Después de la 4.ª Conferencia de Naciones Unidas sobre Financiación para el Desarrollo ¿por qué sigue siendo importante una reforma radical del sistema financiero internacional? Reflexionamos sobre deuda, impuestos y financiación climática. Publicado originalmente en el dossier 60 de Economistas Sin Fronteras.
En julio 2025, en plena ola de calor, se celebró en Sevilla una conferencia de Naciones Unidas histórica, la 4.ª Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4 por sus siglas de inglés), con el Estado español como anfitrión. Una cita multitudinaria en la que se abordaron temas claves como la deuda soberana, la fiscalidad internacional, la financiación de la cooperación al desarrollo y la reforma de las instituciones financieras internacionales. Se reunieron unas 15.000 personas de 150 países, y, al término de la conferencia, las 70 jefes y jefas de Estado aprobaron el Compromiso de Sevilla, un documento que recoge los acuerdos de las negociaciones.
¿Por qué nos debería importar lo que pasó en la Conferencia FfD4? En primer lugar, porque la macroeconomía y las decisiones que se toman en los espacios internacionales impactan en la vida de millones de personas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro bienestar y en el planeta. Daré dos ejemplos de estas interconexiones entre lo global y lo local y cotidiano. Por un lado, la relación entre la deuda pública y las políticas de austeridad, y, por otro lado, la relación entre impuestos y financiación climática. En segundo lugar, porque, a pesar de la potencialidad de llegar a acuerdos internacionales transformadores hacia la justicia global, experimentamos un bloqueo de las negociaciones por parte de nuestros propios gobiernos del Norte Global, en concreto la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y el grupo CANZ (Canadá, Australia y Nueva Zelanda).
Estados Unidos ni siquiera participó en la Conferencia FfD4 de Sevilla, lo mismo que brilló por su ausencia en la pasada COP30 de Brasil. Es un hecho recurrente en los espacios internacionales en los que se negocian las reglas del juego de la economía global: los países del norte global, y en concreto la UE, que son los que se benefician del actual sistema, bloquean propuestas transformadoras hacia un sistema que pueda funcionar mejor para el 99 % de la población y para el planeta, mientras que la administración de Donald Trump en EE. UU. deslegitimiza directamente los espacios de negociación internacionales. Como ciudadanas, tenemos que visibilizar y responsabilizar a nuestros gobiernos de sus políticas económicas injustas.
Deuda y austeridad
Con una deuda pública global que alcanzó los 97 billones de dólares en el 2023, el mundo nunca había estado tan endeudado. Según Erlassjahr, el 55 % de los 152 países analizados en el sur global están crítica o muy críticamente endeudados, en contraste con el 37 % de antes de la pandemia de la COVID-19. 4 El Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional (FMI) señala que el 75 % del PNB de la economía mundial —un tercio de los países del mundo que incluye las mayores economías nacionales— tiene mayores niveles de deuda, y esta crece más rápidamente que antes del 2020.
Estos elevados niveles de deuda hacen que los países del sur global sean más vulnerables. Los más empobrecidos dependen de la intervención del FMI y de préstamos condicionados que les obligan a pagar la deuda externa antes que invertir en ámbitos como la educación, la salud o la acción climática. Las estadísticas de la UNCTAD muestran que 19 países pagan más intereses por la deuda de lo que invierten en educación, mientras que 45 países pagan más intereses de lo que invierten en sanidad, según la UNCTAD. Al menos 48 países, con una población total de 3.300 millones de personas, no invierten lo suficiente en educación o salud a causa de la deuda.
Estas políticas de austeridad sitúan a las mujeres y las niñas en una triple desventaja: somos las primeras en perder el acceso a los servicios básicos (como la salud y la educación), las primeras en perder trabajos en la primera línea de los servicios públicos, y las primeras en tener que encargarse del trabajo de cuidados no remunerado, que aumenta cuando fallan los servicios públicos o cuando se producen desastres climáticos. La privatización de los servicios públicos los hace inaccesibles para la mayoría de las mujeres y niñas, siendo esta situación aún más grave para aquellas que sufren desigualdades múltiples por razón de origen, ingresos, clase, edad, discapacidad, indigeneidad, orientación sexual o identidad de género.
