Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas (CPPs)

Las CPPs, tal como las conocemos, nacieron en 1992 en el Reino Unido como una maniobra contable para esquivar las restricciones del gobierno sobre el endeudamiento público, punto que sigue siendo la principal atracción para gobiernos y las instituciones internacionales.

A medida que en el resto de Europa, y el mundo, se comenzó a limitar el endeudamiento público con la aplicación de medidas neoliberales y de la austeridad, también se disparó la utilización de las CPPs como un componente de la política de privatizaciones como una forma de equilibrar los presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento; son privatizaciones encubiertas.

Las prácticas contables de las CPPs permiten a los gobiernos mantener el proyecto fuera de sus cuentas, ya que es el sector privado -y no el gobierno- el titular del préstamo que financia el proyecto. Se llama contabilidad creativa: el coste real del proyecto está escondido. Estas prácticas exponen las finanzas públicas a excesivos riesgos, como ha demostrado el proyecto Castor.

Ante una nueva crisis de la deuda ya desplegándose, agravada por la pandemia Covid-19, las CPPs esconden el valor real de la deuda pública del Estado. Si la burbuja del 2008 se generó a través de la financiarización de la vivienda y las ‘subprimes’, ahora estamos ante a la burbuja de la financiarización de la infraestructura y servicios públicos a través de las CPPs.

QUÉ SON Y POR QUÉ

Existen muchos tipos de CPPs y hay muchas maneras de clasificarlos, pero en resumen, son fórmulas para que el sector privado construya y gestione bienes o servicios tradicionalmente públicos (como hospitales, escuelas, carreteras, vías férreas, agua, saneamiento y energía…), respaldados con garantías públicas. De esta manera se traslada el riesgo a lo público: si funciona, el beneficio es privado, si falla lo pagamos nosotros.

Se pueden regir bajo diferentes formas contractuales como concesiones, gestión interesada, sociedad mixta o contrato de servicios. El sector público suele especificar la calidad y la cantidad del servicio que requiere del sector privado. Estos acuerdos tienen un componente de financiación privada que debe ser reembolsado por el erario público y/o los usuarios que pagan durante la vigencia del contrato. La empresa se compromete a entregas específicas que conllevan riesgos asociados. A la finalización de la construcción, o al final del contrato, la propiedad del activo se devuelve al sector público.

En muchos casos, el sector privado selecciona un pequeño número de los proyectos más rentables y convencen a los gobiernos para que den prioridad a la inversión en estos proyectos, no teniendo en cuenta la distorsión que esto causa en la provisión de los servicios públicos. En Europa, las CPPs han financiado algunas carreteras de peaje lucrativas en rutas congestionadas existentes, pero no la ampliación de carreteras sin peaje.

Proporcionan además gran rentabilidad política, ya que permiten llevar a cabo en poco tiempo (cuatro años hasta las próximas elecciones) «grandes cosas».

Este gran empuje de las CPPs viene enmarcado en la creciente demanda por parte de grandes inversores institucionales del mundo (como fondos de pensiones, compañías de seguros o fondos de riqueza soberana), que gestionan trillones de dólares, y que buscan una cartera diversificada de inversiones con atractivos rendimientos. Estos grupos han ejercido presión para abrir fondos especializados, contribuyendo así a la financiarización de la infraestructura y de los servicios públicos.

CRÍTICAS

La experiencia de las CPP ha sido abrumadoramente negativa y muy pocas han conseguido resultados positivos para el interés público, exponiéndonos a diferentes riesgos:

– SOBRECOSTES: suelen ser el método más caro de financiación, de alto riesgo y gestionados a menudo de manera poco eficaz.

– DEUDA: hay una falta total de información sobre los avales públicos en proyectos CPP, no pudiendo calcular cuánta deuda pública se podría crear si lo público tiene que rescatar una inversión privada; una deuda que podría calificarse como ilegítima.

– AMENAZA A LA DEMOCRACIA, FALTA DE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN: muchas veces socavan el derecho y la obligación del Estado de regular en el interés público, adolecen de falta de transparencia (con una baja de publicación de contratos, información fiscal deficiente y procesos de toma de decisiones opacos y deficientes) y tienen un escrutinio público limitado, que conduce en muchos casos a un aumento de oportunidades para el comportamiento corrupto. Tampoco garantizan la libre concurrencia (contratos cerrados sin publicación previa).

– IMPACTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y DE GÉNERO: pueden resultar en abusos a los derechos humanos, sociales, ambientales y de género, ya que lo que importa al inversor privado es la la rentabilidad económica, con una tendencia a financiar megaproyectos con impactos climáticos devastadores, destruyendo territorios y ecosistemas, y desplazando comunidades enteras, especialmente en el Sur Global.

