Las entidades suben precios y hacen negocio con la catástrofe a la vez que intentan lavar su imagen presentándose como “sostenibles”. Mientras, muchas de ellas siguen invirtiendo miles de millones en industrias como el petróleo o el carbón, responsables directas del deterioro ambiental.
Depresión Aislada en Niveles Altos es un término bastante técnico y desconocido para la población general. Sin embargo, y tristemente, sus siglas (dana) son bien identificables para la mayoría de la gente en España. A finales de octubre de 2024, este fenómeno meteorológico extremo mató a más de 220 personas, dejó decenas de heridos y causó cientos de millones de euros en daños materiales, principalmente en la provincia de València, pero también en zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía.
La catástrofe asociada a sucesos climáticos violentos como la última dana no es nueva en nuestro país. En 2019, la Vega Baja del Segura (Alicante y Murcia) sufrió una de las peores inundaciones de su historia. Las lluvias torrenciales desbordaron el río anegando viviendas, cultivos e infraestructuras. En esta ocasión hubo seis muertos.
En cada uno de estos episodios la escena final siempre es la misma: tragedia y devastación, duelo por las víctimas y grandes esfuerzos de vecinos y administraciones por reconstruir el lugar y reparar los daños cuanto antes. Aquí el sector privado también juega un papel muy importante, sobre todo las aseguradoras, que tienen que hacer frente a desembolsos millonarios por las pérdidas materiales. Investigadoras del Observatorio de la Deuda en la Globalización destacan que esta financiarización de la crisis climática puede generar o agravar desigualdades, ya que los mecanismos financieros actuales no siempre tienen en cuenta las necesidades de los segmentos de población más vulnerables.