¿Aceptará Egipto acoger a la población palestina expulsada de Gaza a cambio de la cancelación de su deuda externa?
“Debéis recordar lo que Amalec os ha hecho, dice nuestra Santa Biblia.” Estas palabras que pronunció en un mensaje televisado el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, asimilando la invasión terrestre de Gaza a una misión sagrada, han sido calificadas por defensoras de derechos humanos como una explícita llamada al genocidio, puesto que la nación de Amalec era un antiguo archienemigo de los israelitas cuyo exterminio fue ordenado por Dios.
¿Pero… existe alguna constatación de este plan?
En la última semana ha salido a luz un documento filtrado del Ministro de Inteligencia israelí, Gila Gamaliel, donde se concreta la propuesta de trasladar a los residentes en Gaza al Sinaí (Egipto), como una solución “que producirá resultados estratégicos positivos y de largo plazo”. ¿Cómo podría aceptar Egipto esa propuesta cuando la mayoría de su población se muestra abiertamente pro-palestina? La respuesta hace referencia a un elemento macroeconómico: la deuda.
Después de su revelación por parte del periódico israelí Calcalist y por WikiLeaks, ahora nos llega por la prensa crítica israelí y egipcia: Tel Aviv parece estar en conversaciones con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi para que Egipto reciba a los gazatíes y los establezca en su territorio dentro del Sinaí, a cambio de cancelar todas sus deudas con el Banco Mundial. Esto significa que el Gobierno israelí asumiría la deuda que Egipto contrae con acreedores multilaterales (como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc), o podría consistir en convencer a los países occidentales aliados – con el apoyo de Estados Unidos – de condenar la deuda egipcia con sus instituciones nacionales. Mientras tanto, se negocia posibles ayudas financieras para acciones concretas, como por ejemplo, la financiación de una ciudad de tiendas -que más tarde se convertirá en edificios residenciales– que propuso el Secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en su reciente gira por la zona al Gobierno egipciotano.
El permiso de entrada de población palestina a Egipto con la excusa de la preocupación humanitaria, oscurece el objetivo real de esta “solución a la crisis”: la limpieza étnica y colonización de tierras a cambio de favores financieros, en este caso la cancelación de la deuda del país vecino.
Egipto, un país asfixiado por la deuda
De hecho, desde un punto de vista macroeconómico, la propuesta puede representar un caramelo para el Gobierno de Abdel Fattah al-Sisi. Egipto, una nación de 105 millones de habitantes, se enfrenta actualmente a una crisis de deuda histórica – aunque poco percibida por Occidente. Bloomberg Economics sitúa a Egipto en el segundo lugar después de Ucrania en términos de países más vulnerables al incumplimiento de sus pagos de la deuda. Dos de los principales ingresos de divisas de Egipto, el turismo y las tarifas de tránsito del Canal de Suez, han aumentado, pero no lo suficiente para devolver su deuda externa, que en junio de 2023 alcanzó un total de 164,7 mil millones de dólares. Parte de esta deuda se debe a prestamistas cercanos, como los aliados de Egipto en el Golfo, los Emiratos Árabes Unidos. La otra parte, se debe a prestamistas menos amigables, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que debe pagar 2.950 millones de dólares para finales de 2023 y a los tenedores de bonos extranjeros, a quienes se les deben 1.580 millones de dólares.
Egipto, que es uno de los mayores importadores de trigo del mundo y que también depende de las importaciones de otros alimentos básicos y combustibles, continúa enfrentándose a los impactos de la guerra en Ucrania, a una inflación creciente, a aumentos de precios sin precedentes y a acceso limitado de financiación accesible. Como resultado, el país es totalmente dependiente de préstamos internacionales del FMI y los estados ricos del Golfo. Tal dependencia limita el rango de acción de Egipto en su política exterior, lo que hace difícil y poco probable que actúe independientemente de Estados Unidos que, junto con los países europeos, toman las decisiones en las instituciones multilaterales como el FMI y el Banco Mundial.