MARCO LEGAL DE LAS CPPs EN EL ESTADO ESPAÑOL

En el Estado hay falta de capacidad para negociar y monitorizar CPPs y no existe un reglamento específico que las regule.

Se rigen por la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), sin un reglamento específico. Tras las advertencias de la UE sobre las deficiencias del Estado en la supervisión y regulación de este tipo de contratos, primero el gobierno del PP creó la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) -que no produjo ningún resultado-, y luego el gobierno del PSOE, desde junio de 2018, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIReScon), que tiene como misión velar por la correcta aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades y corruptelas en la contratación pública.
La segunda presidenta que tiene el OIReScon, sustituye a la anterior que dimitió por la «falta de medios y de independencia» de la entidad, después de emitir un duro informe sobre las contrataciones de emergencia llevadas a cabo por las administraciones durante el primer Estado de Alarma decretado por la COVID-19.
La OIReScon puede jugar un papel importante tras la pandemia, supervisando la contratación pública y su gestión en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia -los fondos europeos Next Generation EU-, que empezaran a llegar en 2021.
La presidencia de la OIReScon también conlleva la presidencia de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que debería encargarse de analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas, y que se mantiene inactiva por falta de recursos.
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha prometido dotar de más medios al supervisor de los contratos públicos, como una página web propia y herramientas de tratamiento masivo de datos, pero seguirá sin independencia presupuestaria y funcional. El Ministerio de Hacienda, al que está adscrito, ni detalla las partidas que recibirá la OIReScon ni le da acceso a información interna para ejecutar su función; la oficina solo cuenta con los datos que se publican en la web de contratación del Estado.

RECOMENDACIONES

La proliferación generalizada de las CPPs sin más evidencia de su éxito en términos económicos, sociales y medioambientales es inadecuada. NECESITAMOS estricta regulación, supervisión, control democrático y transparencia mientras se transita hacia un modelo 100% público y público-comunitario.

– No ocultando sus costes reales y reconociendo sus riesgos.

– Mejorando la transparencia y gobernanza, con procesos de participación ciudadana y democrática, y rendición de cuentas de los resultados.

– Cortocircuitando la corrupción y connivencia político-corporativa (facilidades y regalos).

– Haciendo una evaluación multicriterio de los proyectos, no solo económico, con los beneficios sociales a la vanguardia.

– Mejorando el funcionamiento del sector público, cuyas inversiones en infraestructuras son mucho más altas que las privadas (el ratio es de 90% a 10%) y frenar la privatización encubierta.

La salud, educación, transporte e infraestructuras, entre otros, son servicios y bienes comunes para toda la población.

Deben estar blindados en la Constitución como derechos fundamentales y protegidos ante intereses privados.

Informes y publicaciones ODG sobre CPPs:
Mega-infraestructura como mecanismo de endeudamiento
CPP – Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas: el caso de las Infraestructuras
La nueva burbuja de las infraestructuras; las CPPs
Historia Repetida: cómo fracasan las Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas
Los riesgos de las CPPs: el caso Renace en Guatemala
Las colaboraciones público-privadas (CPPs) como herramientas de privatización:
– El marco legal y caso de infraestructura
– El caso de sanidad
– El caso de educación

Referencias de interés:
– El Proyecto Castor, anunciado como el depósito submarino de gas natural más grande del Estado español, provocó más de mil sismos y cerró sin haber entrado en funcionamiento ni un solo día. Hasta la fecha, el Castor ha costado al erario público unos 3.280mill€, que en un principio se cargó al bolsillo de las personas consumidoras de gas, ahora un conflicto multidimensional pendiente de resoluciones y peleado desde la ciudadanía organizada a través de la plataforma Caso Castor.
– A case study of a failed PPP from an investor perspective: this case study examines a disastrous series of private infrastructure equity and debt investments: ten Spanish toll roads procured between 1998 and 2004. Despite these projects being procured with the discipline of non-recourse project financing and the presence of a blanket government guarantee, within a few years of their becoming operational, nine out of ten roads were bankrupt, their equity investors wiped out and their lenders booking losses of 90 cents on the dollar.
– Manifiesto CPP: firmado por 152 organizaciones de 45 países en contra del modelo CPP.
– Consejo de Europa en su informe Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados.
– Informe Tres razones de peso por las que el plan del G20 de convertir la infraestructura en una clase activo es un gran error (Eurodad).