La preocupación ha aumentado a raíz de la publicación de nuevos documentos sobre la controvertida reforma del procedimiento de notificación de servicios («Directiva Bolkestein») que podría incrementar de manera radical los poderes de la Comisión Europea sobre las normativas de servicios municipales y nacionales: 55 archivos obtenidos mediante solicitudes de acceso a documentos muestran la enorme influencia de grandes grupos de presión empresariales sobre la propuesta. La próxima ronda de negociaciones sobre la misma es inminente ―un acuerdo restringiría la toma de decisiones democrática en los Estados miembros sobre multitud de aspectos, como vivienda, distribución de agua y planificación local.
La oposición frente al procedimiento de notificación de servicios propuesto por la Comisión Europea va en aumento. Esta directiva amenaza con deslegitimar decisiones democráticas locales y restringe la elaboración de políticas de interés público en un amplio abanico de sectores, como planificación urbana, educación, vivienda accesible, suministro de agua y de energía, gestión de residuos y muchos otros. La Directiva propuesta forma parte de un paquete de servicios más amplio (una continuación de la Directiva de Servicios de 2006, también conocida como Directiva Bolkestein, que provocó protestas masivas en varios países de la UE por la preocupación que suscitaba su impacto social y que fue aprobada solo tras haber sido reducida).
Desde ayuntamientos a sindicatos, son muchos los que han transmitido su preocupación frente a los extraordinarios nuevos poderes que el proyecto de la Directiva otorgará a la Comisión. Tendrá la autoridad de anular nuevas leyes y normativas desarrolladas por parlamentos nacionales, asambleas regionales y gobiernos locales de toda Europa, o imponer retrasos significativos a fin de modificar propuestas. Las autoridades tendrán que entregar sus normativas a la Comisión con tres meses de antelación para poder recibir aprobación previa; una restricción extrema de las normas existentes, que solo permiten a la Comisión realizar objeciones tras su aprobación, y como último recurso llevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE. Y el ámbito es sobrecogedor: según información reciente de la Comisión, 79 nuevos sectores —incluyendo cuidado infantil, energía, suministro de agua y 76 más— se vieron afectados por las notificaciones entre 2010 y 2015. Ahora, los nuevos documentos obtenidos por Corporate Europe Observatory muestran que, al elaborar el proyecto de la propuesta, la Comisión ha obtenido sus pautas de grupos de presión corporativos que serán los mayores beneficiados, mientras que ha ignorado plenamente las preocupaciones mostradas por otras partes interesadas.
Debido a estas inquietudes crecientes, el mes pasado una coalición de más de 160 grupos de la sociedad civil, sindicatos, alcaldes y partidos progresistas al mando de importantes ciudades europeas, redactaron una carta de protesta a la presidencia rumana de la UE, rechazando la directiva propuesta ya que «reduciría el espacio para políticas progresivas, incluyendo las de nivel local» y porque es «desproporcionada y va en contra del principio de subsidiariedad».
Como respuesta a las solicitudes de libertad de información realizadas por Corporate Europe Observatory, la Comisión ha publicado unos 55 documentos, incluyendo correos electrónicos, cartas, informes de posición y actas de encuentros entre funcionarios de la Comisión y grupos de presión sobre el procedimiento de notificación.(i) Los documentos revelan una colaboración muy estrecha entre el departamento de la Comisión responsable del procedimiento de notificación y tres importantes grupos de presión del sector industrial: BusinessEurope, EuroCommerce y EuroChambres. El sector industrial ha estado particularmente interesado en perfilar la propuesta, que facilitará un subterfugio para que envíen observaciones sobre —y ejerzan presión contra— legislaciones locales antes de que se proclamen.
