Tomarse en serio la emergencia climática y sus efectos implica cuestionar y transformar los cimientos de la economía capitalista a la vez que nos preparamos para las emergencias que vendrán. Saber como responder en el marco de una Transición Ecosocial Justa és un deber pendiente.
La catástrofe producida en Valencia el pasado 29 de octubre pone en evidencia la falta de preparación para responder a los efectos de la emergencia climática y las dramáticas consecuencias de la falta de previsión. Pero también evidencia un modelo cortoplacista que prioriza la acumulación de beneficios económicos y que ha construido de espaldas a la naturaleza.
Hablamos de inacción en los momentos previos a la tormenta cuando, aún y las alertas emitidas por el Aemet y la confederación hidrográfica del Xúquer, no se toman las medidas de prevención necesarias, así como en los momentos inmediatamente posteriores, cuando los servicios de emergencia tardan a desplegarse agravando aún mas la tragedia. Pero también de una previsión que se debería haber producido mucho antes, para anticiparse a las amenazas que supone el cambio climático para un territorio expuesto de forma histórica al fenómeno de las DANA. Un fenómeno que ahora, con un Mediterráneo sobrecalentado, se agravará y todavía se hará más recurrente y potente.
Si de alguna cosa nos tienen que servir estos hechos es para abrirnos los ojos y ver la realidad de lo que supone la emergencia climática, los efectos de la cual, no lo olvidemos, ya se ven en todo el mundo y ya acumulan muchas más víctimas (solo en el último año podemos sumar las inundaciones de Brasil, Afganistán, la India, entre muchas otras). El cambio climático, sumado a la urbanización descontrolada promovida por los intereses especulativos nos pone en peligro, especialment a los barrios y territorios más populares.
Las organizaciones firmantes queremos expresar nuestra preocupación e intención de seguir trabajando en tres ejes fundamentales:
1. Restauración y reparación desde una lógica de justicia climática y feminista: restaurar i reparar un territorio devastado, como son ahora mismo los 75 pueblos afectados directamente en la provincia de Valencia (sin olvidar otras zonas que también se han visto impactadas), supone asumir una serie de prioridades. Obviamente, la primera tiene que ser el rescate de las víctimas y asegurar que toda la población está fuera de peligro lo más pronto posible; y a continuación, garantizar el acceso a las necesidades básicas a las zonas más afectadas. Pero una vez pasada la urgencia más inmediata, se deberá garantizar una restauración y reparación integral.
Asumir la lógica de la justicia climática y feminista supone reconocer a todas las personas y ecosistemas afectados como víctimas de una crisis ecológica que nos incumbe a todas y que, por lo tanto, nos interpela a buscar soluciones conjuntas. Más concretamente, se tendrá que garantizar, en primer lugar, reparaciones materiales y simbólicas a todas las afectadas, sin olvidar a aquellas que ya se encontraban en una situación más vulnerable y que difícilmente recibirán indemnizaciones por los canales oficiales, o las que no tienen una red que pueda dar apoyo más inmediato. También es importante el apoyo emocional y trabajar desde una perspectiva de construcción de memoria colectiva que ayude a procesar la tragedia y a darle un sentido colectivo y político.
Además, habrá que plantear una restauración ecoterritorial, con participación de la población local, que tenga en cuenta las necesidades de la población, así como la recuperación de ecosistemas vulnerables como son la Albufera y la Horta de Valencia, eliminando también otras amenazas como la ampliación del puerto. Es fundamental que la reconstrucción quede en manos de empresas públicas y locales, para evitar que grandes constructoras aprovechen la tragedia para enriquecerse.
2. Depuración de responsabilidades políticas y empresariales: las cifras oficiales hablan de 220 personas muertas (a 7 de noviembre), además de las que todavía están desaparecidas. Estas pérdidas se han debido, en parte, a las decisiones políticas y empresariales que, aún y el riesgo alto de inundaciones, decidieron seguir operando con normalidad y no reaccionaron en las primeras horas de la emergencia, que son decisivas. Habrá que determinar si ha habido negligencias en la prevención y la gestión de la emergencia y garantizar un proceso de transparencia que obligue a rendir cuentas a los responsables, políticamente y judicialmente. Recordamos que una de las primeras medidas tomadas por el Govern valencià fue suprimir la Unidad Valenciana de Emergencias, en un claro gesto de negacionismo climático. Hablamos del presidente Mazón y del resto de responsables de la Generalitat Valenciana, pero también de todas las empresas que, a pesar de la alarma, obligaron a sus plantillas a seguir trabajando.
La demanda de responsabilidades debería extenderse a todos los responsables de la inacción climática, que a pesar de los compromisos del Acuerdo de París, siguen sin reducir las emisiones de efecto invernadero. Por tanto, necesitamos buscar vías –ya sea desde la justicia formal, como desde otros ámbitos de incidencia- para obligar a tomar medidas drásticas a las grandes empresas contaminantes y a los Estados que siguen sin tomar medidas necesarias.
3. Adaptación y prevención de cara a futuras emergencias para reducir los riesgos: Estos días hemos podido constatar la grave falta de preparación para responder a situaciones de emergencia climática. La situación ha superado las instituciones y, ya sea por incapacidad, negligencia o por cálculos políticos, han actuado tarde y mal. Esta inacción ha obligado a voluntarios y voluntarias a reaccionar rápidamente y con sus propios recursos, así como a canalizar ayuda a través de organizaciones sociales y espacios vecinales. Necesitaremos más tiempo para procesar todo lo ocurrido pero, de entrada, reconocemos que habrá que dar mucha más importancia en el ámbito de adaptación y prevención de emergencias en la agenda de la transición ecosocial. Habrá que desarrollar planes urbanísticos que incorporen estos riesgos y eviten construir en terrenos inundables, así como replantear lo ya construido. También será crucial recuperar zonas naturales que permitan absorber y frenar la velocidad del agua en caso de inundaciones.
En cuanto a la reacción durante la emergencia, apostamos por una respuesta públicocomunitaria, que reconozca los servicios de emergencia como piezas clave de un marco de servicios públicos integrales, ampliando su financiamiento y desvinculándolos del ejército. Pero también desde las organizaciones sociales, ecologistas y feministas necesitamos incorporar la prevención y la respuesta a emergencias en nuestras agendas, marcos de alianza y planes de formación.
Tenemos claro que la respuesta no podrá ser solamente institucional y que, por tanto, necesitamos estar preparadas para responder de la mejor manera posible. Hará falta una estrategia de capacitación social para dotar a la ciudadanía de herramientas y conocimientos para actuar en situaciones de emergencia, que cada vez sufriremos con mayor frecuencia. “Solo el pueblo salva el pueblo”, dicen, pero esta frase no tiene sentido en manos de fascistas que quieren instrumentalizar la solidaridad, y tampoco sin un tejido social fuerte y solidario que lo ponga en marcha.
Por último, queremos hacer un reconocimiento a todas las personas y organizaciones que han estado y están trabajando de forma incansable para sacar el barro, llevar suministros y acompañar a las personas afectadas. Su ejemplo nos da esperanza y un camino a seguir para responder colectivamente a las múltiples crisis que afrontamos. También queremos poner por escrito el compromiso de las organizaciones firmantes a seguir de cerca todo lo que pase a partir de ahora en los territorios afectados. No dejaremos que las víctimas queden en el olvido, se lo debemos a ellas y a sus familiares y amistades, seguir trabajando para conseguir una reparación justa e integral, así como garantías de no repetición.