El pasado viernes durante el Consejo de Ministros se aprobó el mecanismo que permitirá a ACS cobrar los 1.350 millones de la indemnización por el cierre del proyecto Castor. En nombre de Enagas, el gobierno emitirá derechos de cobro a treinta años por este valor y los cederá a la banca. Enagas canalizará la operación y los bancos podrán posteriormente vender en los mercados esta deuda (como con el déficit eléctrico), o quedárselo en sus balances, recibiendo en cualquier caso una rentabilidad que probablemente supere el 4%. La ciudadanía será quien finalmente pague esta deuda a través de la factura del gas.
Con la medida actual, de los escenarios posibles sobre los que se ha especulado durante los últimos meses (asumir la deuda desde los Presupuestos Generales, nacionalizar las instalaciones, negociar una quita de la deuda, o iniciar el proceso para anularla definitivamente, según la posibilidad que dejaba abierta el Tribunal Supremo [1]), se ha acabado escogiendo la peor opción para la ciudadanía: la que socializa la totalidad de esta deuda privada, y que además abre la puerta a que la deuda siga creciendo.
La historia de esta deuda ilegítima comienza a finales de los años 90, cuando Escal UGS, participada en un 66,6% por ACS (la empresa de Florentino Pérez, sin experiencia en infraestructuras gasistas) convenció al Gobierno de la utilidad de este proyecto argumentando que, de cara a convertirse en país de tránsito del gas hacia el centro y norte de Europa, resultaba más barato apostar por Castor que instalar tanques de gas en las regasificadoras existentes. Para iniciar la construcción del proyecto se pidió un primer préstamo a un consorcio de 19 bancos, a pagar durante 7 años. En 2013 se refinanció esta deuda con una emisión de Project Bonds (bonos de proyectos europeos) por valor de 1434 millones de euros, esta vez a amortizar en 21,5 años. 300 millones fueron adquiridos por el BEI, que asumía ser el último en cobrar y que también aportaba una línea de liquidez lista para utilizarse si algo fallaba. Ahora, la medida aprobada supone que la deuda se (re)refinancie y que se pague a 30 años, por parte de la ciudadanía. Durante estas tres décadas, sin embargo, no se mantendrán intactas. La deuda engordará, beneficiando a los sectores gasista y financiero que toman parte en la operación, y ahogando a la población consumidora de gas que la pagará.
Si el gobierno español hubiera negociado rebajar parte de la deuda con ACS, el BEI se hubiera encargado de cubrir la parte restante con los 200 millones de euros de la línea de liquidez. De nuevo, la ciudadanía contribuyente, esta vez europea, hubiera soportado el riesgo de una operación financiera que ya se ha mostrado como inviable y socialmente injusta. Sólo una voluntad política firme dispuesta a batallar contra ACS y contra las propias instituciones públicas cómplices en el caso, harían pagar esta deuda a los responsables.
Durante años se ha explicado bien poco del proyecto Castor. Se ha mantenido la población de la zona desinformada y bajo riesgo, se ha mareado a la opinión pública con bailes de cifras, y todo se ha acabado decidiendo entre los pasillos de Madrid, Bruselas y la tribuna del Bernabéu. La supuesta cláusula anti-Forentino dentro del real decreto de la medida no es ningún favor a la ciudadanía, sino un detalle distractor de lo que realmente se acaba de aprobar: el visto bueno a un pago de una deuda ilegítima que crece con cada nueva operación financiera necesaria para soportarlo. Todo ello para un megaproyecto impuesto e innecesario, que podría volverse a poner en funcionamiento cuando el sistema gasista considere. Eso si, con un mantenimiento de 100 millones de euros al año y con el peligro socio-ambiental que ello conllevaría.
Las circunstancias en las que se contrajo esta deuda, la manera en como se ha desarrollado, así como los impactos generados por el proyecto, llevan a exigir que no se asuma esta deuda desde la ciudadanía, y que se haga un juicio para a determinar a los responsables. Otras megainfraestructuras fallidas, como los aeropuertos fantasma o autopistas que tienen que ser rescatadas, muestran una tendencia que visibiliza que el proyecto Castor no es un caso aislado. Deberíamos, entonces, poner fin a mecanismos financieros y a contratos abusivos que encadenan el dinero público a compromisos con los mercados y las empresas, y que quedan muy lejos del bien común.
[1] Según la posibilidad que dejaba abierta el Tribunal Supremo, que aun sentenciando que el artículo 14 de la concesión no era abusivo, no descartaba «que la conducta dolosa o negligente de la empresa concesionaria pueda afectar o, incluso, anular en su caso el propio derecho a la compensación».