Una resolución de la ONU acerca una de las demandas históricas de los movimientos sociales: una legislación vinculante que pueda juzgar a las multinacionales.
El 26 de junio el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica sobre empresas y derechos humanos, en la cual decide establecer un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de “elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante en derechos humanos para las corporaciones transnacionales y otras empresas”.
La lógica de la voluntariedad que ha caracterizado los mecanismos de “control” de la ONU se ha mostrado claramente ineficaz ante la violación de los derechos humanos y los crímenes ecológicos por parte de las empresas multinacionales. Por esta razón, el paso hacia una herramienta de obligado cumplimiento para estas grandes empresas ha sido considerado por Brid Brennan, miembro de la campaña “Desmantelemos el poder corporativo y pongamos fin a la impunidad”, como un respaldo “a la lucha sostenida durante años por las comunidades afectadas y los movimientos sociales”.
La resolución de la ONU es vista como un respaldo “a la lucha de años de las comunidades y los movimientos”
La semana de movilización contra “el delito corporativo” es un buen ejemplo de las denuncias, resistencias y propuestas de las organizaciones sociales frente al poder de las grandes transnacionales. Se desarrolló en la misma ciudad, Ginebra, y durante los mismos días en los que tenía lugar la XXVI sesión del Consejo. Tenía tres objetivos: presionar al Consejo para avanzar hacia un tratado que obligue a las multinacionales a respetar los derechos humanos y el medioambiente; denunciar la impunidad con la que actúan estas empresas y presentar el “Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales”.
Para el primer objetivo se creó la “Alianza para el Tratado”, conformada por más de 600 organizaciones de 95 países y cuyo trabajo en la demanda de códigos vinculantes ha sido reconocido por el embajador de Ecuador en Ginebra, que afirmó: “Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil”. La denuncia de la arquitectura de la impunidad, construida con tratados como el TTIP o el Acuerdo de la UE con Centroamérica, Colombia y Perú, se realizó a través de un tribunal internacional de opinión.
Comunidades en resistencia
Durante la sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), celebrada el 23 de junio, se escuchó a comunidades en resistencia frente a la actividad de las transnacionales en África, Asia y América Latina. Se presentaron casos contra ocho multinacionales del sector minero, petrolero y del agua. La audiencia se inspiró en la sentencia del TPP de Madrid (2010), que ya había reconocido el carácter sistemático de las vulneraciones cometidas por estas corporaciones. En Ginebra, el Tribunal destacó que las transnacionales provocaron daños irreparables a las comunidades, su integridad física, el medioambiente, las condiciones de vida, así como a la soberanía alimentaria, el ataque a los derechos de las mujeres, los derechos laborales y la explotación infantil.
Pablo Fajardo, líder comunitario de Ecuador, acusó a Chevron-Texaco por la “contaminación sistemática de la Amazonía ecuatoriana que ha devastado el ecosistema, ha causado cientos de muertes por cáncer y ha afectado gravemente a muchos pueblos indígenas”. Aunque la Corte Suprema de Ecuador sancionó a la compañía, ésta no ha acatado la sentencia, por esta razón Fajardo afirmó que “hay una necesidad de un tratado vinculante con el fin de proporcionar a las comunidades afectadas mecanismos efectivos que garanticen el acceso a la justicia”.
El jurado enfatizó que las multinacionales acusadas generaban un ambiente de intimidación y violencia contra quienes defienden los derechos humanos. Y todo ello ha tenido lugar con la complicidad de los gobiernos de los países donde se localiza su sede: Suiza, EE UU, Canadá, Israel, Gran Bretaña, España y Holanda. Finalmente, el TPP de Ginebra recomendó la adopción de un código de conducta vinculante para las multinacionales y la definición de una arquitectura institucional que asegure su aplicación a través de una corte internacional sobre transnacionales y derechos humanos y un centro internacional para el control de estas corporaciones.
Derechos vs corporaciones
La resolución aprobada por el Consejo de Derechos Humanos y, por supuesto, las recomendaciones del TPP hablan del establecimiento de un instrumento de obligado cumplimiento para las empresas transnacionales en derechos humanos. Es una de las exigencias que las comunidades afectadas y movimientos sociales consideran esenciales para romper la impunidad de las grandes corporaciones. Es una propuesta colectiva para analizar el Derecho Internacional desde los movimientos sociales y las resistencias. Es a la vez un proyecto normativo y un proceso que recoge la experiencia acumulada en las diferentes luchas contra las transnacionales. Frente a la arquitectura de la impunidad, pretende construir una arquitectura de los derechos humanos a favor de las mayorías sociales.