Opinión | El Salto | Poner fin a los combustibles fósiles con mecanismos efectivos de control de las multinacionales


Artículo de opinión sobre como el poder corporativo copta las decisiones sobre el cambio climático y los derechos humanos. Por Júlia Martí, investigadora del Observatori del Deute en la Globalització

Las Cumbres Climáticas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU han sido cooptados por el poder corporativo: ¿Será el Parlamento Catalán la excepción?

Además de todas las críticas que ya se han hecho sobre la falta de ambición del reciente acuerdo aprobado en la COP28, hay otro tema del que no se ha hablado mucho: la imposibilidad de hacer efectivo ningún acuerdo si no se aborda de forma directa el enorme poder que acumulan las empresas transnacionales. Un poder que les permite lograr acuerdos a su medida, pero que también les garantiza un marco jurídico de impunidad, que hace que puedan vulnerar derechos y normativas sin tener que responder por ello. Algo especialmente preocupante si tenemos en cuenta que las grandes corporaciones se encuentran entre las principales responsables del cambio climático y por tanto se necesitarían mecanismos de control efectivos para garantizar que cumplen sus obligaciones.

Sin embargo, las Naciones Unidas llevan varios años atascadas en este ámbito, dando vueltas a la forma de atajar la impunidad corporativa. En 2014 la asamblea del Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución que emplazaba a aprobar un Tratado Vinculante sobre empresas y derechos humanos, que debería establecer mecanismos internacionales para controlar a las transnacionales y hacer efectivas las regulaciones pero, casi 10 años después, sigue negociándose. Los años pasan y los temas urgentes siguen dando vueltas en las burocracias de la ONU ¿nos suena, verdad?

Y la realidad es que sin mecanismos vinculantes que se dirijan directamente a las empresas transnacionales para obligarlas a respetar los derechos humanos y ambientales, ningún acuerdo climático, ni medida de reparación será efectiva, ya que con los marcos jurídicos actuales las empresas transnacionales consiguen evadir sus obligaciones de forma sistemática. Además, hasta la fecha, las únicas propuestas normativas en este ámbito se basan en la autorregulación empresarial, que se ha demostrado insuficiente para poner fin a un modelo de negocio basado en ampliar la rentabilidad empresarial a cualquier coste.

Sacar a los grandes contaminantes de las negociaciones

Como denuncian desde la coalición Kick Big Polluters Out es imposible lograr acuerdos ambiciosos si los lobbies corporativos inundan las negociaciones. Lo hemos visto la semana pasada en Dubai, en la COP28, pero también lo vemos repetidamente en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de las NNUU.

Con su influencia, las grandes corporaciones están logrando cooptar los espacios de decisión multilateral. Además, como explican Juan Hernández y Pedro Ramiro, esta captura corporativa viene de lejos. Debido a los problemas de financiación y a la poca capacidad ejecutiva de las diferentes agencias de las NNUU, desde los años 90, se impulsó un giro corporativo que buscaba suplir esta incapacidad con alianzas con el sector privado. Un ejemplo es el Global Compact impulsado durante la presidencia de Kofi Annan, quien afirmaba: “Poner restricciones a las inversiones y al comercio no son medidas adecuadas”.

En el caso de la COP28, la presencia de las grandes corporaciones ha sido evidente, empezando por el propio presidente Al Jaber, quién dirige una empresa petrolera. Desde Kick Big Polluters Out han calculado que en la COP28 asistieron más de 2400 lobbistas promotores de los combustibles fósiles, un 400% más que en la cumbre del año pasado (entre ellos representantes de BP, Shell, Exxon Mobil, Chevron, etc.). Y eso sin contar todos aquellos lobbistas que no han desvelado su afiliación a la hora de inscribirse y los representantes de otros sectores corporativos no directamente vinculados con los combustibles fósiles. Esta invasión sin duda habrá tenido un peso, ya que su presencia ha sido mucho más numerosa que la de representantes de los 10 países más vulnerables al cambio climático. En el caso de las empresas españolas, desde Climática afirman que participaron representantes de Iberdrola, Acciona, Repsol, Cepsa, BBVA, Banco Santander, Ferrovial, Telefónica e Inditex.

Las consecuencias de esta gran presencia de lobbies corporativos son evidentes, y es por ello que desde las organizaciones de la sociedad civil se reclama un mayor control y restricción de participación de las negociaciones a los actores con conflictos de interés. Algo parecido a lo que se logró en la Organización Mundial de la Salud, que en su Convenio Marco para el Control del Tabaco estableció medidas para controlar la interferencia de la industria tabacalera, protegiendo las políticas de salud pública de los ataques comerciales. Así como se hizo evidente que la industria tabacalera no podía interferir en las políticas de protección de la salud, debería ser igual de evidente que la industria fósil no puede participar en la definición de las políticas climáticas.

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