El reparto de 14.600 millones de euros de dividendos por parte de Endesa a sus accionistas (Enel) deja algunas preguntas en el aire, que terminarán cayendo por su propio peso.
En primer lugar, resulta llamativo que Endesa haya tenido que endeudarse ante su falta de liquidez a través de Enel Finance International (entidad con sede en Holanda) para repartir la escandalosa cantidad de 14.600 millones de dividendos a sus accionistas. Un préstamo de 4.500 millones a un interés del 3% a diez años más una línea de crédito de 1.000 millones a un año a Euríbor más 0,6%, por los que Endesa deberá devolver a Enel Finance International un total de más de 6.280 millones de euros. Curiosamente el 92% de las acciones de Endesa pertenece a Enel, a cuyo grupo (como resulta evidente) pertenece la compañía financiera con la que se endeuda Endesa. Por tanto, tanto los dividendos como los intereses derivados de la deuda para pagar dichos dividendos, terminarán llegando a Enel. Negocio doble como resultado para los accionistas de Enel. Si nos atenemos a que la tarifa eléctrica es la que garantiza la rentabilidad de las empresas y que Endesa se ha quedado únicamente con el negocio ibérico, la pregunta que surge es: ¿quién pagará los intereses del crédito que pide Endesa a Enel Finance International para repartir los 14.600 millones de dividendos a Enel?
Tras la llamada “liberalización del sector eléctrico” (Ley 54/1997), debido a la cual se dividían las actividades de las empresas en generación, transporte, distribución y comercialización, Endesa pasó a controlar más del 40% de generación, distribución y comercialización, teniendo en régimen de “monopolio natural” la red de distribución en alrededor del 35%. El hecho de que esto lo haga de manera indefinida, incumple la obligación que impone la normativa europea de asignar uno o varios gestores de la red por un tiempo determinado, desaprovechando la oportunidad del cambio de la ley del sector el pasado diciembre (Ley 24/2013). Por no profundizar en que el Tribunal Supremo consideró arbitraria la norma que concedía a Endesa y las otras cuatro empresas del oligopolio eléctrico la función de comercializadoras de último recurso . ¿Qué sentido tiene que una empresa que extrae 14.600 millones de euros para entregárselo a accionistas externos controle de manera tan importante, y en algunos casos incumpliendo las leyes, el sector eléctrico español?
Durante largos periodos de la historia nos preocupamos por que poderes externos decidiesen sobre los aspectos básicos de nuestras vidas y nos obligasen a vivir de manera diferente a nuestros deseos. Pues bien, esos poderes externos ya lo están haciendo y no enarbolan únicamente banderas, sino que se esconden tras logotipos empresariales (Enel, en este caso) que reúnen intereses muy diversos: algunos con banderas (no olvidemos que Enel está controlada por el ministerio de economía de Italia), pero otros con su propia cuenta bancaria. Pero nadie nos asegura que en el futuro los poderes que decidan sobre la electricidad (y por tanto sobre nuestras vidas) sean externos o internos a unas u otras fronteras. ¿Entienden de fronteras las cuentas bancarias de los accionistas?
En perspectiva podemos observar que mientras la economía real perdía protagonismo frente a la financiera y especulativa, la industria extractiva pasaba de explotar minerales a convertirse en una nueva élite extractiva dedicada a extraer las rentas del trabajo de la gente corriente. Si la corrupción se ha convertido en una manera de gobernar a favor de unos pocos, la lógica financiera se puede considerar el complemento perfecto para alejar las decisiones importantes de las manos de los muchos, de las mayorías. ¿Con qué argumentos se sostiene un expolio como este en el que la soberanía popular queda en entredicho una vez más? ¿Qué argumentos pueden hoy asegurar que no es razonable que la población decida sobre un sector estratégico y vital como el de la electricidad?
Pablo Cotarelo
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1 Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad
2 http://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-8690
3 Comercializar la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR), considerada una tarifa refugio fijada por el gobierno, y reservada para los consumidores que tienen una potencia contratada inferior a 10 KW, segmento en el que se encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos.