Desde el ODG hemos investigado la opacidad y la arbitrariedad en el reparto de los fondos públicos destinados a la recuperación después de las inundaciones que arrasaron la Horta Sud de València. Sumado a la trágica pérdida de vidas y al impacto incalculable, vuelve a imponerse el capitalismo del desastre: preservar a las grandes empresas por ante las personas y del territorio.
El 29 de octubre del 2024, una barrancà se llevó la vida de 229 vecinas de la Horta Sud de València, y cambió para siempre la de miles de personas. El riesgo que comportaría aquella gota fría hacía días que estaba detectada por desde la AEMET. La carencia de actuación por parte de la administración pública agravó este peligro, hasta el punto de dejar sin escapatoria a centenares de personas que hacían su vida cotidiana, sin recibir la alerta que tendría que haber emitido la Generalitat Valenciana. Los territorios con población más empobrecida fueron de los más afectados e impactados por las inundaciones.
¿Qué ha pasado en este año desde la tragedia? ¿Quién ha podido acceder a los recursos económicos destinados a la recuperación después de la emergencia? ¿Se ha recuperado la normalidad en las calles de Algemesí, Benetússer, Paiporta, Alfafar, Picanya, Massanassa, Catarroja…? Hemos investigado los fondos públicos destinados a reparar los estragos de la DANA, y a reconstruir las poblaciones tragadas por el barro. El resultado de esta investigación ha quedado plasmado en el reportaje Sota Focus de la Directa 593, elaborado por Ester Fayos y Eloi Latorre. Cómo recogen en el artículo (disponible en castellano), mientras la devastación a los hogares, comercios y espacios públicos de los barrios más humildes se mantiene, grandes empresas y establecimientos han recuperado la actividad con el apoyo de ayudas directas, avales y préstamos públicos.
El gobierno del Estado español puso a disposición 16.600 millones de euros, y la Generalitat Valenciana reservó 772.500 millones de euros. Este presupuesto de recuperación ante la emergencia se debe repartir entre particulares, trabajadoras autónomas y empresas afectadas. De la partida española, hasta el pasado julio, el gobierno de Pedro Sánchez ha abonado casi 6.000 millones, el 37% del total. El gobierno de Carlos Mazón había distribuido más de 283 millones de euros hasta agosto, un 36% de la partida. Por ahora, pero, quien ha recibido una inyección de dinero directa, rápida y casi sin condiciones, han sido grandes empresas por delante de la población local. Como constatan en la Directa, Juan Roig y Amancio Ortega se reparten el negocio de las donaciones a afectados por la DANA (disponible en castellano).
Esto pasa porque se asume que la manera de velar por el bienestar de la población es haciendo que la rueda capitalista no se pare, que el crecimiento no se estanque. No se cuestiona que las grandes empresas sean rescatadas, ni se los establecen obligaciones, como garantizar puestos de trabajo o fomentar una reconstrucción adaptada en el cambio climático, señala Júlia Martí, investigadora de la ODG especializada en ecofeminismos y defensa de los bienes comunes. Junto con Marta Pérez Fargas, coordinadora política de la ODG, han rastreado la secuencia de todos los encargos de obras y servicios por parte de las administraciones vinculados a los impactos de este episodio de fenómeno climático extremo.
En particular, el ODG ha prestado atención a la opacidad de los contratos de emergencia (disponible en castellano), que se activaron inmediatamente después de los chaparrones, pero que no siempre se han destinado a las necesidades básicas de sostenimiento de la vida. Son servicios que se pueden asignar solo con una llamada telefónica, sin ningún papel ni licitación, y la empresa ya puede empezar a trabajar. A causa de la carencia de información, sobre todo por parte de la Generalitat Valenciana, es muy difícil averiguar las condiciones del encargo y constatar si se ha hecho según se había acordado. Por lo tanto, es casi imposible hacer una fiscalización tanto de la empresa contratada como de la administración contratante.
Del impacto de la DANA en la población nos habla Rut Moyano, miembro del Comité Local de Emergencia y Reconstrucción (CLER) de Benetússer, en el episodio 30 del podcast Desenredades: ‘Inundación de barro y de especulación’. La normalidad todavía está lejos de devolver en las calles de la Horta Sud. Primero, porque han perdido centenares de vecinas, que ya no están y no volverán. En el momento del desastre, recuerda esta superviviente, «literalmente, nos salvamos la vida los vecinos y las vecinas. Fue la comunidad la que tuvo la capacidad de la respuesta inmediata. Pero es que con el paso de los meses, ya un año, la descoordinación entre administraciones se hace cada vez más evidente. Y sobre todo, se hace evidente que hay unas prioridades. La empresa privada es la que ya está en marcha de nuevo», señala Moyano. «Para los ascensores de los centros comerciales sí que ha habido piezas de repuesto y mano de obra para repararlos. Pero muchas vecinas se ven obligadas a seguir cerradas en casa, porque no se los han arreglado todavía los ascensores y no se pueden desplazar por las escaleras», denuncia la valenciana.
La escala de prioridades gubernamental ha puesto por encima, incluso, un circuito de motociclismo, antes que las escuelas, los centros sanitarios, los polideportivos o los parques y las plazas de los pueblos afectados. El impacto emocional se suma a las dificultades económicas, las trabas burocráticas para acceder a ayudas escasas, que no llegan a cubrir el coste que implica rehacerse de una catástrofe así. Los espacios de socialización y de garantía de derechos continúan inaccesibles para gran parte del vecindario de la Horta Sud. Ante esta inacción, de nuevo es el vecindario quien está poniendo el esfuerzo para recuperar sus hogares, sus barrios y sus derechos, tal y como están demostrando los CLER, y todas las movilizaciones ciudadanas masivas que desde hace un año salen a la calle para reclamar justicia, reparación y dignidad.