La propuesta de la Comisión para el procedimiento de notificación coincide plenamente con los deseos de estos tres gigantes de la presión empresarial, a pesar del hecho de que un gran número de otros organismos —incluyendo asociaciones de arquitectos, ingenieros, profesionales libres y sindicatos— han criticado duramente la propuesta. Básicamente, la Comisión Europea ha tratado a BusinessEurope como un socio estratégico a la hora de promover el procedimiento de notificación, de profundos tintes neoliberales, por ejemplo manteniendo una reunión a puerta cerrada con ellos durante las negociaciones para planear la estrategia a seguir. Un claro contraste frente a la manera en que la Comisión ha respondido a muchas de sus críticas: un silencio abrumador.
Los grandes aliados empresariales de la Comisión
De ser aprobada, la reforma de la Directiva avisará con antelación a corporaciones cuyos beneficios pueden verse afectados por legislaciones locales, regionales o nacionales para que puedan reclamar directamente a la Comisión. (Véase cuadro más adelante «¿Puede suponer una política social un obstáculo empresarial?»). No sorprende, por tanto, que la reforma propuesta replica muy de cerca las sugerencias realizadas por el grupo de presión empresarial más poderoso de Bruselas, BusinessEurope. Ya en diciembre de 2014, unos meses después de que la Comisión de Juncker tomase posesión, BusinessEurope se quejó a la Comisión de que las autoridades públicas «contaban con demasiado margen» a la hora de implementar la Directiva Bolkestein.
BusinessEurope argumenta que la «amplia zona de discreción» crea una «zona de grises» y solicita que haya una obligación de notificaciones más estricta para nuevas regulaciones y medidas que afecten a las compañías de servicios. (ii) En una carta de septiembre de 2015 sobre la Estrategia para el Mercado Único, el gigante de la presión industrial pidió a la Comisión que «aumentase la efectividad» del laxo procedimiento de notificaciones existente que fue introducido por la Directiva Bolkestein de 2006. (iii) BusinessEurope escribió que «toda nueva ley, normativa o disposición administrativa» que afecte a compañías de servicios «debe ser evaluada por la Comisión en relación a su compatibilidad con la legislación de la UE», solicitando un «periodo de statu quo» en la elaboración de decisiones mientras la Comisión evalúa las nuevas disposiciones. (iv)
Cuando la Comisión lanzó su propuesta en enero de 2017, BusinessEurope reaccionó con un comunicado de prensa expresando su apoyo y dando la bienvenida a un «enfoque que retira barreras regulatorias donde se puede. Un mejor procedimiento de notificación ayudará a evitar nuevos obstáculos».(v) En abril de 2017 BusinessEurope publicó un informe de posición más detallado. En una carta al director general Lowri Evans, BusinessEurope expresó su total apoyo hacia «el nuevo enfoque que ha tomado la Comisión» y lo felicitó por sus «audaces métodos».
El informe de posición alaba a la Comisión por su decisión «de ir más allá de la línea clásica de asegurar una mejor ejecución» de la Directiva de Servicios y su propuesta de «retirar las barreras administrativas, regulatorias y otras que quedaban… así como para evitar la introducción de nuevos obstáculos».(vi) El problema es que mucho de lo que BusinessEurope considera barreras y obstáculos son en realidad políticas sociales y medioambientales legítimas y muy necesarias, decididas de manera democrática e introducidas para proteger el interés público.
¿Puede suponer una política social un obstáculo empresarial?
¿A qué obstáculos se refiere BusinessEurope? Demasiado a menudo se refieren a propuestas de políticas sociales que pueden afectar sus modelos de negocio corporativo. Veamos estos ejemplos hipotéticos bajo la nueva directiva:
- Un gobierno municipal quiere regular el uso de la plataforma de alojamiento AirBnB debido al auge de los precios de alquiler. Tendría que pedir permiso por adelantado a la Comisión para hacerlo, y AirBnB podría realizar aportaciones a la legislación. En los últimos años, la Comisión ha tendido a detener los intentos a nivel local para limitar la expansión de las plataformas de alquiler de corta estancia.
- Un municipio quiere utilizar leyes de planificación para proteger pequeños comercios independientes y resolver problemas de transporte restringiendo el número de hipermercados. Necesitaría presentar sus propuestas a la Comisión para su aprobación por adelantado, y las cadenas de hipermercados podrían lanzar una campaña de presión para defenderse.
