El informe señala cómo se ejecutó y qué riesgos implica el proyecto Renace de ACS en Guatemala.
El Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) publica un informe sobre la construcción del complejo hidroeléctrico Renace (en Alta Verapaz, Guatemala), señalando cómo responde a una compleja red de relaciones entre el Estado Guatemalteco y familias de su oligarquía: «Los riesgos de las Colaboraciones o Concesiones Público-Privadas (CPPs): el caso de Renace en Guatemala».
A través de una serie de cambios legislativos, en Guatemala se ha generado una estructura que permite la concentración de capital y el enriquecimiento de la élite económica, con una gran cuota de poder, y ajena a los mecanismos propios de la democracia. Empresas nacionales como Corporación Multi-Inversiones (CMI), y españolas, como Actividades de Construcción y Servicios (ACS), con fuertes lazos de amistad, se benefician en detrimento del interés general.
El entramado familiar de la oligarquía guatemalteca Gutiérrez-Bosch tiene estrechas relaciones con la empresa ACS. Como información de interés adicional, cabe destacar el vínculo del expresidente español del Partido Popular José María Aznar con la familia Gutiérrez-Bosch y la ubicación de la sede de la Fundación FAES para Centroamérica y Caribe en Guatemala.
En el caso de Renace, CMI subcontrató a ACS, por medio de su filial COBRA, para la construcción de la central hidroeléctrica Renace II en el año 2007 (y sus fases posteriores) y ha estado vinculada al proyecto desde entonces como principal accionista y ejecutor del proyecto bajo la modalidad «llave en mano», y contratado bajo un mecanismo contractual y financiero conocido como Colaboración Público-Privada (CPP).
El informe también revela los riesgos del proyecto CPP Renace para Guatemala:
- Riesgos para las finanzas públicas y generación de deuda ilegítima ya que el Estado no es co-propietario del proyecto y no recibe ingresos por el mismo.
- Riesgos para la democracia dada la poca transparencia en los contratos de Renace y a la profunda red de corrupción generada entre el Estado y familias de la oligarquía guatemalteca para el enriquecimiento de una élite económica con una gran cuota de poder.
- Riesgos para los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales y la equidad, que responden a la afectación de aproximadamente 29.000 habitantes del pueblo Maya Q’eqchi de las comunidades cercanas al río Cahabón, dependientes del mismo como medio de vida y subsistencia. Las denuncias, tanto nacionales como internacionales, están en relación a ámbitos como la salud, la alimentación, la consulta, la participación, la información, el agua, la libre determinación y la seguridad alimentaria.
Renace es un caso más de CPP que fomenta malas prácticas por parte de los inversores, responsables políticos i administraciones. El modelo CPP esta lejos de ser el modelo eficaz que venden sus promotores, encabezados por el Banco Mundial y distintos gobiernos en todo el mundo, y es una fórmula de contratación fuertemente criticada por organizaciones de la sociedad civil en el mundo, e incluso por el Consejo de Europa en su informe Colaboraciones público-privadas en la UE: Deficiencias generalizadas y beneficios limitados.
Resumen ejecutivo:
El informe se centra, en primer término, en contextualizar el modelo de las Colaboraciones Público-Privadas (CPPs) y encuadrarlas en la región de América Latina y el Caribe, así como en los riesgos que conllevan en el actual contexto de financiarización de las infraestructuras. En segundo lugar, se explora de manera exhaustiva un ejemplo paradigmático de malas prácticas de este sistema de financiación y gestión, como es el de Renace, un complejo hidroeléctrico en Guatemala que ha generado importantes impactos sociales y ambientales en las comunidades locales como consecuencia de su construcción y funcionamiento. En tercer lugar, se analizan las leyes y políticas neoliberales que enmarcan esta CPP, así como las responsabilidades de los distintos actores implicados en el caso, como la empresa Corporación Multi – Inversiones (CMI) y el grupo COBRA, subsidiaria de la empresa Actividades de Construcción y Servicios (ACS), y su connivencia con el sector político y financiero guatemalteco y transnacional. Por último, se presentan algunas conclusiones del informe y se realizan algunas recomendaciones dirigidas a gobiernos nacionales y bancos públicos de desarrollo para que apuesten por una financiación de infraestructuras que reduzca los riesgos para las finanzas públicas, que implique mayor democracia y que no vulnere los DESCA.
Autoras: Blanca Bayas y Andrea Paola Galindo
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