- El ODG se suma al manifiesto de la Xarxa per la Justícia Climàtica i Rebelión por el Clima sobre la reciente aprobada Ley del Cambio Climático. El manifiesto cuenta con el apoyo de más de un centenar de organizaciones.
- Las organizaciones aseñalan que el texto actual no permitirá al Estado español cumplir con sus compromisos climáticos en 2030, como reclama la comunidad científica. Por eso siguen reclamando una ley a la altura de la emergencia climática.
Hace más de dos años que se inició la tramitación del Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que acaba de ser aprobado por el Congreso de los Diputados. Durante todo este tiempo las consecuencias de la emergencia climática avanzan. El planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y provocan terribles consecuencias. El año 2020 es uno de los más cálidos jamás registrados.
Después de cinco años desde la firma del Acuerdo de París, la ley climática falla de nuevo en atender las indicaciones científicas. Esto llevará a un incremento de la temperatura global muy por encima de 1,5 ºC. En 2019 la comunidad internacional y científica advirtió de la necesidad de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) en un orden superior al 7,6 % anual. Un ritmo de reducciones que debería llevar al Estado español a una meta de reducción de emisiones GEI superior al 55 % en 2030 con respecto a 1990. Sin embargo, la ley firmada se limita a una escasa reducción del 23 %, que se queda muy lejos incluso de lo que el mismo gobierno ha aprobado en las instituciones europeas. Este es un aspecto clave que, por sí solo, hace que la ley nazca obsoleta.
Es necesario aprobar una ley para abordar con urgencia la emergencia climática, pero los contenidos con que se presenta llegan con más de una década de retraso. Existen avances como la prohibición de la minería de uranio, de las prospecciones de combustibles fósiles o el cálculo de la huella de carbono en el sector financiero, así como la incorporación de un objetivo 100 % renovable, aunque solo para el sistema eléctrico y demasiado lejano. Sin embargo, la falta de concreción de algunas de las propuestas, el dejar a normativas posteriores objetivos fundamentales o la falta de una apuesta clara por impulsar mecanismos de participación ciudadana ponen en riesgo los tímidos avances que se den en los próximos años.
A lo largo de más de dos años de tramitación, numerosas personas se han movilizado en las calles exigiendo justicia climática, se han trasladado numerosas observaciones al texto, se han publicado numerosas notas de prensa y manifiestos reclamando medidas a la altura del reto actual. El texto final no recoge estas peticiones. De hecho, el proyecto de ley se ha debilitado durante este proceso al dejar la puerta abierta a los combustibles fósiles y permitir el uso del gas en todo el transporte, lo que a juicio de Ecologistas en Acción es inadmisible. Tampoco contempla la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles ni medidas necesarias para frenar el incremento de los viajes en avión, o la creciente e insostenible industrialización de la agricultura y ganadería.
Con la aprobación de esta ley se cierra una ventana de oportunidad para enfrentar de forma real la emergencia climática. Este podría haber sido el momento para responder a la falta de medidas capaces de frenar un modelo de producción y consumo que genera el cambio climático, y que además se demuestra incapaz de satisfacer las necesidades vitales de las personas, precarizándolas y poniendo en situación de vulnerabilidad a gran parte de la población mundial, de los ecosistemas y el resto de seres vivos que habitan este planeta.
En la ley se promete un proceso de revisión de sus objetivos, que ya hoy están totalmente desfasados, para 2023. Ecologistas en Acción reclama que se inicie ya un debate público sobre unos objetivos climáticos mucho más ambiciosos. En este sentido, seguiremos atentamente la gestión que se haga de la Asamblea Ciudadana por el Clima que contempla la ley, ya que, con la experiencia de los precedentes en Reino Unido y Francia, la organización ecologistas considera importante que se lleve a cabo con garantías de representatividad, independencia respecto a partidos y partes interesadas, transparencia, debate público y compromiso político con sus resultados.
La norma incurre además en las atractivas falsas soluciones del capitalismo verde, que aluden a adelantos tecnológicos sin tener en cuenta su elevado coste energético y material ni los efectos sobre las vidas de las personas y el resto de seres vivos de la Tierra. Es imprescindible reducir el consumo de materiales y energía, acompañándolo de una redistribución de la riqueza y del trabajo que garantice una vida digna para todas las personas, y con la construcción de modelos basados en la cooperación, la solidaridad local y global, y la interdependencia de los cuidados esenciales.
Seguiremos luchando por el cambio necesario, un cambio que ponga en el centro las personas, los cuerpos, los territorios i la Tierra, sin dejar a nadie detrás.
Xarxa per la Justícia Climàtica
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