BARCELONA.- El 7 de abril, el Parlamento de Grecia aprobó a propuesta de Syriza la creación de una comisión para investigar el rescate y el consiguiente incremento de la deuda del país heleno, que pasó del 113% del PIB en 2009 al 185% en 2014. El grupo está coordinado por el politólogo belga Éric Toussaint y cuenta con 30 miembros, la mitad griegos y la otra mitad internacionales. Entre ellos está Sergi Cutillas, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG). Cutillas, que escribe habitualmente en el blog Viviendo en Deudocracia, desgrana en la entrevista las claves del trabajo de la comisión.
¿Cuál es el objetivo de la comisión de la auditoría de la deuda griega?
Saber qué ha pasado desde los años 2009-2010 hasta la actualidad en los diferentes procesos de endeudamiento y de trasvase de deuda. Dadas las circunstancias, hay una cierta urgencia del nuevo gobierno para esclarecer que ha pasado en relación a los dos rescates de Grecia. Quiere saber qué parte de la deuda es ilegal y rompe el ordenamiento jurídico; que parte es ilegítima, es decir que no se ha generado para llevar a término un beneficio para la comunidad; que parte es odiosa, originada de forma despótica o que atenta contra los derechos básicos de la población; y, finalmente, cuál es la deuda insostenible, la que no se puede pagar sin menospreciar los derechos sociales. El criterio de sostenibilidad de una deuda debe incluir siempre una vida digna.
Partís de la premisa que hay partes de la deuda que entran en estas categorías. ¿En qué os basáis?
Ya hay muchos estudios realizados y tanto los expertos griegos como los movimientos de auditoría ciudadana que hemos seguido el tema vemos claros indicios de odiosidad, ilegalidad e ilegitimidad. Pero obviamente a esto se le debe dar rigor y el estudio debe hacerse bien, siguiendo criterios científicos, recopilando todos los trabajos previos y estableciendo una metodología coherente. Este es el encargo urgente que nos pide el gobierno para junio y posteriormente habrá un trabajo más exhaustivo hasta final de año, que será una investigación nueva donde se irá más al detalle.
Con el tiempo se ha podido comprobar cómo los llamados rescates han servido fundamentalmente para pagar a los acreedores, es decir, a los bancos.
Se podría hablar incluso de la odiosidad de los rescates, porque fueron aceptados por gobiernos que no consultaron a su pueblo. Las cosas se hicieron de forma opaca, bajo coacción de unas instituciones con una legitimidad democrática muy dudosa. Se utilizaron unas previsiones manipuladas para justificar que con el rescate la deuda era sostenible, cuando el FMI ya sabía que era insostenible. Los rescates eran un plan para expoliar a un país y para quitar derechos, bajar salarios y generar paro, pero no para que la economía mejorara y la sociedad saliera de la crisis. Antes de 2010, la deuda estaba sobretodo en grandes bancos europeos, en manos privadas, y con el rescate pasó a estar en manos públicas. No era una operación para ayudar a la economía griega, ya que con esa deuda se debería haber quebrado y a partir de aquí llegar a un impago e iniciar una renegociación posterior, pero no se hizo porque se quiso salvar a los bancos. Fue un rescate a la banca de 110.000 millones de euros. Los estados están a disposición de las grandes corporaciones y de la banca.
¿Cómo llega un activista de la PACD y el ODG a participar en la comisión?
A mi me invita Éric Toussaint [politólogo belga que coordina la comisión y es el portavoz del Comité por la Abolición de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)], como al resto de expertos internacionales. Somos gente que ha trabajado los últimos años en redes de iniciativas de auditorías ciudadanas de la deuda en distintos países, expertos que han escrito sobre la ilegalidad de los planes de ajuste estructural,…Más de la mitad somos activistas y también estamos haciendo un trabajo de difusión y pedagogía. Se quiere formar redes internacionales. Grecia necesita que la iniciativa traspase fronteras y se vea lo que tiene de importante y pionera. Es un momento de hacer política y de hacerla con los elementos que tenemos en la mano, pero la auditoría también tiene un claro componente de profundización democrática y de transparencia y es una experiencia pionera en Europa.
La auditoría también se puede ver como una herramienta política para legitimar la posición del gobierno griego en su negociación con la Troika, ¿no?
Absolutamente. No debemos ser naifs, es un elemento de política. Creo que es la política que lucha para cambiar lo injusto, para profundizar en la democracia y en derechos humanos, y para reconfigurar la narrativa que hay en relación a esta hegemonía bastante tiránica. Cuestionar con un ejercicio de transparencia el sistema, tal vez servirá para ver sus hipocresías y contradicciones. En el sur global ya hace mucho tiempo que tienen claro quién es el enemigo y cuáles son los elementos de opresión, de chantaje y de desposesión. Con la auditoría se trata de armarse de razones y de legitimidad para oponerse a la estructura institucional de la UE y al capitalismo global, que pone el capital y la acumulación de poder y riqueza por delante de la supervivencia y de las necesidades más básicas.
¿El apoyo del gobierno griego a la comisión de la auditoría es rotundo o forma parte de una cierta escenificación, teniendo en cuenta que Varoufakis [el ministro de Finanzas] ha dicho que van a pagar la deuda?
Cuando llegué tenía ciertas dudas y podía pensar que es imposible que le den validez más allá de a nivel consultivo y de un cierto uso político de la auditoría. Pero una vez allí me impactó mucho que Alexis Tsipras [el primer ministro] viniera a la sesión parlamentaria y que el presidente [Prokopis Pavlopoulos], conservador de Nueva Democracia, dijera que la auditoría era un ejercicio de soberanía y democracia. Vimos un apoyo claro.
Si la deuda griega es impagable, ¿por dónde puede pasar un acuerdo?
