Después del fracaso de tantas APPs, voces están llamando la atención alrededor del mundo apuntando que las APPs no son la forma más eficiente de brindar servicios públicos e infraestructura adecuada a la ciudadanía.
La Unión Europea, junto con las instituciones mundiales lideradas por el Banco Mundial, han estado promoviendo el modelo de Asociación Público-Privada (APP) como la forma más eficiente de financiar los servicios públicos y la infraestructura durante las últimas dos décadas. Sin embargo, después de que más y más proyectos APP en todo el mundo estén resultando un fracaso en términos de costes, riesgo fiscal, derechos fundamentales, transparencia y prestación de los servicios, muchas voces en la UE cuestionan enérgicamente si las APP son una fórmula eficiente y justa. A principios de 2018, el mismo Tribunal de Cuentas Europeo criticó las APPs en un informe titulado «Asociaciones Público-Privadas en la UE: deficiencias generalizadas y beneficios limitados«, e indicó que «no siempre se gestionaron de manera efectiva y no proporcionaron una buena relación calidad/precio».
Dos importantes informes de la sociedad civil, que exponen los fracasos de las APPs en Europa y en los países en desarrollo, se presentaron el lunes 26 de noviembre en el Parlamento Europeo. “Historia repetida: cómo fracasan las asociaciones público-privadas”, incluye el Castor como caso de estudio.
Publicación en ‘The Parliament Magazine’: The problem with Public-Private Partnerships and the role of the EU
El proyecto Castor llega al Parlamento Europeo.
El Castor es la planta de almacenamiento de gas más grande del Estado español, construido en un viejo pozo de petróleo a 22 km de la costa de Tarragona, en el Mar Mediterráneo. La infraestructura nunca ha estado en funcionamiento, produciendo más de 1000 terremotos, algunos de más de 4 grados en la escala Richter. El proyecto tuvo que cancelarse debido a fallas evidentes, incluido una flagrante falta de diligencia a la hora de identificar los posibles impactos del proyecto. Ha resultado en una infraestructura muy costosa e innecesaria, que más que triplicó su coste inicial y se ha convertido en un escándalo por la connivencia política y corporativa percibida por la ciudadanía tras el proyecto. Financiado dos veces por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) -a pesar de las críticas del Parlamento Europeo y de su propio Mecanismo de Reclamaciones-, hasta la fecha el BEI nunca ha reconocido públicamente sus responsabilidades en este fiasco. El proyecto se incluyó como proyecto piloto del «Project Bond Initiative 2020»; un mecanismo financiero diseñado para beneficiar a los inversores, que finalmente actuó en contra del interés público, precipitando el pago de la indemnización a la empresa Escal UGS de ACS, a través de un decretazo del Gobierno. Un pago que desde la sociedad civil organizada consideramos ilegítimo, y por el cual se está luchando por revertir.
Castor, el proyecto fallido de APP más flagrante del Estado, es un ejemplo de lo que este modelo puede suponer: presunta corrupción, fraude y malversación de fondos públicos; graves impactos sociales y medio ambientales; y una deuda ilegítima a cargo de las arcas públicas. La ciudadanía se enfrenta a la posibilidad de tener que asumir el coste de esta APP, que asciende a 3.280 millones de euros, incluidos intereses, mantenimiento y la compensación pagada a la compañía, cuando esta renunció a la concesión. Esta deuda fue cargada a inicialmente a través de nuestras facturas de gas, ahora pendientes del próximo movimiento del Gobierno para cobrarlo. Actualmente existe una controversia entre la Administración y los bancos que financiaron la compensación (Santander, Caixabank y Bankia), ya que el Tribunal Constitucional dictaminó el pasado mes de diciembre que el mecanismo legal utilizado para cargar los costes a la ciudadanía a través del sistema gasísta no tenía la correcta forma legal. Recientemente también, el Tribunal Supremo ordenó al Gobierno devolver una parte de los gastos de mantenimiento a los ciudadanos, tan solo un 1%.
La movilización de la sociedad civil contra el proyecto Castor ha ganado más y más fuerza, organizándose a través del Caso Castor. El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el colectivo activista Xnet, el Institut de Drets Humans de Catalunya y ciudadanos/as a nivel voluntario, están colaborando para impulsar una campaña legal y de comunicación para esclarecer lo que hay detrás de las malas prácticas del proyecto Castor. El grupo ciudadano «Caso Castor» ha presentado una querella criminal contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y también de ACS, la 4ta empresa de construcción más grande del mundo, y accionista principal de Escal UGS (compañía que construyó el proyecto Castor). También en la querella hay 5 exministros y otros políticos y empresarios, por sus responsabilidades políticas en el proyecto, con denuncias por prevaricación, fraude en la administración pública y malversación de fondos públicos. La querella se encuentra ahora en el Tribunal Constitucional, después de ser rechazada por la Audiencia Nacional, en medio de una crisis del sistema judicial español.
Caso Castor ha demostrado que el modelo de APP representa una grave amenaza para las finanzas públicas, los derechos fundamentales y la democracia. De hecho, en el Estado español no existe una legislación para regular las APP, ni un organismo institucional que supervise estos proyectos. Esta falta de transparencia fomenta la mala praxis y gestión, que se encuentra en muchos proyectos de APP controvertidos. Solo por mencionar, el Estado utiliza el modelo público-privado de APPs en al menos 50 proyectos viales, en 13 hospitales y edificios sociales, 12 concesiones ferroviarias, 13 puertos deportivos, 19 puertos comerciales o extensiones y 10 servicios de concesiones de agua en las ciudades más grandes. Al igual que en el proyecto Castor, muchos de los contratos de APP que deberían ser públicos son inaccesibles para el escrutinio público, y no es posible contabilizar la extensión del uso de APPs, no la cifra que suponen.
Existe una necesidad urgente de monitorear y controlar los proyectos de APP por parte de la sociedad civil, haciendo que los procesos sean transparentes y participativos. O más aún; necesitamos un veto para este modelo dañino, como ya ha hecho el Ministerio de Justicia francés tras su desastrosa experiencia. El proyecto Castor ha demostrado que se cuidan poco los derechos e intereses públicos cuando las elites políticas, en connivencia con las corporaciones, operan sin transparencia ni control. En términos de calidad de nuestra democracia, riesgo fiscal y derechos de la ciudadanía, deberían prohibirse las APPs como un mecanismo para la prestación de nuestros servicios públicos e infraestructura.