- Un Estado miembro planea crear una empresa de energía geotermal verde pública para calentar viviendas locales y edificios públicos. Necesitaría pedir permiso a la Comisión antes de proceder, alertando así a competidores privados de energía contaminante para hacer partícipe a la Comisión de sus puntos de vista.
- Un Estado miembro quiere fortalecer los estándares de seguridad en el sector de la construcción tras una serie de accidentes mortales. Pero necesitaría pedir permiso primero a la Comisión —y la Comisión ha recibido cierta presión por parte del sector industrial (BusinessEurope) para detener la «gran variedad de pasaportes de seguridad».
- Un Estado miembro quiere incrementar el seguimiento del respeto de la legislación laboral local y los acuerdos colectivos introduciendo un registro obligatorio de empresas de servicios de todo tipo. Sin embargo, dicho registro deberá ser primero aprobado por la Comisión y, como se mostró en un caso reciente, la Comisión cree que un registro extensivo va en contra de la Directiva de Servicios.
Los documentos publicados muestran que BusinessEurope ha sido el socio más cercano de la Comisión a la hora de promover el procedimiento de notificación, pero la Comisión también ha recibido el apoyo de otros dos grupos de presión empresariales, EuroCommerce y EuroChambres.
En un informe de una reunión de febrero de 2017 con EuroCommerce, un funcionario de la Comisión informó de que «Eurocommerce se muestra muy a favor de la propuesta de notificación».(vii) El informe de la reunión destaca las demandas específicas realizadas por EuroCommerce, por ejemplo que «la falta de notificación conllevará una sanción grave». En un informe de posición, EuroCommerce resalta los elementos de la propuesta de la Comisión que considera particularmente esenciales, incluyendo el de que «los procedimientos de autorización de establecimientos minoristas deben estar incluidos en el ámbito de la directiva (Art. 4)».(viii) EuroCommerce ve claramente la directiva propuesta como una herramienta para evitar restricciones a las actividades de sus empresas miembros, que incluyen grandes cadenas de supermercados. En bastantes países de la UE se han introducido normativas locales que limitan el número de grandes superficies de hipermercados en el extrarradio, a fin de proteger el pequeño comercio.
El tercer defensor de la propuesta de la Comisión es EuroChambres, la Asociación de Cámaras de Comercio e Industria Europeas. En un correo electrónico que trataba de la preparación de la reunión de primavera de 2017 con la Comisión, EuroChambres sugirió enfocarse en «asuntos como de qué manera las partes interesadas pueden sacar partido del nuevo enfoque de las notificaciones de cambios en los requisitos relacionados con los servicios».(ix) Esto hace referencia a un elemento muy peligroso de la directiva propuesta: otorgar a las «partes interesadas» (en la práctica, grupos de presión) acceso formal y derecho a opinar sobre las normas notificadas por los gobiernos y municipios. Durante la reunión, en la que también estuvieron presentes cámaras de comercio de diez países de la UE, EuroChambres pidió aclarar: «¿De qué manera exactamente tendrán acceso las partes interesadas a las notificaciones, a qué tendrán acceso exactamente y cómo podrán enviar observaciones?». La Comisión respondió que «las notificaciones iniciales, documentación de apoyo y medidas adoptadas finalmente serán compartidas con las partes interesadas mediante interfaz en línea, donde habrá también una opción para que dichas partes puedan manifestar sus observaciones.»(x)
Los aliados de la Comisión
BusinessEurope es un grupo de presión que representa tanto a organizaciones de empleadores nacionales como a numerosas e importantes corporaciones multinacionales. BusinessEurope declaró haber gastado cerca de cuatro millones de euros en actividades de presión política en 2017, empleando a 30 lobbistas a tiempo completo, de los cuales 25 disponen de un pase de acceso permanente al Parlamento Europeo.
