Los fenómenos climáticos extremos acaban convirtiéndose en catástrofes que sumen a los países del Sur global en un bucle de empobrecimiento y endeudamiento del cual es imposible escapar
Hoy las jóvenes se encuentran de nuevo en la calle para pedir políticas efectivas para frenar la emergencia climática y para reivindicar su derecho a tener un futuro digno en un planeta sano. Es un momento importante para pedir responsabilidad política, dado que dentro de 9 días empieza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26.
Los gobiernos de todo el mundo negociarán las pautas de las futuras políticas climáticas globales, que incluyen tomas de decisiones difíciles sobre qué esfuerzos deben hacerse para evitar un aumento de temperatura por encima de 1,5 ºC. También sobre quién y cómo se financian la mitigación y la adaptación a la emergencia climática en los países del Sur global y cómo se compensan las pérdidas y los daños en países empobrecidos afectados por los fenómenos climáticos extremos, entre otras.
Hoy no solo se movilizan las jóvenes de nuestro país, sino que también lo hacen miles de jóvenes de los países del Sur global que viven en regiones que sufren los impactos de la emergencia climática de manera muy desigual. Porque la emergencia climática no afecta por igual a todos los países: sequías, inundaciones severas, escasez de alimentos o huracanes afectan especialmente a la población de las islas del Caribe y del Pacífico, gran parte de la costa del Sudeste asiático, y al conjunto del continente africano (principalmente el Sahel y el Cuerno de África).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que estos tipos de fenómenos se están produciendo a un ritmo de uno a la semana, y que los impactos tienen un coste de hasta 300.000 millones de dólares al año para estos países y regiones que menos han contribuido a generar la crisis climática.
No todos los países tienen los mismos recursos para mitigar o adaptarse a los efectos de la emergencia climática
En el caso de los pequeños estados insulares del Caribe y del Pacífico, observamos que el impacto de huracanes tropicales se multiplica respecto a países más grandes y con más recursos económicos, hasta el punto de que su realidad económica implica una mayor vulnerabilidad climática.
Un ejemplo de ello lo encontramos con el paso de la tormenta tropical Erika en 2015, cuya reparación de los daños supuso una inversión del 90% del rendimiento económico de la isla Dominica. Muchos estados insulares pequeños dependen solo de una o pocas actividades económicas y la situación de monocultivo (agrario o turístico) los deja en situación de gran dependencia y vulnerabilidad, particularmente ante fenómenos climáticos extremos. Además, el choque económico derivado de la Covid ha agravado la situación financiera de los países del Sur global. La deuda pública ha aumentado de 108 a 116 países empobrecidos, provocando que durante la pandemia diversos países como Argentina, Belice, Ecuador, Líbano, Surinam o Zambia llegasen a la situación de no poder devolver su deuda, declarándose en quiebra y teniendo que parar los pagos de la deuda.
Los países más pobres se ven obligados a endeudarse para hacer frente a la emergencia climática –cuando históricamente son los que menos han contribuido al problema–. De este modo, países ya muy endeudados de por sí –y con una deuda agravada por la crisis de la Covid-19– no tienen mucha otra opción que seguirse endeudando para invertir en la reducción de emisiones o para adaptarse a los impactos ya inevitables de la emergencia climática. En el caso de los países más afectados por fenómenos climáticos extremos, se suma a esta situación de sobreendeudamiento la presión para alcanzar los recursos vitales necesarios para responder ante la emergencia y para poder llevar a cabo la reconstrucción postdesastre.
Autora: Nicola Scherer
Publicado: 22/10/2021
Imagen: Ajuntament de Barcelona
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