Artículo sobre el papel de la digitalización en el Plan España Puede y los fondos Next Generation EU. Por Nicola Scherer.
Cuando en julio de 2020 la Comisión Europea (CE) presentó su paquete de ayudas NextGenerationEU, mucho se aplaudió desde los gobiernos y los consejos empresariales. 750.000 millones de euros para financiar la recuperación económica post covid-19, y para invertir en la transformación verde y digital de la economía europea. Casi un año después, la propuesta se ha materializado en 27 planes nacionales de recuperación y resiliencia que tienen que ser aprobados hoy, como fecha límite, por parte de la Comisión Europea. En el caso del Estado español, ya recibimos la aprobación de Bruselas hace un par de semanas para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. España Puede, y con ello el visto bueno para la propuesta del Gobierno de Pedro Sánchez y su plan de inversiones y reformas financiado con un total de 69.500 millones de euros de subvenciones europeas.
En un momento de crisis múltiple, la entrega de grandes cantidades de dinero público al sector privado para rescatarlo y transformarlo no es una decisión meramente económica, sino una cuestión de justicia social y ambiental, que de una manera u otra afectará a todo el mundo. En este sentido, llama mucho la atención la inconmensurable confianza del Gobierno español en la digitalización y la tecnología como estrategia para resolver los problemas de este país. Una estrategia altamente cuestionable, por un lado por los impactos sociales y ambientales que provocan los procesos de la digitalización –entendido como proceso de transformación de una actividad de analógica a digital a través de la microelectrónica, las telecomunicaciones, la arquitectura de ordenadores, la robótica o el software; se relaciona con el big data, la inteligencia artificial o el Internet–, y por otro lado porque se decide esta estrategia desde la Moncloa, sin suficiente debate democrático y colectivo.
Por un lado sorprende la cantidad de dinero dedicado a proyectos para digitalizar procesos y sectores. En total representa el 28% de los fondos, mucho más de lo que se pide desde la Comisión Europea a los Estados Miembros (obligatorio es un 20%). Por otro lado, digitalización se utiliza como sinónimo para todo aquello que requiere modernización (por ejemplo en el caso de la industria, la administración y sectores sociales), sin profundizar en los problemas estructurales o apostar por desarrollar modelos económico-sociales alternativos más resilientes como podrían ser modelos de producción y consumo basados en las soberanías –por ejemplo producción agraria ecológica para el auto-consumo, o producción de productos esenciales, como material sanitario, en los territorios autónomos y estatales–.
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Autora: Nicola Scherer
Publicado: 30 de junio
Foto: Mark Spiske (Unsplash)
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