A punto de cumplirse el plazo para que la promotora reciba los 1350 millones de euros, se posicionan en contra del pago y exigen acciones políticas
Diversas organizaciones de la sociedad civil (entre ellas la Aliança contra la Pobresa Energètica, la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético) preocupadas por el desenlace del proyecto de almacenaje submarino de gas natural Castor, muestran este jueves su rechazo frontal a la indemnización que el Real Decreto Ley del pasado 3 de octubre garantiza a ESCAL UGS por renunciar a la concesión. Las organizaciones urgen a los representantes de los diferentes grupos políticos a que un mínimo de 50 diputados o senadores lleve a cabo una impugnación del RDL ante el Tribunal Constitucional antes de que termine el plazo para presentarlo, el 3 de enero de 2015.
Después de un trabajo a distintos niveles (local, catalán, estatal y europeo), así como con diferentes organizaciones e instituciones que han corroborado los impactos ambientales, sociales y económicos de este proyecto, las organizaciones firmantes hacen un llamamiento para el no-pago de la deuda del proyecto por parte de la ciudadanía y para que las instalaciones sean desmanteladas, dos demandas que el RDL imposibilita. También el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de Cataluña) ha propuesto a la Generalitat y a la Defensora del Pueblo esta impugnación, y ha animado a los Defensores de otras Comunidades Autónomas a plantearlo en sus gobiernos.
ESCAL UGS, participada en el 66,6% por la ACS de Florentino Pérez, presentó su renuncia el pasado verano, y hace poco más de un mes el RDL le garantizó una indemnización de 1350 millones de euros, a cargo del sistema gasista, permitiendo también la hibernación de las instalaciones indefinidamente. El plazo para el pago de la indemnización a ESCAL UGS, que debía hacerse con una celeridad sorprendente para un momento de crisis como el actual (un máximo de 35 días para realizarlo), terminará mañana viernes 14 de noviembre. En la práctica, se calcula que la cantidad total que asumiría la ciudadanía podría ascender a más de 4.700 millones de euros, a pagar durante 30 años. A esta cantidad hay que añadir los 100 millones de euros anuales para el mantenimiento de las instalaciones, más otros costes de operación y administración en los que incurra Enagás, el nuevo gestor de las instalaciones, y que también se irían aplicando a la factura del gas.
En un momento de especial fragilidad por el aumento del desempleo y los recortes sociales, donde la pobreza energética ya afecta al 17% de la población, la ciudadanía verá como sus facturas se incrementan todavía más. En el año 2013 se produjeron en España más de 75.000 cortes de suministro de gas por impago, 86% más respecto al 2012, y más de 1.1 millones de cortes de suministro eléctrico por impago, un 24% más que el año anterior. Si la indemnización de Castor se incluye en la factura del gas y se incrementa todavía más su importe, ¿en qué situación se dejará a las familias? Su endeudamiento crecerá, empeorando así su situación económica y afectando gravemente a sus condiciones de vida. Mientras las empresas suministradoras de servicios básicos no dan cobertura a toda la población, se le exige a la ciudadanía responder por un proyecto impuesto e innecesario.
Organizaciones locales que desde el inicio alertaron de la opacidad durante todo el proceso, de los peligros asociados -como el demostrado riesgo sísmico-, o de las irregularidades administrativas, ven ahora cómo se pretende mantener a flote esta infraestructura, mientras la ciudadanía cubre con sus costes y riesgos, como los que podrían desprenderse de la vuelta a la inyección de gas, o incluso de la extracción de hidrocarburos que el RDL contempla. La ausencia del principio de precaución ha quedado en evidencia, así como la falta de voluntad para explorar opciones energéticas que no sean fósil-dependientes y que no hipotequen a la población a 30 años. Ante el contexto socio-económico actual se requiere, más que nunca, que el dinero público y de la población contribuyente deje de destinarse a pagar infraestructuras y modelos energéticos que tienen severos impactos sobre la vida de las personas, el territorio y el medio ambiente.
Las organizaciones firmantes también proponen la participación de la ciudadana en una recogida de firmas a través de la plataforma AVAAZ para dar su apoyo a la impugnación y presionar en el cumplimiento de estas demandas: que la población no pague por este proyecto mal planificado, mal ejecutado y con un contrato abusivo, y que se consiga el desmantelamiento de las instalaciones, ambas peticiones ligadas a una fuerte exigencia de responsabilidades a todos los niveles.
Organizaciones que dan apoyo:
– Aliança contra la Probresa Energètica
– Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
– Ecologistes en Acció
– Enginyeria Sense Fronteres (ESF)
– FACUA Catalunya
– Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
– Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC)
– Observatori del Deute en la Globalització (ODG)
– Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia
– Plataforma por un nuevo modelo energético
– Xarxa per la sobirania energètica (Xse)
– Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat, salut, consum i alimentació
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