El nuevo Fondo de Recuperación Next Generation EU podrá movilizar en España un volumen de inversión sin precedentes: hasta 140.000 millones de euros repartidos en 72.000 millones en transferencias (subvenciones a fondo perdido) y resto en créditos (préstamos) durante los próximos seis años (2021-2017); un 11% del PIB de 2019.
Son unas ayudas vitales y urgentes para una gran parte de la sociedad; empresas, PYMEs, autónomos y economía social, y el acceso en igualdad de condiciones y la transparencia en el reparto de estos fondos es clave. La gestión de estos fondos, el control previo de las asignaciones y el seguimiento de los proyectos se detallan en el Real Decreto Ley que el Gobierno publicó en el BOE del 30 de diciembre del 2020.
Se trata de un ‘decretazo’ puesto sobre la mesa sin información previa ni debate público, que centra toda la responsabilidad en el Gobierno y que a todas luces no garantiza los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación de acceso. Estos conceptos son mencionados de forma vaga y no desarrollada a lo largo del texto, dejando muchos cabos sueltos y muchas incógnitas sobre cómo se podrá acceder a los fondos y cerrando la puerta a una futura y necesaria fiscalización.
Artículo periodístico: Sandra Vicente
Publicado en: Sevilla Actualidad, 27 de enero 2021
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