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Azerbaiyán: represión a todo gas


La UE intercanviará euros por gas con el régimen corrupto y autoritario de Azerbaiyán

El territorio de Azerbaiyán, poseedor de una gran riqueza en hidrocarburos (petróleo y gas) está situado en un importante punto geoestratégico, siendo por tanto una pieza clave en las transacciones energéticas internacionales. Por eso no resulta extraño que sea también el mayor socio comercial de la Unión Europea en el Cáucaso sur. Actualmente, nos encontramos ante la propuesta de construcción de la infraestructura energética más ambiciosa que la Unión Europea haya afrontado jamás: el Corredor de Gas del Sur (CGS). Este megagasoducto Caspio- Europa, conectaría Azerbaiyán con Italia, pasando por Georgia, Turquía, Grecia y Albania a través de 3500 kilómetros de corredor. El proyecto permitiría el intercambio de gas por euros, entre la UE y Azerbaiyán.

A nivel político, Azerbadjan es una república presidencialista con elecciones cada 5 años, y desde 1993 ha sido gobernada por la familia Aliyev: Heydar Aliyev gobernó de 1993 a 2003, al que sucedió su hijo Ilhan Aliyev, hasta la actualidad. Las urnas señalan hasta un 85% de apoyo popular a este régimen, mientras que los observadores internacionales denuncian numerosas irregularidades y fraudes en una supuesta democracia que finalmente se encuentra más cercana al autoritarismo que a la libertad y el respeto de los derechos humanos.

Es por ello que resulta ineludible cuestionar el trasfondo de intereses que esconde la UE en el país, conclusión evidente ante la ausencia de medidas tomadas frente estas violaciones a derechos humanos y políticos esenciales. Estas violaciones, además, resultan inextricablemente vinculadas con los intentos por parte del gobierno azeri de silenciar las voces disidentes que se enfrentan al régimen de la dinastía familiar de los Aliyev.

Numerosos activistas políticos han intentado poner en evidencia la verdadera imagen de un régimen que en las últimas décadas ha incrementado desmesuradamente su riqueza. Pero esta impugnación al modelo político que ejerce la dinastía de los Aliyev ha desembocado en decenas de detenidos y encausados ​​con sentencias desproporcionadas en relación a los cargos de los que se les acusa. Algunos de los activistas encausados ​​aluden a una relación directamente proporcional entre los niveles de represión ejercida por parte del régimen azeri hacia la sociedad civil y el aumento de las extracciones de petróleo y gas del territorio, que habrían aportado estos niveles desproporcionados de riqueza y de poder a un gobierno cada vez más autocrático y represor.

Según el informe 2014/2015 de Amnistía Internacional, al menos seis reconocidos activistas en materia de defensa de los derechos humanos han sido encarcelados, entre los más de cien detenidos y la interrupción de la actividad de diversas organizaciones de la sociedad civil que ponían en tela de juicio el modelo supuestamente democrático y transparente del régimen azeri, denunciando las continuas violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo, así como la necesidad y los costes humanos, ambientales y económicos de este proyecto energético considerado ”de interés común”.

Rasul Jafarov, condenado a 6,5 ​​años. Intiqam Aliyev, condenado a 7,5 años. Ambos activistas azeris que fueron entrevistados en el trabajo de campo que realizó el ODG el pasado mes de junio. Rasul era presidente de la entidad Art for Democracy; Intiqam abogado defensor de los DDHH. Ambos, desde el arte y la abogacía, eran críticos con el régimen de la familia Aliyev que gobierna con mano de hierro Azerbaiyán tras el desmembramiento de la URSS. Fueron imputados por fraude fiscal, cargos fabricados que han llevado a más de cien personas en la cárcel. Asimismo Leyla Yunus, acusada de espionaje por Armenia, podría ser condenada a cadena perpetua, como Khadija Ismayilova, que también espera condena por alguno de los cargos falsos con los que el régimen sentencia el amordazamiento de toda oposición.

El Corredor de Gas del Sur definiría al fin y al cabo los términos de las relaciones energéticas entre la UE y un gobierno corrupto y totalitario que intenta limpiar su imagen pública mediante la creación de lobbys como The European Azebaijan Society o el patrocinio de equipos de fútbol como el Atlético de Madrid. Mientras tanto, las instituciones europeas sellarían un pacto de invisibilización de los intereses y las demandas de los ciudadanos de los territorios afectados, de indiferencia hacia los activistas represaliados, y en definitiva de aceptación de la violación a los derechos humanos a cambio de la realización del proyecto energético más importante de la década en materia de importaciones de gas.

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