En cuanto a la deuda, todavía no existe un mecanismo internacional transparente y vinculante de reestructuración y cancelación para los países endeudados. En la práctica, la cancelación de la deuda externa de los países empobrecidos y la reforma de la arquitectura de la deuda global son temas que se tratan en espacios internacionales como los encuentros del FMI, del Banco Mundial, de la OCDE y del G20, pero son espacios no democráticos, en los que los países empobrecidos no tienen voto ni acceso a participar. Durante muchos años, los movimientos sociales y los países del
sur global han subrayado la necesidad urgente de un nuevo Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana 9 y de un mecanismo de renegociación de la deuda bajo el amparo de la ONU, fundamentado en los principios de préstamo y endeudamiento responsables. Los países africanos han estado especialmente implicados en este proceso.
Asimismo, a medida que los devastadores impactos de la crisis climática en África se intensifican, el tema de la deuda ha alcanzado un nivel sin precedentes en la agenda política africana. En 2024, por primera vez, la Unión Africana adoptó una posición común sobre la reforma de la deuda con la Declaración de Lomé. En 2025, durante la 4.ª Conferencia de la ONU sobre Financiación para el Desarrollo, este grupo de países apoyó la demanda para un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana. Sin embargo, esta creciente conciencia todavía no ha comportado reformas sistémicas significativas.
La Conferencia FfD4 de Sevilla hubiera podido ser un espacio histórico para la comunidad internacional, pero fue bloqueado sistemáticamente por los poderosos países acreedores: los países europeos (entre otros). Así, el Compromiso de Sevilla en materia de deuda no contempla seguir adelante con un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, sino que hace mención a un proceso intergubernamental que solo podrá hacer recomendaciones no vinculantes. La deuda y las políticas de austeridad no son solo un tema de los países del sur global, nos afecta a todas. La Comisión Europea, junto con la mayoría de los Estados miembros y el Parlamento Europeo (y muy en línea con las políticas del FMI), aprobó en abril de 2024 la reforma de la gobernanza económica de la Unión Europea —conocida como la reforma de las normas fiscales de la UE— por la que se acuerda mantener el techo de la deuda pública del 60 % y el techo del déficit público del 3 % del PIB. Después de haber congelado las normas fiscales europeas en marzo de 2020 debido a la pandemia de la COVID-19, los Estados miembros se endeudaron para hacer frente a la emergencia sanitaria y, más adelante, para responder a la crisis energética de 2022.
Actualmente, el Estado español acumula una deuda pública que representa el 103 % del PIB. ¿Pero de dónde viene esa deuda? La investigación de la European Network of Corporate Observatories (ENCO) revela que, entre 2020 y 2022, el Gobierno de España destinó 112.683 millones de euros del presupuesto estatal a medidas de emergencia anticrisis, de los cuales el 47 % se destinaron a empresas y solo el 7 % a medidas excepcionales para el sector de la salud, la educación y el transporte público. También se invirtieron miles de millones de euros en la recuperación económica pospandémica y en la transición de la economía en clave «verde» y «digital», con la ayuda de los fondos Next Generation EU. Se trata de fondos europeos de 800.000 millones de euros que se financian en gran parte mediante la emisión de eurobonos (deuda comunitaria), que deberán devolverse en un plazo de 10 a 30 años a los actores prestamistas del mercado financiero internacional.
En definitiva, en la UE y en el Estado español volvemos al camino de la austeridad 2.0 —esta vez adaptada a cada país miembro y con excepciones «verdes» y «securitarias»— de forma que se abre una ventana de inversión pública para sectores estratégicos de la economía como la tecnología, la transición energética, la industrialización «verde» y la industria militar. Notaremos los impactos
de los recortes en la medida en que el gobierno central implemente el Plan fiscal y estructural a medio plazo 2025-2028, que se envió a la Comisión Europea en octubre de 2024. Para cumplir con las reglas fiscales europeas, el Gobierno debe reducir la deuda pública al deseado 60 %. Puede hacerlo recortando en gastos públicos, volviendo a la época de la postcrisis financiera de 2028, o aumentando los ingresos a través de la recaudación, es decir, más impuestos para los que más tienen.
