Nuevo informe «Negocios por encima de las personas. Un análisis crítico de la financiación pública ante el COVID-19 y las respuestas a la crisis del coste de la vida en Francia, España y Bélgica»
La investigación es una iniciativa del European Network of Corporate Observatories (ENCO), elaborada por las investigadoras del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el Observatoire des multinationales, el Groupe de Recherche pour une Stratégie économique Alternative (GRESEA) y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Este informe es un ejercicio de seguimiento ciudadano de la financiación para la recuperación ante el COVID-19 y la crisis del coste de la vida en Francia, España y Bélgica durante 2020, 2021 y 2022.
Los sectores socialmente necesarios como la sanidad, la educación y el transporte público recibieron menos del 17% de la financiación pública para afrontar la crisis durante 2020, 2021 y 2022 en Francia, España y Bélgica. Estos tres países, seleccionados como casos de estudio, aplicaron medidas de estímulo muy inferiores al 10% del PIB durante el período estudiado: un 4%, en el mejor de los casos. Entre un tercio y la mitad de los fondos públics se destinó directamente a empresas privadas. Si le sumamos las ayudas indirectas, como las medidas de mantenimiento de los puestos de trabajo o los subsidios energéticos para los hogares, en total recibieron un 69% (Francia), un 68% (España) y un 58% (Bélgica) de la financiación pública. Prácticamente ninguna de las medidas de financiación de respuesta a las crisis estuvo sujeta a criterios climáticos o de género.
Si bien entre el 24% i el 54% de todos los fondos invertidos en Francia, España y Bélgica se destinaron a la protección social, la mayoría se trataban de medidas de protección de los puestos de trabajo, que beneficiaban directamente solo a una parte de la población, que cuenta con condiciones laborales regularizadas. El resto de la población, incluyendo las mujeres a cargo de tareas de cuidados no remuneradas, gente joven y anciana, migradas, o personas en situación de marginación en condiciones laborales no regladas o informales, solamente tuvieron acceso a medidas de protección social que sumaban el 4% (Francia), el 10% (España) y el 23% (Bélgica) del gasto público.
Los bancos han sido los grandes beneficiados de la financiación pública extraordinaria, ya que han canalizado y decidido sobre la asignación de fondos públicos a la economía, como los préstamos con garantía del Estado. No se ha visibilizado suficiente el poder que han tenido en la toma de decisiones y los beneficios económicos que han sacado.
La financiación pública es una decisión política, ya que las políticas pueden incrementar las desigualdades existentes si no se diseñan y se implementan adecuadamente. Este informe puede resultar útil a movimientos sociales, medios de comunicación progresistas y partes interesadas, ofreciendo datos y argumentos sólidos para fomentar políticas transformadoras, justas y feministas que se puedan usar en el debate político sobre las crisis de la deuda, del clima y de los cuidados.
Todo el gasto público frente a una crisis debe basarse en una vía ecológica, sostenible y orientada a los derechos colectivos, que garantice que se cuenta con un nivel adecuado de inversión y que los fondos se distribuyen de forma equitativa, eficaz y transparente, principalmente hacia las personas más afectadas, es decir, mujeres, gente joven y personas en situación de vulnerabilidad. Es igualmente importante la participación de representantes elegidos por la ciudadanía y otros agentes defensores de derechos en el seguimiento de los planes y las medidas de financión para garantizar que las decisiones de respuesta a la crisis no se tomen a puerta cerrada.
En este informe se sigue la línea del proyecto People’s Recovery Tracker, concretamente la iniciativa de la Financial Transparency Coalition, el Centre for Budget Governance Accountability (CBGA), la Christian Aid, la Tax Justice Network Africa, la Latindadd, la Fundación SES, l’Arab NGO Network for Development (ANNA) y la Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD), que han inspirado nuestro trabajo con su Recovery at a Crossroads: How countries spent Covid-19 funds in the Global South (2022) (‘Recuperación en la encrucijada: cómo los países gastaron los fondos COVID-19 de rescate en el Sur Global’), en la que reivindicaban que se promoviera una recuperación centrada en las personas en un tiempo de crisis múltiples.