Desde el anuncio de elecciones en Grecia el 25 de enero de 2015, la posibilidad de que Syriza salga victoriosa en las urnas y forme gobierno se ha presentado como una amenaza para la opinión pública internacional, y particularmente para la de la eurozona. Sin embargo, aquellos que hacen saltar la alarma saben perfectamente que Syriza anunció que no suspenderá el pago de la deuda ni saldrá del euro una vez llegue al gobierno. Syriza propone una renegociación de la deuda a escala europea y desea que Grecia permanezca en la eurozona. En cambio, Syriza se compromete a poner fin a las medidas de austeridad, injustas y antisociales implementadas por los anteriores gobiernos y la Troika.
Esta campaña sobre las supuestas amenazas que representa Syriza pretende intimidar al electorado griego con el fin de que renuncien a su derecho al cambio. De igual modo pretende poner a una parte de la opinión pública europea en contra de la coalición de izquierda radical griega para intentar evitar que, acto seguido, Podemos en España pueda ganar las elecciones en otoño de 2015.
La deuda reclamada a Grecia representa el 175 % de la riqueza producida en el país en un año y supone un lastre insostenible para el pueblo heleno.
¿Qué pasará si Syriza, una vez en el gobierno, decidiera tomar literalmente el artículo 7 de un reglamento adoptado en mayo de 2013 por la Unión Europea para los países sometidos a un plan de ajuste estructural? He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: “Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas a fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.”(1)
El gobierno de Antonis Samaras se abstuvo de aplicar esta disposición del reglamento a fin de ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. En noviembre de 2012, el Parlamento dominado por la derecha había rechazado la moción presentada por Syriza para la creación de una comisión de investigación sobre la deuda, con 167 votos en contra, 119 a favor y cero abstenciones.
Está claro tras una victoria electoral de Syriza, el gobierno que se forme bajo su liderazgo podría perfectamente tomarle la palabra a la Unión Europea al constituir una comisión de auditoría de la deuda (con participación ciudadana) con el propósito de analizar el proceso de endeudamiento excesivo de Grecia para desvelar las posibles irregularidades e identificar las partes que sean ilegales, ilegítimas, odiosas… de esa deuda.
Algunos elementos clave que la realización de la auditoría podría sacar a la luz:
La deuda griega, que representaba el 113 % del PIB en 2009 antes del estallido de la crisis en el país y la intervención de la Troika, que posee 4 / 5 partes de esa deuda, pasó al 175 % del PIB en 2014. Por tanto, a la intervención de la Troika le ha seguido un aumento muy fuerte de la deuda griega.
A partir de 2010 y hasta 2012 los créditos concedidos por la Troika a Grecia sirvieron en gran parte para rembolsar a los acreedores durante ese período, a saber, los bancos comerciales de las principales economías de la UE, comenzando por las entidades alemanas y francesas.(2) Cerca del 80 % de la deuda griega en 2009 estaba en manos de bancos comerciales de países de la UE. Entre estos, solo los bancos alemanes y franceses mantenían en torno al 50 % del total de títulos públicos griegos.
Una auditoría de la deuda griega mostrará que los bancos comerciales europeos aumentaron con intensidad sus créditos a Grecia entre finales de 2005 y 2009 (los créditos se incrementaron en más de 60 mil millones de euros, pasando de 80 mil millones a 140 mil millones) sin considerar la capacidad de Grecia para devolverlos. Los bancos actuaron de manera temeraria, convencidos de que las autoridades europeas vendrían en su auxilio en caso de problema.
La auditoría mostrará que el presunto plan de rescate a Grecia puesto en marcha por las autoridades europeas con la ayuda del FMI, ha permitido en realidad que los bancos de algunos países europeos con un peso decisivo en las instancias europeas, continúen recibiendo los reembolsos de Grecia transfiriendo el riesgo a los Estados a través de la Troika. No es Grecia quien ha sido rescatada, sino un puñado de grandes bancos comerciales europeos implantados principalmente en los países más fuertes de la UE.
