del bien común, de las soberanías y de los derechos colectivos, ni en la priorización de trabajos socialmente necesarios, ni en la defensa de garantía de servicios públicos suficientes y de calidad.

– La justicia ambiental y climática: los fondos NGEU financian la estrategia del Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y con ello un modelo de recuperación económica y transición verde y digital que sigue basándose en la lógica capitalista del crecimiento económico ilimitado –llamándose ahora «crecimiento verde»– la magnitud de la demanda de materiales críticos del cual implicará un aumento y
profundización del extractivismo y la externalización de los impactos socio ambientales. Los fondos NGEU se dirigen a nuevos espacios de acumulación y negocio para las grandes empresas –muchas veces las más contaminantes– de sectores claves para una transición ecológica y no introducen cambios radicales en la manera como producimos y consumimos.

Por eso proponemos financiar la recuperación y la transición de la economía a través de otros mecanismos, que no generan más deuda ni vienen cargados con condicionalidades. En este sentido, apoyamos las siguientes iniciativas:

  • La puesta en marcha de una reforma fiscal y ecológica justa para aumentar la carga impositiva y limitar las bonificaciones del impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones, sobre sociedades, sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Se podría subir el IVA para bienes de lujo y se podrían crear nuevos impuestos, como una tasa a las transacciones financieras y para las grandes tecnológicas. Además, una reforma fiscal y ecológica justa, debería permitir incentivar cambios de comportamiento positivos desde el punto de vista ambiental, a la par que se aumenta la recaudación para afrontar las crisis múltiples. Debe ser parte de una política ambiental, económica, social y de cuidados más amplia que evite cualquier perjuicio a las clases y colectivos menos favorecidos.

 

  • Facilitar el acceso a la información para poder realizar una auditoría ciudadana de la deuda pública y no pago de la deuda ilegítima. La auditoría ciudadana incorpora la participación activa de la ciudadanía y de asociaciones independientes, con el objetivo de comprobar que la actuación administrativa, las concesiones y contratos, los préstamos y operaciones financieras se han hecho para beneficiar el interés general de la población.

Creemos que es importante hacer un vuelco de timón y promover otros modelos, reubicando las prioridades y las políticas de cualquier recuperación económica y social para centradas en la garantía de derechos básicos colectivos y la coherencia con una transición ecosocial justa. Por ejemplo, centrar la financiación en los servicios y trabajos que se han demostrado socialmente necesarios teniendo en cuenta los impactos ambientales. Priorizar, así, los diagnósticos sociales y ambientales realizados a nivel descentralizado sobre las necesidades a cubrir en cuidados, salud, educación, alimentación, vivienda y acceso a energía y agua.

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