EuroCommerce es el grupo de presión del sector minorista y otras empresas comerciales, con miembros entre los que se encuentran British Retail Consortium y French Retail Association, así como Carrefour, Amazon, Tesco, IKEA, Lidl, METRO y otras cadenas de supermercados. EuroCommerce declaró haber gastado hasta 1,5 millones de euros en actividades de presión en 2017, y cuenta con 18 lobbistas con acreditación para el PE.
EuroChambres declaró haber gastado 1.400.000 € en actividades de presión en 2017, empleando a 20 lobbistas, de los cuales 5 cuentan con acreditación para el PE.
Pequeños negocios y sindicatos obreros critican la propuesta de la Comisión
Si bien los documentos publicados gozan del beneplácito y apoyo absoluto por parte de BusinessEurope, EuroCommerce y Eurochambres, casi todas las demás opiniones sobre la propuesta de la Comisión han sido negativas. Entre ellas se incluyen fuertes críticas por escrito de más de una docena de asociaciones de ingenieros, asesores fiscales, arquitectos y profesionales libres, así como de Confcommercio, que representa pequeños negocios italianos del sector del comercio, turismo y servicios. Todos estos organismos consideran que la propuesta de la Comisión viola el principio de subsidiariedad de la UE debido a su excesivo intervencionismo en la toma de decisiones a nivel nacional e incluso porque altera la división de poderes entre la Comisión y los Estados miembros. El requisito de notificar por adelantado para decidir nuevas regulaciones y permitir que la Comisión solicite cambios provocará, como señalan diversas asociaciones, excesivas trabas burocráticas. Confcommercio comunicó a la Comisión su «completo desacuerdo frente al «principio de que las medidas regulatorias locales o nacionales relativas a regímenes de autorización y requisitos relacionados con los servicios deban someterse a valoración de la Comisión antes de su adopción».(xi)
Resulta notable que la Comisión no parece haber respondido a estas críticas. Entre los más de 50 documentos existen numerosas respuestas a las cartas de BusinessEurope, EuroCommerce y EuroChambres, pero ninguna a las críticas de pequeños comercios. Las confederaciones de sindicatos FSESP y CES también han manifestado una fuerte preocupación, por ejemplo ante la posibilidad de que la propuesta provoque «un efecto amedrentador en nuevas regulaciones que son necesarias» y expresó una preocupación especial ante el impacto sobre las normativas de servicios de cuidados.(xii) Los sindicatos pidieron a la Comisión que facilite más información para poder evaluar qué clase de normativas de servicios se verán afectadas por la propuesta. La Comisión rechazó dicha petición, argumentando que la Directiva de Servicios no les permite suministrar dicha información a las partes interesadas.(xiii)
Un torrente de críticas
La propuesta de la Comisión ha sido duramente criticada por el Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), que ha señalado que ya existe «un procedimiento perfectamente adecuado previsto para los «peores casos», como cuando un Estado miembro adopta una medida que contradice la Directiva de servicios (decisión de requerir la abolición de una normativa/procedimiento de infracción)». La asociación de arquitectos también desacredita la teoría de la Comisión de que las autoridades de los Estados miembros no entienden la Directiva de Servicios: «el hecho de que —de acuerdo con la propuesta— la Comisión Europea tenga el poder de requerir la derogación de una medida que no ha sido notificada, implica que la Comisión Europea pareciera saber mejor que el propio Estado miembro qué medidas nacionales están recogidas bajo el ámbito de la Directiva. Por el contrario, CAE considera que una gran mayoría de los Estados miembros son muy conscientes de los requisitos de la Directiva de servicios pero no siempre comparten la valoración de cumplimiento que realiza la Comisión Europea.»
El Consejo Europeo de Cámaras de Ingeniería, por su lado, ha declarado que «el hecho de interferir en procedimientos legislativos nacionales a tan alto nivel contradice el principio de proporcionalidad». Y la Federación Europea de Asesores Fiscales (ETAF, por sus siglas en inglés) advierte que «las consecuencias legales de esta propuesta significan un cambio extremo en relación a la carga de la prueba en perjuicio de los Estados miembros. Dado que la Comisión podría emitir una regulación vinculante contra un Estado miembro, tendrían que ser después los Estados miembros quienes deberían emprender acciones contra tal decisión ante el TJUE. Ante tal proceso, teniendo en cuenta que es el Estado miembro quien demandaría la nulidad de la decisión de la Comisión, la carga de la prueba quedaría totalmente a expensas del Estado miembro en cuestión».
