Después de los terremotos ocasionados en 2013, el Proyecto Castor comenzó a ser conocido por la opinión pública. La promotora ACS (presidida por Florentino Pérez) renunció en verano de 2014 a su concesión de explotación, y el gobierno aprobó en octubre un RDL que aseguraba una indemnización a la empresa por su renuncia, a pesar de la posibilidad de negligencia.
La indemnización corre a cargo de tod@s nosotr@s, que pagaremos por un proyecto que nunca ha entrado en funcionamiento y que se ha demostrado innecesario y dañino para la población. En breve empezarán a cobrarnos la deuda asociada a la indemnización (enero 2016) a través de nuestras facturas de gas. 1.350 millones de euros a 30 años y al 4,3% de interés, es decir, ¡más de 4.700 millones de euros de pelotazo. Ahora es el momento de volver a poner el tema en la palestra, hacer ruido, y reclamar el no-pago y el cierre definitivo de este fiasco de megaproyecto.
Precisamente durante este diciembre se aprueban los peajes del sistema gasista para 2016 y, aunque el es probable que el ministro saliente haya dejado la orden cerrada, es urgente que se congele este pago, se preste atención a los diferentes procesos judiciales que hay en marcha y se audite la deuda del proyecto para exigir la reversión de la indemnización.