Nuevo informe expone cómo las Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas (CPPs) en todo el mundo agotan los fondos públicos mientras no se ejecutan en el interés público
Desde el fracaso total del proyecto Castor en el Estado español, hasta un hospital con un precio exorbitante en Suecia, los proyectos financiados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) no hacen ninguna excepción a la lista de desastres del modelo de las Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas (CPPs) compilada en este nuevo informe conjunto.
Historia repetida: cómo fracasan las colaboraciones público-privadas; el informe se lanza con motivo de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, y ha sido escrito por expertos de los cuatro continentes, de organizaciones como el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Expone los impactos negativos de las CPPs, que con demasiada frecuencia causan miseria para las comunidades locales, además de verse envueltas en casos de connivencia política-corporativa.
El informe muestra que los bancos multilaterales de desarrollo, como el Grupo del Banco Mundial (WBG) y el BEI, han desempeñado un papel destacado en la prestación de asesoramiento y financiamiento para proyectos de CPPs en diferentes sectores. Esto sigue ocurriendo a pesar de la creciente evidencia que muestra que las CPPs son caras, arriesgadas y opacas.
María José Romero, una de las autoras del informe y Gerente de Políticas e Incidencia de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo (Eurodad), dice: “Este informe es una llamada de atención seria. Es una colección de historias devastadoras, la mayoría de las cuales se traducen en escándalos nacionales e internacionales, tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas”.
“El año pasado lanzamos un manifiesto de campaña en el que más de 150 organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo pidieron el fin de la promoción agresiva de las CPPs. Hay evidencia abrumadora del daño que causan. ¿Cuántos escándalos más necesitamos antes de un replanteamiento serio?”
El informe cubre 10 casos de estudio de Colombia, Francia, India, Indonesia, Lesoto, Liberia, Perú, España y Suecia. Los sectores investigados incluyen educación, salud, agua y saneamiento, energía e infraestructura.
Algunos de los principales hallazgos son:
• Todos los proyectos tuvieron un alto coste para el presupuesto público y un nivel de riesgo excesivo para el sector público y, por lo tanto, resultaron en una pesada carga para los ciudadanos.
• Nueve de los 10 proyectos carecían de transparencia y/o no consultaron con las comunidades afectadas, socavando la responsabilidad democrática.
• Cinco de los 10 proyectos impactaron negativamente en la población pobre, y contribuyeron a un aumento en la división entre ricos y pobres.
• Tres de los 10 proyectos CPPs resultaron en graves impactos sociales y ambientales.
Los casos de estudio incluyen tres proyectos financiados directa o indirectamente por el BEI.
Destaca el proyecto Castor en el Estado español, financiado dos veces por el BEI, y que se encuentra entre las CPPs que tuvieron que cancelarse debido a fallas evidentes, incluida la debida diligencia para identificar los posibles impactos del proyecto. Considerado como la mayor planta de almacenamiento de gas en alta mar en el país, el proyecto Castor se paralizó después de que las inyecciones de gas causasen más de 1.000 terremotos. A pesar de que nunca se ha utilizado, la planta hasta ahora ha costado al erario público 3,28 mil millones de euros, que inicialmente se programó para ser pagada a través de las facturas de gas de la ciudadanía. Hasta la fecha, el BEI nunca reconoció públicamente sus responsabilidades en este fiasco, a pesar de las críticas del Parlamento Europeo y de su propio Mecanismo de Quejas.
El BEI también financió una CPP fracasada en Suecia, donde la construcción del hospital Nya Karolinska Solna (NKS) tuvo un coste que se disparó de 1.400 millones de euros a 2.400 millones de euros, y se vio afectada por fallos técnicos. Ahora es conocido como el «hospital más caro del mundo».
Por último, pero no menos importante, mediante la financiación de Bridge International Academies Ltd (BIA) a través del fondo de capital de Novastar, el BEI contribuyó a apoyar a un cliente involucrado en un polémico proyecto educativo de CPP en Liberia. De hecho, el gobierno de Liberia subcontrató la mayor parte de sus escuelas públicas primarias y guarderias a BIA, pero el proceso no fue competitivo, las comunidades locales no fueron consultadas adecuadamente y no hubo transparencia en el proceso.
Xavier Sol, Director de Counter Balance, indica que: “Los hallazgos críticos de este informe se producen en un momento en que la naturaleza problemática de las CPPs es cada vez más reconocida por la sociedad civil, pero no solo. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado recientemente un informe que también señala los numerosos fracasos de los proyectos de CPP respaldados por el BEI en países como Grecia y España. Es hora de que el BEI y otras instituciones asuman sus responsabilidades y trabajen con los países para implementar un método transparente, justo y responsable para financiar los servicios públicos».
El informe recomienda que el GBM, el FMI y otros bancos públicos de desarrollo como el BEI, junto con los gobiernos de los países desarrollados, desempeñen un papel principal en estas instituciones:
• Deteniendo la agresiva promoción e incentivación de las CPPs para el financiamiento de infraestructura social y económica,
• Ayudando a los países a encontrar el mejor método de financiamiento para los servicios públicos en infraestructura social y económica,
• Asegurando que haya buena gobernabilidad democrática antes de desarrollar infraestructura o servicios a gran escala,
• Asegurando que se aplican rigurosos estándares de transparencia.
Notas a los editores:
• Desde 2004, ha habido un rápido crecimiento en la cantidad de dinero invertido en CPPs en el mundo en desarrollo. Aunque la tendencia ha sido volátil desde 2012, los esfuerzos de los bancos multilaterales de desarrollo para apalancar el financiamiento privado tanto en las economías emergentes como en las de bajos ingresos han continuado, por ejemplo, a través del enfoque «Cascada» desarrollado por el GBM, en el cual el uso del financiamiento privado se prioriza sobre las finanzas públicas o concesionales.
• Este informe muestra que muchos de los proyectos se han ejecutado como CPPs solo para eludir las restricciones presupuestarias y posponer el registro de los costes fiscales. Algunas prácticas contables permiten a los gobiernos mantener el coste del proyecto y sus pasivos contingentes «fuera de balance». Esto termina exponiendo las finanzas públicas a riesgos fiscales excesivos.