Desde el Observatori del Deute en la Globalització nos sumamos a la convocatoria de huelga general por el derecho a la vivienda y firmamos el manifiesto «Vivir nos cuesta la vida».
Hace años que vivimos una ofensiva sostenida contra las condiciones de vida de la case trabajadora. Trabajar ya no garantiza vivir con dignidad, cobrar un salario no asegura acceder a una vivienda dogna. La productividad mejora, pero la jornada laboral se mantiene. Los beneficios empresariales baten récords, pero los salarios se quedan estancados. El PIB sube, pero la precariedad se extiende.
La vivienda se ha convertido en un bien inaccesible para muchas de nosotras: hoy, el coste medio para acceder a un hogar supera el 50% de los ingresos. Mientras los grandes especuladores concentran cada vez más propiedades, las trabajadoras somos condenadas a unos alquileres impagables, a vivir endeudadas, a sufrir pisos en mal estado y a no podernos independizar.
Esta ofensiva no se queda en la vivienda y en los salarios, también se extiende sobre los servicios públicos que sostienen la vida cotidiana. El sistema sanitario y la educación pública sufren un proceso de desmantelamiento progresivo: infrafinanciación crónica, precarización de las plantillas y procesos crecientes de externalización, mientras el negocio privado gana terreno. Mientras tanto, el dinero público se dedica al aumento del gasto militar para librar guerras que hacen subir todavía más los precios.
Nos dicen que esta es la legislatura de la vivienda, o que la economía va mejor que nunca. Pero, en la realidad, los trabajadores no hemos notado nada de eso y estamos sufriendo para vivir dignamente.
Pero los últimos meses también hemos vivido cosas esperanzadoras. La comunidad educativa ha hecho huelgas históricas. El campesinado ha conseguido paralizar las autopistas y los puertos para decir basta. Las manifestaciones por la vivienda han conseguido obligar a los gobiernos a hacer leyes que no querían hacer. Estos meses hemos visto como solo luchando podemos conseguir mejoras en nuestras vidas. Ahora es la hora de redoblar la lucha.
Por eso exigimos:
1. Bajada de los precios del alquiler
El precio del alquiler no lo puede fijar el mercado. Por eso hace falta reformar el índice de referencia del alquiler y vincularlo a los salarios.
2. Prohibición de desahucios sin alternativa y contratos indefinidos
Hay que garantizar las condiciones mínimas de estabilidad residencial como condición para tener seguridad material. Por eso reclamamos la prohibición de todos los desahucios en caso de personas vulnerables y sin alternativa residencial y que los contratos de alquiler sean indefinidos.
3. Expropiación de viviendas de bancos y fondos buitre
Hay que recuperar las viviendas de los grandes especuladores y ponerlos bajo control público, como también prohibir las compras especulativas para evitar el acaparamiento.
4. Construcción de un parque público de vivienda d’un parc públic d’habitatge
Hay que construir un verdadero parque público de vivienda, financiado mediante un impuesto especial al rendismo. Este deberá ser totalmente público, eliminando el tope de ingresos mínimos para acceder a él.
5. Reconocimiento de los derechos sindicales
Los derechos deben garantizarse a través de la organización de los trabajadores. Por eso hay que reconocer los derechos sindicales en materia de vivienda, añadiendo el derecho de negociación colecitva, a la representación sindical y a la huelga de alquileres cuando se den situaciones de incumplimiento por parte de la propiedad.
6. Aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.600€ y pensión mínima igual al SMI
El salario mínimo debe garantizar las condiciones de vida dignas. A día de hoy no lo hace.
7. Reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales
Reducir la jornada significa repartir el trabajo, combatir el paro, mejorar la salud, la calidad de vida y la conciliación.
8. Incremento de los salarios con la pérdida efectiva de poder adquisitivo
Para una parte muy importante de la población trabajadora, el alquiler o la hipoteca absorven entre el 40% y el 60% de los ingresos, pero su ponderación en el IPC es insuficiente, generando una distorsión entre la inflación oficial y el coste real de la vida.
9. Defensa de todos los servicios públicos
Ni salarios por tierra, ni vivienda por las nubes. HUELGA GENERAL!
