La construcción del complejo hidroeléctrico RENACE de ACS (en Alta Verapaz, Guatemala) responde a una compleja red de relaciones entre el Estado Guatemalteco y familias de su oligarquía.
A través de una serie de cambios legislativos, se ha generado una estructura que permite la concentración de capital y el enriquecimiento de la élite económica, con una gran cuota de poder, y ajena a los mecanismos propios de la democracia. Empresas nacionales como Corporación Multi-Inversiones (CMI), y españolas, como Actividades de Construcción y Servicios (ACS), con fuertes lazos de amistad, se benefician en detrimento del interés general.
El desarrollo del complejo hidroeléctrico Renace en el contexto de Guatemala es el resultado de una construcción normativa acompañada de una serie de iniciativas estatales y privadas que se iniciaron en la década de los 90. Se aprobaron leyes y se abrieron paso una serie de políticas neoliberales y de libre mercado, estableciendo así las bases para la privatización de los servicios públicos (como pasó con el sector energético a través de la Ley General de Electricidad, de 1996) y la entrada de capital extranjero.
El entramado familiar de la oligarquía guatemalteca Gutiérrez-Bosch, organizado a través de una compleja red de empresas relacionadas con el Gobierno e instituciones del sector privado, -como el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), así como con otros sectores, como son el financiero, los medios de comunicación y el ámbito universitario-, tiene estrechas relaciones con la empresa ACS. Como información de interés adicional, cabe destacar el vínculo del expresidente español del Partido Popular José María Aznar con la familia Gutiérrez-Bosch y la ubicación de la sede de la Fundación FAES para Centroamérica y Caribe en Guatemala.
En el caso de Renace, CMI subcontrató a ACS, por medio de su filial COBRA, para la construcción de la central hidroeléctrica Renace II en el año 2007 (y sus fases posteriores) y ha estado vinculada al proyecto desde entonces como principal accionista y ejecutor del proyecto bajo la modalidad «llave en mano», y contratado bajo una mecanismo contractual y financiero conocido como Asociación Público-Privada (APP).
Una APP es cualquier acuerdo entre un gobierno y el sector privado en el que bienes y servicios tradicionalmente públicos -como son hospitales, escuelas, prisiones, carreteras, puentes, túneles, vías férreas, agua, servicios sanitarios o energía- son proporcionados por el sector privado. Estos acuerdos tienen un componente de financiación privada que debe ser reembolsado por el erario público y/o los usuarios que pagan durante la vigencia del contrato. La empresa se compromete a entregas específicas que conllevan riesgos asociados.
Pero las APPs también son una forma de equilibrar presupuestos mediante la ocultación del endeudamiento. Las prácticas actuales de contabilidad de las APPs permiten a los gobiernos mantener el proyecto fuera de sus cuentas, ya que es el sector privado, no el gobierno, el titular del préstamo para la financiación el proyecto. Se llama contabilidad creativa, quedando el coste real de un proyecto escondido, y dejando la puerta abierta al riesgo de corrupción.
En el caso de Renace, el Estado no es copropietario del proyecto y no recibe ingresos por el mismo, hecho que le implica pérdidas. La electricidad producida está prevista para ser vendida a generadoras y comercializadoras privadas que controlan el mercado eléctrico de Guatemala, así como para exportarse a Centroamérica y México. También puede ser vendida a la institución estatal Instituto Nacional de Electrificación (INDE), que genera electricidad hidroeléctrica. En este sentido, la deuda que el Estado adquiera podría venir de los sobreprecios que Renace imponga a su energía eléctrica generada y vendida a esta institución pública.
Renace presenta una gran complejidad en su gestación, aprobación, desarrollo y operación. El informe «Los riesgos de las Asociaciones Público-Privadas: el caso de Renace en Guatemala» publicado por el ODG, revela los riesgos del proyecto APP Renace para Guatemala.
Existen riesgos para las finanzas públicas y generación de deuda ilegítima ya que el Estado no es co-propietario del proyecto y no recibe ingresos por el mismo. Riesgos para la democracia dada la poca transparencia en los contratos de Renace y a la profunda red de corrupción generada entre el Estado y familias de la oligarquía guatemalteca para el enriquecimiento de una élite económica con una gran cuota de poder. Y riesgos para los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales y la equidad, que responden a la afectación de aproximadamente 29.000 habitantes del pueblo Maya Q’eqchi de las comunidades cercanas al río Cahabón, dependientes del mismo como medio de vida y subsistencia. Las denuncias, tanto nacionales como internacionales, están en relación a ámbitos como la salud, la alimentación, la consulta, la participación, la información, el agua, la libre determinación y la seguridad alimentaria.
Renace es un caso más de APP que fomenta malas prácticas por parte de los inversores, responsables políticos i administraciones. El modelo APP esta lejos de ser el modelo eficaz que venden sus promotores, encabezados por el Banco Mundial y distintos gobiernos en todo el mundo, y es una fórmula de contratación fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil en el mundo, e incluso por el Consejo de Europa en su informe Asociaciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados.
Autoras: Blanca Bayas y Emma Avilés.