Una consulta con fallos
En un artículo reciente, el catedrático Alberto Alemanno señala que las consultas públicas de la UE son típicamente «ejercicios de verticalismo que solo involucran a unos pocos actores y no consiguen atender a los particulares y grupos que se verán más afectados por las políticas en cuestión.» La consulta pública sobre el procedimiento de notificación mantenida en primavera de 2016 es un caso ejemplar. De las 126 respuestas a la consulta, 107 procedieron de organismos y el resto de particulares. Entre los grupos, el 75% fueron negocios o representantes de negocios y el 25% fueron autoridades públicas (principalmente ministerios gubernamentales). La Comisión no ha publicado las aportaciones a la consulta en su página web, contrariando su práctica habitual establecida. Las propias normas de la Comisión requieren que las respuestas individuales a las consultas se publiquen en formato digital.(xiv) Corporate Europe Observatory ha recordado repetidas veces a la Comisión este fallo de transparencia hasta finalmente remitir una solicitud de libertad de información.
En respuesta a dicha solicitud de información, la Comisión ha publicado una lista de empresas y organismos que han participado en la consulta. La lista muestra que una gran parte de los consultados proceden de Polonia y Lituania pero, lo que es más importante: solo cuatro municipios (tres lituanos, uno polaco) y siete autoridades regionales (dos italianas y una lituana, así como cuatro ministerios de los estados federados alemanes) fueron incluidos en la consulta. No se incluyó ninguna ciudad de mayor tamaño, ni ninguna federación de municipios a nivel comunitario. Esto supone un error notable, teniendo en cuenta el importante impacto que la Directiva propuesta tendría para los municipios (que tendrían que solicitar el permiso por adelantado de la Comisión para cualquier decisión relativa al sector servicios). Más en general, la Comisión no ha tomado en cuenta la voz de un gran número de partes interesadas, y parece que solo un sindicato y ningún otro grupo de la sociedad civil han contribuido a la consulta.
Teniendo en cuenta cuán controvertida fue la Directiva de Servicios de 2006 (también conocida como Directiva Bolkestein), la Comisión debería haberse dirigido activamente a aquellos organismos interesados en la regulación del sector servicios, pudieran ser o no críticos con los planes de la Comisión. Las propias normas de la Comisión indican a los funcionarios que «consulten de manera amplia y transparente a las partes interesadas que puedan verse afectadas por la iniciativa, considerando el amplio espectro de puntos de vista, a fin de evitar sesgos o conclusiones falseadas («captura») promovidas por grupos específicos».(xv) Parece ser que esta forma de consulta amplia y proactiva no ha sido la adoptada por la Directiva sobre el procedimiento de notificación.
Las grandes empresas se impacientan
En diciembre de 2017 el comité de mercado interior del Parlamento Europeo aprobó la propuesta de la Comisión con apenas unos cambios mínimos. En febrero de 2018, la toma de decisiones entró en su etapa final con negociaciones a tres bandas entre la Comisión, el Parlamento y los gobiernos de la UE (el Consejo). BusinessEurope esperaba claramente que esta última fase fuese rápida y fácil, y se mostró muy impaciente al ver que no era el caso. En mayo de 2018, tras tres meses de negociaciones tripartitas, BusinessEurope escribió a la comisaria Bieńkowska para quejarse.
