El análisis de legitimidad de los pagos realizados por los usuarios particulares y empresariales (PYMES fundamentalmente) al sector eléctrico español tras el intento de liberalización posterior a 1997 (1998-2013) se centra en investigar: la justificación de los pagos, la coherencia entre la justificación y el destino real de los mismos, si son económicamente razonables, las condiciones en las que fueron instituidos y, en general, si sirven a los intereses de la población.
Los resultados obtenidos señalan que el reparto de las cargas relacionadas con la producción de electricidad ha sido significativamente desequilibrado. Tanto en lo que se refiere a la economía real-real, donde el sector eléctrico español ha contraído una deuda ecológica inconmensurable debido a que algunos de los daños causados en el periodo son irreparables (muertes, daños a la salud y deterioro ambiental local y climático). Como en lo que se refiere a la economía real, donde a través de la tarifa eléctrica fundamentalmente, el Estado ha reconocido la realización de unos pagos que no responden a los intereses de la población por valor superior a los 60.000 millones de euros (1998-2013), debidos a los costes de transición a la competencia, los pagos por capacidad, la interrumpibilidad, el alquiler de contadores, la energía nuclear, el carbón, los pagos del déficit de tarifa y los beneficios extraordinarios (caídos del cielo) generados por el mercado de fijación de precios. Y también como resultado de la subasta CESUR y la deuda asociada al déficit de tarifa, en lo que se refiere al nivel financiero de la economía, por valor de más de 24.000 millones de euros.
Estos resultados sugieren que tanto el sector eléctrico español como sus empresas principales (asociadas en Unesa) no son sostenibles económica, social ni ambientalmente sin la “ayuda” ilegítima reconocida. La opacidad en el reconocimiento por parte del Estado de dichos pagos hace necesaria una auditoría pública del sector con participación ciudadana, que establezca la cuantía de los pagos ilegítimos, cancele las deudas y los mecanismos que las generan, y ponga en marcha un proceso de reparación de dicho desequilibrio en el reparto de las cargas del servicio eléctrico. De la transformación profunda del sector eléctrico que aumente la participación social, la transparencia y el reparto equilibrado de sus cargas depende la viabilidad de la economía, la estabilidad del sistema político y social, y la sostenibilidad ambiental.