Ante los últimos acontecimientos y contexto político relativos al anuncio de la Sentencia del Tribunal Supremo sobre el juicio a las personas líderes de la sociedad civil y representantes políticos, desde el equipo ODG queremos manifestar nuestro rechazo y preocupación por lo que implica esta sentencia. Además, nos sumamos a la Huelga General del viernes 18 de octubre y a las movilizaciones que se están sucediendo durante estos días, también secundadas por muchos otros movimientos sociales afectados por el contexto de vulneración de derechos fundamentales en el que estamos inmersas.
A continuación compartimos nuestro posicionamiento respecto al actual momento político:
En el ODG creemos y trabajamos desde el compromiso social, la democracia, la participación y la defensa de los derechos y libertades fundamentales para construir una vida digna de ser vivida, ya que pensamos que constituyen herramientas imprescindibles de transformación social. Es por este motivo que no podemos mantenernos al margen de esta situación, ni como organización ni como equipo de personas implicadas socialmente, así como de las repercusiones que está teniendo.
El referéndum de autodeterminación de Catalunya del 1 de octubre de 2017 fue un ejercicio democrático masivo y ejemplar por el derecho a expresarnos democráticamente a través de las urnas, fuese el resultado cual fuese, como ya lo han hecho en Escocia y en Quebec. Fue posible gracias a la participación de amplias capas de la población catalana, incluyendo numerosas entidades de la sociedad civil organizada, movimientos sociales, varios sindicatos, partidos políticos, personas a título individual y otros actores de diversa índole. Desde aquel día hemos vivido en Cataluña una escalada alarmante en el recorte de derechos, la represión a la protesta y la violencia policial e institucional, incluyendo la suspensión del auto-gobierno de Cataluña con la aplicación del artículo 155 o la judicialización de un conflicto político y social.
La sentencia supone la constatación de la deriva antidemocrática del Estado español y no solo no resuelve el conflicto, sino que tristemente lo agrava. Las fuertes movilizaciones y acciones de protesta que se están produciendo por todo el territorio catalán, ya sea de forma espontánea u organizada, son una muestra de este hecho, pero también de la determinación por defender unos derechos mediante la desobediencia civil legítima, enmarcada en la cultura de paz y la no-violencia.
Llegados aquí, nos parece especialmente importante destacar cómo esta sentencia abre la puerta a la persecución y criminalización generalizadas de cualquier movimiento de protesta o disidencia política con su aplicación del delito de sedición, como se puede observar en el siguiente extracto de la Sentencia:
«[…] También cuando los agentes tienen que claudicar y desistir de cumplir la orden judicial de que son portadores ante la constatada actitud de rebeldía y oposición a su ejecución por un conglomerado de personas en clara superioridad numérica. […] incluso mediante fórmulas de resistencia -si se quiere, resistencia noviolenta. […]»
Tal y como ya han manifestado diversas organizaciones y entidades de derechos humanos, incluir el delito de sedición -que supone para las personas condenadas penas de prisión de entre 9 y 13 años- en este tipo de hechos y comportamientos supone abrir la puerta a perseguir multitud de colectivos y movimientos sociales que los emplean en la defensa de derechos fundamentales como la vivienda, la sanidad, la educación, los servicios básicos, etc. En concreto, se ha abierto la puerta a poder condenar a cualquier persona del territorio español que practique la desobediencia civil noviolenta en movilizaciones, tal y como hacen desde el movimiento juvenil por el clima, el movimiento feminista o el movimiento popular por la vivienda y contra los desahucios, entre otros.
En el ODG formamos parte de diferentes redes y movimientos sociales en los que practicamos y trabajamos con la desobediencia civil legítima ante las injusticias como una herramienta de transformación social e incidencia política. Ante esta situación, queremos manifestar nuestro enérgico rechazo a lo que supone esta sentencia para el conjunto de la sociedad catalana y española. Además, exigimos la puesta en libertad de todas las personas detenidas y encarceladas, tanto de aquellas que los son a raíz del 1 de octubre como de las que lo están siendo a raíz de las protestas que han venido después.
Queremos aprovechar también para hacer un llamado a la importancia de cuidarnos ante la situación actual y en el conjunto de nuestras luchas para la transformación social. La intensa represión y las movilizaciones previstas los próximos días pueden comportar especialmente un importante estrés físico y psicológico. Ante esta situación, animamos también a todo el mundo a movilizarse en la medida de sus posibilidades para denunciar las injusticias y defender derechos fundamentales como la libertad de expresión, el derecho de reunión y de manifestación o el de participación política, ahora, aún con más motivo y fuerza.
Equipo ODG.