El proyecto Castor es un almacén geológico de gas: un antiguo yacimiento de petróleo que, ya vacío, es utilizado para inyectar gas, 22 km mar adentro. Además de la plataforma marítima, cuenta con una planta de operaciones terrestre, unidas por un gasoducto de 30 kilómetros.
Los seísmos provocados por la construcción del proyecto Castor son sólo la punta del iceberg: más de 1.000 terremotos en la zona entre Benicarló, Vinaròs y Alcanar. Un proyecto fallido, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros que ha acabado teniendo un coste de 1.700 millones de euros.
Nos deja 20 personas investigadas por prevaricación medioambiental y una indemnización para la empresa constructora ESCAL UGS/ACS de 1.351M€ (tras su renuncia a la concesión), en concepto de «reconocimiento de una compensación por las inversiones efectuadas», a la que si añadimos los intereses nos queda la cifra de 2.420M€ a pagar por los ciudadanos en 30 años. Un negocio muy lucrativo para la empresa, y para la banca: los 1.350M€ ya han sido avanzados por bancos como el Santander, Bankia y Caixabank por orden del Gobierno antes de agotar el plazo de 30 días –a pesar de tener una sentencia del Tribunal Supremo que permitía no tener que hacerlo-, mientras otras transferencias a servicios públicos se retrasan meses o incluso nunca llegan.
En el proyecto Castor han intervenido: un conglomerado de empresas lideradas por la multinacional ESCAL UGS/ACS de Florentino Pérez, sucesivos gobiernos -tanto del PP como del PSOE- y sus Ministros de Industria, Energía y Turismo, y todo con el apoyo económico del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Un proyecto liderado por este triunvirato que ha supuesto, a día de hoy, un coste aproximado de 3.420M€, añadiéndo el mantenimiento, el coste del posible desmantelamiento y otros gastos varios.
Esta cifra la estamos pagando los y las ciudadanas, en diferido en nuestra factura del gas, mientras nuestra población sufre un 17% de pobreza energética. En un contexto de crisis y desinversiones sociales, el gasto del Castor supera el importe de los recortes en sanidad.
El proyecto Castor ha generado deuda ilegítima, y quieren que la paguemos de nuestros bolsillos. Una deuda privada donde se han socializado todos los costes y riesgos, con unas instalaciones que no se desmantelan, y una deuda que sigue creciendo.
Pero no lo vamos a permitir… nos estamos organizando para revertir esta estafa.
El #JudiciCastor es sólo el principio. Os mantendremos informadas.
El Juicio Popular al Castor se celebró el 17 de junio en Barcelona,
en el Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.