El director de BusinessEurope, Markus Breyer, comunicó a Bieńkowska que «es muy preocupante que los triálogos sobre el último término del paquete, la propuesta acerca de las notificaciones relativas a los servicios, parecen estar enfrentándose muchos obstáculos». Breyer insistió, de manera más bien drástica, en que «los negocios necesitan una señal positiva ya» y añadió que «recurriremos a los colegisladores para adoptar la propuesta acerca de las notificaciones relativas a servicios en el próximo diálogo tripartito» para «conseguir celebrar el acuerdo antes de la pausa estival».(xvii) En representación de la comisaria, el director general de GROW, Hubert Gambs, respondió asegurando a Breyer que «todos los puntos legales y políticos señalados en su carta son bien tenidos en cuenta y la Comisión los considerará cuidadosamente. Mis colegas y yo continuaremos esforzándonos para conseguir un resultado ambicioso».
A principios de junio de 2018, BusinessEurope se puso en contacto con todos los gobiernos de la UE mediante un «Llamamiento para llegar a un acuerdo sobre la propuesta de Notificaciones relativas a Servicios antes de la llegada del verano». Cuando ese acuerdo no llegó, publicaron el siguiente tweet:
Ese mismo mes, la Comisión se reunió con un importante grupo de lobbistas de BusinessEurope en una sesión a puerta cerrada sobre el procedimiento de notificación. El informe de la reunión menciona que el debate se centró «en lo que se podría hacer en el futuro (incluyendo la entrada en vigor) y el papel que desempeñaría BusinessEurope a este respecto.»(xviii)
EuroCommerce también comunicó a la Comisión que consideraban que las negociaciones a tres bandas estaban progresando de manera excesivamente lenta: «Quizás no sean del todo ortodoxas, pero les transmitimos algunas ideas acerca de la última propuesta de la presidencia». Sus «ideas» trataban sobre cómo organizar las notificaciones por regiones y municipios (directamente o mediante gobiernos nacionales).(xix)
No cabe duda de que esta propuesta no está siendo solo apoyada por grupos de presión del sector industrial, la Comisión ha sido propensa a darles un trato especial desde el primer día: la consulta que suministró la materia prima para el proyecto de la directiva estuvo sesgada, el proyecto reflejó las ideas desarrolladas por grandes grupos de presión empresariales y la Comisión estuvo predispuesta a planear estrategias con el sector industrial cuando se celebró el debate. Durante todo el proceso, el ejecutivo europeo prestó muy poca atención a otras voces.
Estrechez de miras neoliberal
Las negociaciones sobre el procedimiento de notificación, conducidas por la presidencia rumana de la UE, deben llegar a su fin en unos meses. Afortunadamente, varios gobiernos se han negado hasta el momento a apoyar la propuesta y quieren restringir tanto su alcance como los poderes de la Comisión. La Directiva propuesta es el resultado de la estrechez de miras neoliberal de la Comisión Europea. La toma de decisiones democrática —incluida la de nivel municipal— se considera un obstáculo para el objetivo último de un «mercado libre» en toda la UE de servicios, donde por lo tanto debe reinar y controlar la Comisión.
La directiva tiene tantos fallos que solo los grandes grupos de presión empresarial la defienden por interés propio. La oposición a la directiva crece rápidamente, expandiéndose entre concejales de ciudades como Barcelona, Amsterdam y Nápoles, pero también por algunos de los mayores sindicatos europeos y grupos de la sociedad civil de toda Europa. Para el futuro de la democracia en Europa, solo nos cabe esperar que las negociaciones no lleguen a un acuerdo y que esta directiva mal concebida caiga en su totalidad.
i. En septiembre de 2018, el Corporate Europe Observatory emitió una solicitud de libertad de información (correspondencia y minutas de reuniones entre la Comisión y los grupos de presión) y, tras muchos retrasos por parte de la Comisión, los documentos se publicaron el 22 de noviembre de 2018. La solicitud de libertad de información se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://www.asktheeu.org/en/request/5964/followups/new/19208?post_redirect=1 Una solicitud de seguimiento emitida en diciembre de 2018 resultó en la publicación de 6 documentos adicionales. Esta solicitud de libertad de información y los documentos están disponibles en el siguiente enlace: https://www.asktheeu.org/en/request/the_eu_notification_procedure_fo?post_redirect=1
ii. BusinessEurope envío a la Comisión su documento estratégico «Los obstáculos que quedan por salvar para un auténtico mercado único de servicios» el 17 de diciembre de 2014.
