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La nueva burbuja de las infraestructuras; las CPPs


Las Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas (CPPs, o PPPs por sus siglas en inglés) no son nuevas; se han impulsado durante las últimas dos décadas sobre todo por el Banco Mundial, con otros actores como la UE.

Las CPPs son cualquier acuerdo entre un gobierno y el sector privado en el que las actividades tradicionalmente públicas son realizadas por el sector privado. Pueden incluir desde colaboraciones informales y de corta duración para implementar programas o proyectos específicos, hasta acuerdos contractuales más complejos, formales y a largo plazo en los que el sector privado colabora en el suministro de activos y servicios.

Desde el ODG, hemos elaborado el informe Colaboraciones (o concesiones) Público-Privadas: el caso de las Infraestructuras” que analiza las principales motivaciones y críticas después de dos décadas de CPPs.

Estos contratos entre el sector público (nacional o local) y una empresa del sector privado (o consorcio) oscilan entre los 15 y los 35 años; una empresa privada acepta los términos de la entrega de un servicio al gobierno o al público por un activo determinado, que puede ser de infraestructuras de transporte, agua y saneamiento, energía pero también de salud, educación y seguridad. El sector público suele especificar la calidad y la cantidad del servicio que requiere del sector privado. Estos acuerdos tienen un componente de financiación privada que debe ser reembolsado por el erario público y/o los usuarios que pagan durante la vigencia del contrato. La empresa del sector privado se compromete a entregas específicas que conllevan riesgos asociados. A la finalización de la construcción o al final del contrato, la propiedad del activo se devuelve al sector público.

Hasta aquí la teoría, pero en la práctica estamos viendo como son contratos que salen más caros, transfieren el riesgo de lo privado a lo público, hay una enorme falta de transparencia y corrupción asociada, junto a una falta de capacidad estatal para negociar y monitorizarlos y enormes impactos sociales y ambientales.

En el mes de marzo de este año, el FMI ha subido el volumen de las advertencias de una nueva crisis de deuda en el Sur Global, que obviamente puede tener un eventual efecto dominó en el Norte. Una de las principales razones es el riesgo potencial para las finanzas públicas que representan las Colaboraciones Público-Privadas. Las preocupaciones sobre las CPPs son tan grandes que más de 150 organizaciones exigimos el fin de su promoción. Aquí el comunicado de la sociedad civil. Las instituciones deben ser responsables y prestar atención a las advertencias para garantizar soluciones en lugar de seguir prescribiendo medicinas ineficaces en forma de austeridad e inversiones CPP de alto riesgo.

Un ejemplo de este tipo de proyectos en nuestro territorio es el Caso Castor.

También el pasado mes de marzo, los auditores del Tribunal de Cuentas Europeo han afirmado que las Colaboraciones Público-Privadas de la UE adolecen de deficiencias generalizadas y beneficios limitados, indicando que no pueden considerarse una opción económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas, en un nuevo informe del Tribunal de Cuentas Europeo. Las CPP auditadas presentaban deficiencias generalizadas y beneficios limitados, que supusieron 1 500 millones de euros de gasto ineficiente e ineficaz. Además, la relación calidad-precio y la transparencia se vieron considerablemente comprometidas, en concreto por una política y una estrategia poco claras, por un análisis inadecuado, por el registro de las CPP fuera del balance y por acuerdos desequilibrados de distribución del riesgo.
Referencias:
The fiscal costs of PPPs in the spotlight, Maria josé Romero – Eurodad
Informe del Tribunal de Cuentas Europeo:

https://www.eca.europa.eu/es/Pages/NewsItem.aspx?nid=9700

Comunicado de la sociedad civil:

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