Nadie serio y con un poco de conocimiento del tema piensa que la deuda de Grecia se puede pagar y sólo por mantenerla, Grecia está condenada a un empobrecimiento ad eternum. Esto está claro. En las negociaciones hay un componente de teatralidad, en el que las declaraciones también se hacen para repercutir en la opinión pública y cambiar el estado de tu posición. En este contexto debe entenderse que la estrategia de negociación es compleja y, a veces, se usan varias identidades, una internacionalmente y otra en casa, pero además luego tienes un plan C. Pero la sensación es que la auditoría no es algo para hacer ruido, sino que se la creen porque tendrá unos resultados contundentes. Si Grecia se encuentra en una situación en la que no se le da un poco de oxígeno, deberá tomar una decisión unilateral en defensa de su soberanía. ¿Qué mejor para ello que tener un documento basado en trabajos académicos que hablan también de derechos humanos y dice que ha habido transgresión de leyes? Se trata de decir no podemos pagar y, además, no tenemos que pagar porque la generación de la deuda ha supuesto empobrecimiento y violación de leyes.
¿La hipotética decisión unilateral puede conllevar la salida del euro?
Dependerá de la voluntad cooperativa. No se quiere dejar que el gobierno de Syriza tenga algo de éxito, porque tal vez se teme que Podemos capitalice este éxito. Se está llevando al gobierno griego a la quiebra, con dificultades para afrontar el próximo pago. Va salvando pelotas de partido, pero en algún momento se te termina el dinero. Si no respondes a lo que te piden, que es la austeridad -lo que sería un suicidio político-, te quedas sin dinero y esto significa hacer un impago. Si se llega a este punto, debes decidir si te dejas o no tutelar o si llegas a un punto medio. Si se actúa de manera unilateral se puede llegar a la salida del euro. Hay consultoras y economistas que estudian si se podría hacer una salida temporal del euro, pero yo veo difícil que después haya un retorno, porque a Grecia no le convendrá entrar de nuevo en la eurozona. Pero quizás sí hay beneficios en decir que volverá a entrar, porque ayudará a mantener el imaginario de la eurozona unida. Otra posibilidad es el impago dentro la eurozona, con el gobierno griego creando una moneda electrónica para los intercambios domésticos y manteniendo el euro para las grandes transacciones. En todo caso, no te da soluciones ni te garantiza la soberanía para tener tus herramientas de política monetaria. También se debe poner en la balanza lo que significaría salir del euro en caída libre, sobre todo en una economía que no tiene una estructura industrial fuerte.
¿La auditoría puede servir de campo de pruebas para abrir un proceso similar en España?
Creo que nos la debemos tomar, aparte de como un proyecto que tiene un sentido en sí mismo, como un momento de aprendizaje, haciendo red y como una posibilidad de dar visibilidad a la iniciativa de la auditoría de la deuda, para que se pueda llevar aquí y para hacerla mejor. En la PACD hacemos grupos de trabajo para estudiar cómo se podría mejorar para hacer una propuesta de lo que nos gustaría hacer aquí. Se debe prever porque quizás más adelante se propondrá a unas personas poner en marcha una auditoría en España también con unos tiempos políticos cortos. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría poner a referéndum cuáles son los criterios de ilegitimidad. La gente del grupo de expertos tenemos como un sentido común sobre lo que es ilegítimo, como que los bancos se financiaran al 0,2% [de interés] y que el Estado tuviera que pagar un 5% con el primer rescate. Esto nos parece un abuso y perverso, y se ve que es ilegítimo. Pero si queremos ser radicales democráticamente, lo interesante es plantear un referéndum y votar los diversos mecanismos, porque entonces los resultados de la auditoría serán más vinculantes. También queremos intentar llevar allí los proyectos de Observatorios Ciudadanos Municipales.
En Grecia el encargo sale de las instituciones, mientras que en España parece difícil que llegue si no hay un cambio en la correlación de fuerzas en las elecciones, con una victoria de Podemos en las generales.
Sí, es muy difícil. Se podría decir que para mí el mayor potencial del proyecto de auditorías es a nivel municipal y autonómico. Seguramente habrá alguna autonomía gobernada por Podemos y [en Catalunya] habrá ayuntamientos gobernados por la CUP y quizá también por Barcelona en Comú. En estos ayuntamientos se puede crear una red potente de auditorías a nivel local y de interrelación, que debe servir para coordinar acciones de desobediencia si se encuentra ejemplos de ilegitimidad o ilegalidad.
¿Y podría generar un efecto llamada y que ayuntamientos gobernados por otras formaciones se sumen a acciones de desobediencia?
Espero que sí y confiamos que sea así. Desde el ODG y la PACD hemos participado en la elaboración de programas para las municipales en puntos relacionados con la transparencia y auditorías de la deuda de las cuentas públicas, que se incluyen en programas de Barcelona en Comú y la CUP. Esperamos que se puedan coordinar acciones contestatarias, porque creo que hay un gran potencial con este tema. Pero tampoco hay que ser naif y esto no significa que al día siguiente un ayuntamiento pequeño tenga que hacer una suspensión de pagos con un gran banco. Si hay un pensamiento estratégico y hay radicalidad democrática y radicalidad política se podrán hacer muchas acciones de desobediencia si se cuenta con suficientes gobiernos y masa para contestar. Si los ayuntamientos de la izquierda transformadora son capaces de dialogar y de ir juntos tienen unas capacidades de contestación y de ruptura muy grandes. Después cruzaremos los dedos y esperaremos que fuerzas contestatarias con el establishment también lleguen a ganar en España y en el gobierno de Catalunya, pero ahora me centraría en el municipalismo, que es quien mejor se comunica con la población y es el lugar dónde empezar este proceso.