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Proyecto Castor, ¿una indemnización blindada?


 

Los escenarios que no depuran responsabilidades dejan a la ciudadanía cargando con la deuda y a la planta lista para volverse a abrir

El proyecto Castor de almacenaje subterráneo de gas natural, en la costa mediterránea entre Vinarós y Alcanar, se encuentra a día de hoy paralizado. Después de una refinanciación gracias a una emisión de bonos de proyectos (Project Bonds) en julio de 2013, la inyección de gas causó en septiembre más de 500 terremotos en la zona.

El pasado viernes 18 de julio de 2014, Escal UGS presentó un escrito de renuncia de la concesión de explotación del proyecto Castor, tras conseguir la autorización de sus bonistas, entre los que está el Banco Europeo de Inversiones (que compró 300 millones de euros sobre el total de los más de 1.400 millones en bonos emitidos, y aportó además 200 millones en forma de línea de liquidez). Escal UGS, participada por ACS en un 66’7%, considera que debe ser compensada por la actividad que ha llevado a cabo hasta la fecha.

El gobierno tiene ahora en sus manos estudiar dicha petición, pero existe una gran incertidumbre sobre los escenarios posibles al respecto [1]. La creación de un “banco malo” de la energía para aparcar este activo, el pago de la indemnización a través de la factura del gas o de los Presupuestos Generales del Estado, o incluso la nacionalización de las instalaciones, no aseguran el fin de los peligros ambientales, sociales y financieros de este proyecto, ya que implican que la ciudadanía asume la indemnización a Escal UGS, e incluso el pago del mantenimiento de la planta, que quedaría aparcada pero podría ser de nuevo usada en un futuro. Incluso el coste de un desmantelamiento sin juzgar a los promotores del proyecto, debería ser asumido por los/as contribuyentes.

Organizaciones de la sociedad civil como la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, el Observatorio de la Deuda en la Globalización y Ecologistas en Acción exigen voluntad política al  gobierno para explorar y llevar hasta las últimas consecuencias la puerta entreabierta que dejó el Tribunal Supremo para anular el derecho a la compensación [2], evitando que sea la ciudadanía quien asuma el pago de ninguna de las deudas generadas por el proyecto Castor (ni indemnización a Escal UGS, ni pago por un mínimo mantenimiento, y desmantelamiento a cargo de la empresa promotora). Así, defienden el NO pago de la deuda del proyecto Castor, y por lo tanto la NO indemnización a Escal UGS, y el desmantelamiento inmediato de las instalaciones (también a cargo de la empresa promotora), para que la población quede a salvo de una hipoteca a más de 20 años que no es suya, y se rechacen futuros usos de alto riesgo como la exploración petrolífera o la vuelta a la inyección y almacenaje de gas, con el potencial sísmico ya ampliamente reconocido.

 

[1] Comunicado sobre los posibles escenarios del Proyecto Castor

[2] Según la sentencia del Tribunal Supremo: “Aunque del texto del inciso se deriva con claridad que se está distinguiendo entre la compensación por la reversión y cualesquiera otras responsabilidades, ello no supone excluir que la conducta dolosa o negligente de la empresa concesionaria pueda afectar o, incluso, anular en su caso el propio derecho a la compensación”

 

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