La Conferencia FfD4 de Sevilla hubiera podido ser un espacio histórico para la comunidad internacional, pero fue bloqueado sistemáticamente por los poderosos países acreedores: los países europeos (entre otros). Así, el Compromiso de Sevilla en materia de deuda no contempla seguir adelante con un Convenio Marco de Naciones Unidas sobre la Deuda Soberana, sino que hace mención a un proceso intergubernamental que solo podrá hacer recomendaciones no vinculantes. La deuda y las políticas de austeridad no son solo un tema de los países del sur global, nos afecta a todas.
Impuestos y financiación climática
Actualmente, muchos países empobrecidos (y también países enriquecidos) tienen un potencial limitado para recaudar impuestos debido a las normas fiscales injustas establecidas por el club de países de la OCDE, que durante más de 60 años han mantenido un sistema que se adapta en gran medida a los intereses de los países más ricos y de las grandes empresas. Sin embargo, la política fiscal es central para un país para financiar gastos sociales necesarios sin tener que recurrir al endeudamiento público. Además, en un contexto de emergencia climática y eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, la capacidad fiscal de los Estados es crucial para paliar impactos, responder a las pérdidas y daños e invertir en adaptación climática. Desde la sociedad civil, se exige que se recaude de los que más tienen (como ultrarricos, empresas multinacionales o fósiles) a través de políticas fiscales progresivas con perspectiva de género y de justicia climática. Por ejemplo, se calcula que nuevos impuestos, como el que grava las ganancias extraordinarias, podrían recaudar potencialmente casi un billón de dólares al año, un impuesto sobre el 1 % a las personas más ricas podría recaudar potencialmente hasta 6,4 billones de dólares al año y un impuesto a las transacciones financieras podría recaudar hasta 650.000 millones de dólares al año.
La justicia fiscal también está en el centro de la financiación para el desarrollo y actualmente es uno de los debates más avanzados —desde una mirada de justicia económica global— en las Naciones Unidas. A pesar de la retirada de Estados Unidos en enero de 2025, el proceso para negociar un nuevo convenio de la ONU sobre cooperación fiscal internacional, que, entre muchos puntos, incluye un impuesto mínimo del 25 % sobre los beneficios de las empresas multinacionales, dio un importante paso adelante en enero 2025 con la aprobación de los Términos de Referencia para un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional. Después de la última ronda de negociación en noviembre de 2025 en Nairobi, Kenia, el proceso avanza para negociar el contenido del nuevo convenio junto con dos protocolos iniciales, que deberían estar terminados a finales de 2027.
En la Conferencia FfD4 de Sevilla, los Estados miembros han apoyado la necesidad de acelerar las negociaciones para el convenio marco sobre impuestos. En el Compromiso de Sevilla, los Estados miembros mencionan la importancia de conectar los impuestos al objetivo de reducir las desigualdades, tener en cuenta una mirada de género, combatir eficazmente los flujos financieros ilícitos —por ejemplo, promoviendo medidas para eliminar paraísos fiscales o prácticas fiscales agresivas— e impulsar impuestos justos a las empresas multinacionales y personas más ricas. Ahora bien, queda pendiente traducir la declaración de intenciones en un texto ambicioso y legalmente vinculante para todos los Estados miembros de la ONU.
Avanzar en materia de justicia fiscal con justicia climática también es importante para las personas y los territorios del Estado español. En diciembre de 2024 se han podido experimentar las resistencias políticas y corporativas en contra de una reforma fiscal justa y verde. El Congreso de los Diputados no aprobó la permanencia del impuesto extraordinario a las empresas energéticas, aunque a través de este impuesto se recauden anualmente más de 1.500 millones de euros de las empresas multinacionales energéticas más contaminantes, como Repsol e Iberdrola. Estas empresas contaminantes son parte responsable de la emergencia climática y sus fenómenos extremos, como la DANA en Valencia.
