Mientras los medios internacionales dan una mayor cobertura en Guatemala, visibilizando las recientes protestas sociales, originadas en abril de 2015 a raíz de un escándalo de corrupción en las altas esferas del Estado, la represión contra los movimientos sociales, y en particular las luchas por la defensa del territorio y de los bienes naturales, se han agudizado en los últimos meses.
A pesar de la profunda debilidad institucional y política del Estado, no cesa la represión en contra de Defensorxs de derechos humanos que persisten en la resistencia frente la desposesión de sus territorios. Esta represión se concreta, entre otros, a través del perfeccionamiento de las estrategias de criminalización y difamación durante el mandato de Otto Pérez Molina, que apenas ayer renunciaba a su cargo de presidente, después de unas semanas de fuerte presión popular.
Según la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Guatemala (UDEFEGUA), los y Defensorxs del territorio, de la tierra y del medio ambiente siguen siendo los sectores sociales más vulnerables: en 2.014 se concentraron contra este grupo el 82% de las agresiones (664 ataques según UDEFEGUA). Es preocupante el número creciente de ataques a mujeres defensoras (incremento de un 25% en 2012 al 54% en 2014).
«La descalificación de la demanda y del sujeto social portador de la misma se relaciona con la estigmatización de las expresiones organizadas tanto de las comunidades indígenas como de la sociedad civil»
Jorge Eduardo De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala-
Preocupa también el incremento de las acciones de criminalización en el actual contexto electoral, especialmente en la región Norte de Huehuetenango (municipios de Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, Santa Cruz Barillas). En estos casos, el sector privado, en particular empresas transnacionales hacen uso del sistema de justicia para judicializar las acciones de los y las Defensorxs de derechos humanos con el fin de descabezar los movimientos de resistencia y reducir los espacios de lucha por la defensa del territorio. Con la complicidad del Estado, las empresas imponen a los territorios con una estrategia de llegada agresiva, violentando los derechos colectivos de los pueblos. En los territorios indígenas, las empresas y sus proyectos extractivos rompen con el modelo de vida de las comunidades, su imposición es un ataque a la vida comunitaria, que afecta en particular a las mujeres.
Como parte de una gira europea para denunciar esta situación, el próximo miércoles la Plataforma de Solidaridad con Guatemala de Barcelona acoge a María Victoria Pedro Mateo y Alba Cecilia Mérida, que nos hablarán sobre la represión y criminalización que sufren los y las defensorxs los Derechos Humanos en Guatemala. Será también un buen momento para intercambiar visiones sobre la situación actual del país.
Miércoles 9 de septiembre, 19:00h
La Clandestina, Espacio de la Libre Ignorancia
Passatge dos de maig 14-16, Barcelona