Movimientos sociales, sindicatos, concejales, municipios, consejos regionales e incluso algunos gobiernos anuncian su victoria sobre una propuesta de directiva de ‘Procedimiento de Notificación’ presentada por la Comisión Europea en enero de 2017.
Artículo de Corporate Europe Observatory (CEO), disponible en inglés
Artículo en El Salto «Ayuntamientos y movimientos ciudadanos tumban la Directiva Bolkestein (de momento)»
La propuesta Directiva de Procedimiento de Notificación le habría otorgado a la Comisión poderes de veto sobre normas y reglamentos establecidos en el área de servicios. Ha quedado claro desde el principio, que afectaría a áreas como el cuidado de niños, servicios públicos, planificación urbana y derechos laborales, en todos los niveles de gobierno; desde lo local hasta lo estatal. En un área muy vasta y sensible de la economía, la Comisión reclamó el derecho de examinar los proyectos de ley mucho antes de que se adoptaran, de cambiarlos y de revocarlos en caso de que no estuviesen en sintonía con las estrictas disciplinas del mercado.
Afortunadamente, este ataque frontal a la democracia no ha sido aceptado por algunos estados miembros, tampoco por municipios importantes y una amplia coalición de movimientos de ciudadanos. Al final, las negociaciones entre gobiernos en el Consejo no han llevado a nada -con algunos opuestos a impulsar la propuesta-, y el Parlamento Europeo ha abandonado el expediente. Solo volverá a ser una amenaza si la nueva Comisión, que asumirá el cargo a finales de 2019, decide volver a poner la propuesta sobre la mesa.
La Directiva surgió tras años de presión por parte de los lobbies de grandes empresas, que buscaban que la Comisión Europea asegurase una implementación más enérgica de la existente Directiva de Servicios, también conocida como la Directiva Bolkestein. Esta cubre una amplia gama de servicios e introduce normas de gran alcance, con serias implicaciones para el bienestar, las políticas ambientales y los derechos sociales. Está redactado de forma vaga, en parte como resultado de fuertes protestas en el momento de su adopción en 2006, lo que lleva a la falta de claridad; un espacio para la interpretación que los grupos de presión quieren resolver de manera fácil: adjudicandolo a la institución en la que más confían para que evalúe los casos con un único enfoque y con poderes de veto.
Si bien es una buena noticia que la Directiva propuesta -que estaba fundamentalmente en desacuerdo con la democracia-, ahora tiene que abandonarse, permanece como una indicación de hasta qué punto la Comisión Europea y sus aliados están dispuestos a llegar en sus intentos de imponer su ideología neoliberal.
Sin embargo, hay razones para creer que este no es el final de la historia. Se tomarán nuevas iniciativas a nivel de la UE para imponer disciplinas más estrictas a nivel local para garantizar la disciplina del mercado. La victoria contra la Directiva de Procedimiento de Notificación debe servir como una llamada de atención para los y las que se preocupan por la democracia local; para unir sus fuerzas e identificar formas de garantizar el derecho a tomar decisiones que defiendan y amplíen el bienestar, para asegurar servicios públicos universales y dar forma a ciudades de acuerdo a los deseos de quienes viven en ellas. Tras el fracaso de la Directiva sobre el Procedimiento de Notificación, es necesario un debate público sobre cómo garantizar que la Comisión Europea reciba instrucciones claras para detener de una vez por todas su cruzada de desregulación antidemocrática contra las sociedades europeas. Las próximas semanas, en el período previo a las elecciones al Parlamento Europeo, es el momento perfecto para tal debate.