En términos de pérdidas y daños, la DANA de octubre del 2024 causó 229 muertes y destruyó ecosistemas, infraestructuras, carreteras, ferrocarriles, puentes, viviendas y vehículos. La catástrofe en el País Valencià pone de manifiesto la falta de preparación para responder a los efectos de la emergencia climática y las consecuencias dramáticas de una escasa previsión. Pero también evidencia un modelo cortoplacista que prioriza la acumulación de beneficios económicos y el capitalismo del desastre, tal y como muestra un análisis de los fondos públicos dedicados a la reconstrucción un año después de la DANA. En este sentido, es importante hacer valer el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas: quien más ha contaminado y contribuido a la emergencia climática tiene la obligación de resolverla (y pagarla).
Actores visibles e invisibilizados
Volviendo a la Conferencia FfD4 de Sevilla, se ha mostrado (de nuevo) quienes son los actores poderosos que influencian las decisiones sobre las reglas y reformas del actual sistema económico y financiero. La propuesta de financiación al desarrollo se ha convertido directamente en una gran colaboración público-privada: el norte global ha reforzado la narrativa de que las finanzas y el capital privado «nos salvarán», que el rol de lo público es atraer, blindar y asegurar la inversión privada en proyectos de desarrollo, sean infraestructuras, salud, educación, etc. Todo ello a través de garantías públicas y marcos legislativos favorables que permitan la privatización de los servicios públicos. De hecho, mientras que la sociedad civil tenía su Foro Social dos días antes en un recinto apartado del sitio de la conferencia, la ONU permitió al sector privado organizar su Business Forum durante los mismos días de la conferencia en el mismo recinto de Naciones Unidas. Las complicidades ya no se ocultan, sino que los privilegios para el sector privado se han visto perfectamente a la luz del día, un tema recurrente de otros espacios multilaterales como la COP30. Así, no sorprende que el control de las finanzas privadas haya sido uno de esos temas tabú que se posponen para la próxima conferencia. Que, por cierto, todavía no tiene ni fecha.
Sin embargo, en la Conferencia FfD4 de Sevilla, también se manifestaron alianzas y dinámicas globales muy relevantes que van más allá de la financiación, y que ponen en jaque el statu quo. Las grandes protagonistas —invisibilizadas— han sido las alianzas entre Estados del sur global, en concreto el Grupo Africano, formado por los 54 Estados miembros, el Grupo de los Países más empobrecidos (LDC, en sus siglas en inglés) formado por 44 Estados miembros, y la Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS en sus siglas en inglés), formada por 39 Estados miembros. Durante las negociaciones han apoyado demandas transformadoras claves, como la necesidad de crear un convenio marco de Naciones Unidas vinculante sobre deuda soberana y otro para la cooperación internacional al desarrollo; la necesidad de democratizar el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, dando voz y veto a los países del sur global; la necesidad de controlar los poderosos fondos de inversiones privados (como BlackRock, JP Morgan, etc.) y de regular las agencias de rating (como Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Rating). Por desgracia, estas demandas han sido finalmente rebajadas en el Compromiso de Sevilla, o directamente excluidas, en la última ronda de negociación que se llevó a cabo quince días antes de la conferencia a puerta cerrada.
Tal y como hemos visto en Sevilla, y se ha visto en Belém (COP30), hay un grupo reducido de países y de lobbies que van a continuar defendiendo su lugar de privilegio, haciendo políticas que mantienen y profundizan en el statu quo y en las desigualdades. Pero, tal y como vimos también en Sevilla, hay un grupo amplio y diverso —liderado por los países del sur global con apoyo de la sociedad civil organizada— que no se va a perder ni una y que está dispuesto a seguir presionando y trabajando para cambiar las reglas del juego. Porque nos va la vida y el futuro en ello.
Este artículo ha sido cofinanciado por la Unión Europea. Sus contenidos son responsabilidad única del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.