iii. Según la legislación existente, las autoridades públicas necesitan notificar a la Comisión Europea tras la toma de decisiones sobre nuevas regulaciones. La Comisión Europea puede iniciar un procedimiento de infracción (incluido un posible caso judiciario ante el Tribunal de Justicia de la UE) si considera que las nuevas regulaciones violan la Directiva de Servicios.
iv. «La contribución de BusinessEurope ante la próxima Estrategia para el Mercado Interior sobre prioridades europeas y recomendaciones para un mejor funcionamiento del mercado único», 28 de septiembre de 2015. https://www.businesseurope.eu/sites/buseur/files/media/position_papers/internal_market/2015-09-28_contribution_to_internal_market_strategy_for_europe.pdf
v. Comunicado de prensa de BusinessEurope del 10 de enero de 2017: https://www.businesseurope.eu/publications/timely-services-package-european-services-e-card-needs-work Unas semanas después, un funcionario de la Comisión acudió a BusinessEurope para presentar el paquete de servicios a los miembros de la organización. BusinessEurope envió una carta de agradecimiento recalcando «el abierto intercambio de pareceres entre miembros sobre el procedimiento de notificación».
vi. BusinessEurope anunció que ejercería presión activamente sobre eurodiputados y gobiernos para apoyar la propuesta de Comisión: «Claro que también nos involucraremos activamente con el PE y a nivel del Consejo (donde, por supuesto, ya estamos debatiendo)». Correo electrónico de BusinessEurope a la Comisión Europea DG GROW, 27 de abril de 2017.
vii. Informe de reunión Eurocommerce 9/2 2017, 23 de febrero de 2017.
viii. Informe de posición sobre procedimiento de notificación de servicios, mayo de 2017.
ix. Correo electrónico de EuroChambres para la Comisión Europea, 15 de febrero de 2017.
x. Notificaciones de servicios – Reunión con Eurochambres, 10 de marzo de 2017.
xi. Paquete de servicios 2017: anotaciones en las propuestas para directivas de la UE.
xii. Correo electrónico de FSESP a la Comisión Europea del 16 de mayo de 2017.
xiii. FSESP, en su correo electrónico del 16 de mayo de 2017, señalaba que la valoración de impacto de la Comisión contenía «muy pocas referencias concretas a las regulaciones que realmente son injustificadas o desproporcionadas […] ¿Contamos con otras fuentes de información disponibles?». La Comisión respondía que «legalmente no es posible […] compartir documentación ad hoc sobre notificaciones específicas». La Comisión ofreció a los sindicatos reunirse y debatir sus preocupaciones. Correo electrónico de la Comisión a CES y FSESP, 29 de mayo de 2017.
xiv. Véanse los «Principios generales y estándares mínimos para consulta» de la Comisión Europea (mayo de 2015): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
xv. Véanse los «Principios generales y estándares mínimos para consulta» de la Comisión Europea (mayo de 2015): https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
xvi. Declaración de la Federación Europea de Asesores Fiscales (ETAF) en relación a la propuesta para una Directiva sobre un procedimiento de notificación para los regímenes de autorización y los requisitos relacionados con los servicios. 18 de mayo de 2017.
xvii. Carta de BusinessEurope a la Comisión, 3 de mayo de 2018.
xviii. Minutas de la reunión con el Comité para las Políticas del Mercado Interno de BusinessEurope, 26 de junio de 2018.
xix. Correo electrónico de EuroCommerce a la Comisión sobre el triálogo de las negociaciones relativas a los servicios, 14 de junio de 2018. Eurocommerce también afirmó que: «Podría ser opcional. Si un Estado miembro quiere notificar directamente a la Comisión debería ser posible (por defecto). La comunicación alternativa (para municipios) debería ser opcional. Debería ser una cosa o la otra, no ambas.»