La auditoría analizará la legitimidad del plan de rescate. ¿Resulta este conforme a los tratados de la UE (principalmente el artículo 125, que prohíbe a un Estado miembro hacerse cargo de los compromisos financieros de otros Estados miembros)? Los prestamistas públicos en 2010 (es decir, los 14 Estados miembros que concedieron préstamos a Grecia por un total de 53 mil millones de euros, el FMI, el BCE, la Comisión Europea, etc.), ¿han respetado el principio de autonomía de la voluntad del prestatario, a saber Grecia? ¿O se han beneficiado de su angustia ante los ataques especulativos de los mercados financieros para imponerles contratos que van en contra de su propio interés? Estos prestamistas, ¿han impuesto condiciones leoninas, sobre todo al exigir para su devolución tipos de interés exagerados?(3)
Se trata asimismo de auditar la acción del FMI. Sabemos que en el seno de la dirección del Fondo varios directores ejecutivos (en especial el de Brasil y el de Suiza) mostraron grandes reservas con respecto al préstamo acordado por el FMI, afirmando sobre todo que Grecia no sería capaz de devolverlo dadas las políticas que le eran impuestas.(4)
¿Ha sobrepasado el BCE de manera grave sus prerrogativas al exigir al Parlamento griego que legislara sobre el derecho de huelga y con respecto a la fijación de los niveles salariales?
En marzo de 2012, la Troika organizó una reestructuración de la deuda griega que fue presentada en su momento como un éxito. Recordemos que el entonces primer ministro Yorgos Papandréu anunció a principios de noviembre de 2011, en la víspera de una reunión del G-20, su intención de convocar un referéndum para febrero de 2012 sobre esa reestructuración de la deuda preparada por la Troika. Ante la presión de esta, aquel referéndum jamás tuvo lugar y se le retiró el derecho al pueblo griego a pronunciarse sobre las nuevas deudas. Los grandes medios de comunicación dieron eco al discurso de que la reestructuración permitía reducir la deuda griega en un 50 %. En realidad, esta deuda es mayor en 2015 que en 2011, el año previo a la gran anulación del supuesto 50 %. La auditoría mostrará que esta operación de reestructuración, que constituye una vasta superchería, estaba vinculada a la profundización de las políticas contrarias al interés de Grecia y de su población.
La auditoría deberá evaluar si las estrictas condiciones impuestas por la Troika a Grecia en contraprestación a los créditos constituyen una violación de una serie de tratados y convenciones que han de ser respetados tanto por los acreedores como por el prestatario, Grecia. El profesor de derecho, Andreas-Fischer-Lescano, comisionado por la Cámara de Trabajo de Viena demostró de manera irrefutable que los programas de la troika son ilegales en virtud del derecho europeo y del derecho internacional. Las medidas definidas en los programas de ajuste a los que Grecia fue sometida y las políticas concretas que son la consecuencia directa de ello violan una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la Seguridad Social, a un salario justo, pero también a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Todos estos derechos están protegidos por numerosos textos jurídicos a escala internacional y europea, como la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta Social Europea, los dos pactos de la ONU sobre Derechos Humanos, la Carta de Naciones Unidas…
La auditoría deberá demostrar que las medidas dictadas por los acreedores constituyen regresiones manifiestas en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y la violación flagrante de una serie de tratados. Se pueden identificar importantes irregularidades. En consecuencia, la comisión encargada de la auditoría podrá emitir una opinión argumentada acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la nulidad de la deuda contratada por Grecia con la Troika.
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1.- Reglamento (UE) Nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013 sobre el reforzamiento de la supervisión económica y presupuestaria de los Estados miembros de la zona del euro cuya estabilidad financiera experimenta o corre el riesgo de experimentar graves dificultades. Disponible en http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:ES:PDF
2.- RMF “The Eurozone between austerity and default”, 2010. http://www.researchonmoneyandfinance.org/index.php/publication/eurozone-reports/33-second-rmf-report-on-the-eurozone-crisis-eurozone-between-austerity-and-default Ver asimismo, Éric Toussaint “Grecia-Alemania: ¿Quién debe a quién? (2) Los acreedores protegidos y el pueblo griego sacrificado”. Publicado el 11 de octubre de 2012, http://cadtm.org/Grecia-Alemania-Quien-debe-a-quien,8423
3.- Los tipos exigidos, que eran del 4 % al 5,5 % en 2010-1011, se redujeron a alrededor del 1 % en 2012 ante las protestas surgidas desde diferentes lugares (incluyendo al gobierno irlandés, al que se le impuso también un tipo muy elevado a finales de 2010). Al reducir considerablemente los tipos de interés, los 14 Estados reconocieron de hecho que las tasas anteriormente exigidas eran exageradas. En 2010-2011 los intereses abonados por Grecia a Francia se elevaron a 437 millones de euros. Ver http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r2857-tI.pdf
4.- Ver las revelaciones publicadas por el Wall Street Journal: http://blogs.wsj.com/economics/2013/10/07/imf-document-excerpts-disagreements-revealed/ Ver asimismo http://greece.greekreporter.com/2013/10/08/secret-imf-report-shows-greek-bailout-worries/