Existen indicios de que la deuda griega es en parte ilegítima, por lo que se discute la legitimidad de su pago a sus acreedores.
El pasado martes 17 de marzo la presidenta del Parlamento griego, Zoe Konstantopoulou, anunció la creación de una comisión internacional que llevará a cabo una auditoría de la deuda pública. Esta comisión será dirigida por el politólogo belga Éric Toussaint, portavoz del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM). Se compondrá de 15 representantes griegos y 15 representantes extranjeros, entre los que he sido invitado como investigador del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y miembro de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD).
La presidenta del Parlamento forma esta comisión cumpliendo de forma rigurosa y estricta con un reglamento de la UE (artículo 7.9 del Nº 472/2013), que obliga a todos los estados bajo asistencia financiera a realizar una auditoría exhaustiva de sus cuentas para examinar cómo se han originado las deudas.
Como argumentan desde hace años las redes —como el Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM) y la Red Internacional de Auditorías Ciudadanas (ICAN)— y diferentes expertos como Cephas Lumina —anterior experto independiente de la ONU sobre los efectos de la deuda externa—, el profesor de economía financiera de la SOAS y diputado de Syriza Costas Lapavitsas, y el profesor de derecho Andreas Fischer-Lescano —también comisionado por la Cámara de Trabajo de Viena—, la auditoría es si cabe más necesaria por los importantes indicios de que una parte de la deuda griega se debe cancelar.
Sobran motivos para que esta auditoría sea indispensable. Éric Toussaint nos describió con detalle recientemente en Público los argumentos para realizarla. Cabe destacar el destrozo social y económico que han supuesto los dos planes de rescate de la Troika, que han aumentado astronómicamente el peso de la deuda, han rescatado y protegido a los grandes bancos y acreedores privados europeos con dinero público y han impuesto políticas en contra de las leyes soberanas del país heleno. Han sido violados numerosos tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos y derechos fundamentales, tales como el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la seguridad social, a un salario justo, pero también a la libertad de asociación y a la negociación colectiva. Todo esto podía ser evitado.
Informes jurídicos y académicos diversos confirman que la responsabilidad legal de la Troika en la violación de los derechos de la población griega es total, puesto que está implicada en todos los niveles de la elaboración y aplicación de los acuerdos. Grecia estaba bajo la tutela de sus acreedores y sin ningún margen de maniobra ni soberanía. Otros casos a analizar en profundidad serán la deuda contraída durante la dictadura de los coroneles; el escándalo de los sobrecostes de los Juegos Olímpicos de 2004 o el coste de los submarinos alemanes defectuosos. Los contratos firmados con Siemens tienen especial importancia. La multinacional alemana es acusada —tanto por la justicia alemana como por la griega— de haber pagado comisiones y otros sobornos al personal político, militar y administrativo griego por cerca de 1.000 millones de euros. Goldman Sachs, el banco estadounidense, está acusado de maquillar las cuentas de Grecia, y del impacto que eso supuso sobre la deuda.
La comisión de auditoría tiene el reto de analizar y definir de forma integral estas ilegalidades. En consecuencia, nuestro objetivo será emitir una opinión argumentada acerca de la legalidad, la ilegitimidad e incluso la nulidad de la deuda contraída por Grecia con la Troika y los otros acreedores implicados. Si se demuestra la nulidad de los compromisos de los gobiernos precedentes con la Troika y los otros acreedores implicados se abrirá un nuevo escenario de libertad para Grecia.
La presidenta del Parlamento Zoe Konstantopoulou, en su investidura, afirmó que la demanda de la anulación de la deuda y la moratoria de los reembolsos debe ser objeto de una campaña interparlamentaria de reivindicación basada en la información de viva voz de otros parlamentos y asambleas parlamentarias, pero también de los pueblos europeos que ya se movilizan en solidaridad con el pueblo griego. El objetivo de nuestra participación, por supuesto, será aportar los conocimientos adquiridos por el ODG en su participación en la auditoría de la deuda de Ecuador y los adquiridos en las últimas dos décadas de trabajo e investigación sobre este tema.
Pero más allá de esto, como apunta Zoe Konstantopoulou, es importante que haya implicación internacional en el proceso y, por tanto, que la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda esté presente en un proceso de tal importancia política juega a favor de esta conexión entre pueblos. Debemos aprender del proceso para poder contribuir a reproducirlo en un futuro próximo en todo el sur de Europa y, muy en particular, en el Estado español, creando redes de personas que nos permitan una alianza más fuerte entre los pueblos. Queremos aportar la experiencia de la PACD basada en el empoderamiento y la participación ciudadana en el proceso de auditoría, basándonos en experiencias como los Observatorios Ciudadanos Municipales, proyecto que ya funciona en algunos municipios griegos y que podría servir de plataforma de participación en este proceso.
Debemos, a su vez, mantener a la población del Estado informada de primera mano, cosa que le debería permitir visibilizar el hecho de que este es un asunto en el que nos jugamos la democracia y la libertad en Europa; y que, por tanto, es necesario demandar a los políticos que gobiernan o vayan a gobernar en las diferentes administraciones del Estado que se enfrenten al status quo financiero sin ambigüedades e inicien procesos parecidos con el objetivo de perseguir la democracia real, más allá de la encorsetada en el ámbito de las competencias cada vez más limitadas de estas administraciones.
El objetivo de la democracia real debe pasar pues por la oposición al régimen financiarizado de la Troika con el que se gobierna Europa y que sitúa a las finanzas por encima del bien y del mal. Esta oposición debe hacerse a través del impago de aquellas deudas que sólo sirven de pretexto para el gobierno de las élites y el incumplimiento de aquellos compromisos que sean declarados ilegales o ilegítimos en los procesos de auditorías por no ser tratos justos entre iguales.