Ocho propuestas y medidas para construir una Gobernanza Económica Justa

Tenemos ocho propuestas y medidas para construir una Gobernanza Económica Justa. Pedimos al gobierno español que cumpla con el mandato de llevar a cabo una reforma fiscal plenamente democrática y transparente.

Este septiembre es la fecha límite para presentar a la UE los planes fiscal-estructural nacionales de sus Estados Miembros, que se han elaborado bajo el paraguas de las nuevas reglas fiscales europeas -aprobadas el pasado abril. El gobierno español debe estar trabajando actualmente en redactar esta propuesta que, una vez presentada, solamente se podrá modificar en situaciones excepcionales. Por eso, reclamamos a través de una carta la participación de voces expertas que aporten una mirada constructiva y crítica.

La tónica que impone este nuevo marco fiscal europeo es el del retorno a la austeridad y a los recortes, en vez de resolver las incoherencias del gasto y la inversión, y apostar por una reforma fiscal que redistribuya la riqueza y ponga por delante el bienestar colectivo y el de las futuras generaciones. Es una oportunidad, puesto que es posible que al gasto se le resten los ingresos por nuevas medidas. Es decir, el gobierno español podría aprobar subidas de impuestos para tener más margen de inversión pública. De esta forma, se esquivaría la política de recortes o de austeridad 2.0.

Sobre el papel, el nuevo marco fiscal prioriza la transición ecológica y digital justa; la resiliencia socioeconómica; la seguridad energética; y la creación de capacidades de defensa. Sin embargo, no podemos seguir financiando públicamente sectores que son dañinos para las personas y el planeta, como las inyecciones de dinero público a las grandes empresas energéticas, o impulsando la industria armamentística, aumentando el gasto militar.

El plan fiscal-estructural, según la misma UE, se ha de redactar con las aportaciones y las miradas de la sociedad civil: establece que se «consultará, de conformidad con su marco jurídico nacional, a la sociedad civil, a los interlocutores sociales, a las autoridades regionales y a otras partes interesadas pertinentes». La carta reclama esta participación, impulsada por Futuro en Común, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, CCOO, Revo Prosperidad Sostenible, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Audita Sanidad, Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària, GESTHA, y el Centre Delàs.

Ocho propuestas para una Gobernanza Económica Justa

1. Las entidades firmantes nos ponemos a disposición del gobierno español para que cuente con nuestra experiencia y conocimiento en la elaboración del plan fiscal-estructural nacional
2. Es vital garantizar que las medidas, reformas e inversiones de este plan no nos arrojen a una austeridad 2.0, a un retorno de los recortes que amenace nuestro bienestar presente y futuro
3. Al contrario, debe promover una economía más justa y resiliente, al servicio de las personas y dentro de los límites biofísicos del planeta. Para conseguirlo, hacemos las siguientes propuestas:
   1. Garantizar un espacio fiscal necesario y suficiente para afrontar una transición energética justa y democrática, al servicio del bienestar de las personas
   2. Priorizar e incrementar el gasto público que garantice el bienestar de las personas en sus derechos más esenciales: sanidad y educación pública, protección social, vivienda, cuidados, acogida e inclusión, vida libre de violencias, agua, energía, transporte público y alimentación sana
   3. Garantizar la coherencia con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
   4. No priorizar el gasto público en el sector militar
   5. Impulsar una mayor progresividad fiscal y cierre de los agujeros fiscales
      1. Apoyar a la creación de una tributación permanente a las grandes fortunas #TaxTheRich
   6. Aumentar las capacidades y recursos al servicio de la justicia fiscal
   7. Incluir metas de presupuestos «verdes» y «lila» en las reformas, sin caer en el greenwashing o el purplewashing, y con una reducción justa y progresiva de los subsidios dañinos al medio ambiente y regresivos
   8. Garantizar la legitimidad democrática plena del plan fiscal-estructural a través de una consulta amplia y transparente de la ciudadanía y un debate parlamentario adecuado
   9. Establecer mecanismos de auditorías, control y escrutinio público sobre la calidad y coherencia del gasto público, la legitimidad de la deuda y establecer garantías anti-corrupción