Las nuevas reformas fiscales de la UE, aprobadas el 23 de abril de 2024, vuelven a imponer un régimen de austeridad a sus Estados miembros
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Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) enuncian que estas normas obligan a un ajustamiento de los presupuestos públicos con un impacto negativo en el bienestar presente y futuro
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Las tres organizaciones exigen que se prioricen las inversiones en bienestar y transición ecológica, por delante de las inversiones en gasto militar
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Asimismo, piden en el Gobierno español que promueva una fiscalidad justa y verde a escala europea y estatal, para afrontar los retos sociales y ambientales
El 23 de abril el Parlamento Europeo ha realizado el voto definitivo de la reforma de las reglas fiscales que marcarán la gestión de las cuentas públicas de la UE en los próximos años. Aunque las reglas fiscales propuestas suavicen el ritmo de los recortes de gasto en comparación con las reglas anteriores, para la mayoría de los Estados miembros supondrá restricciones que impedirán hacer frente a inversiones clave en bienestar y futuro.
Ante el resultado de la reforma, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Observatori del Deute en la Globalització denuncian el impacto negativo que tendrá este acuerdo en los recursos disponibles que las Administraciones podrán destinar al bienestar de la población y las futuras generaciones. Asimismo, las organizaciones critican que la UE ponga al mismo nivel de prioridad los gastos en defensa y militares que las inversiones en sanidad, educación, vivienda o la lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica.
La reforma se aprueba tras cuatro años de vigencia de la cláusula de escape que permitió la desactivación de las reglas fiscales durante la pandemia de covid-19. Esto ha permitido afrontar la crisis económica por la vía de las inversiones públicas, al contrario que los recortes que se infringieron en la década pasada con la crisis griega y del euro. Frente a la reforma planteada, las organizaciones sociales habían pedido por carta al presidente del Gobierno en marzo de 2023 que las nuevas reglas generaran un espacio fiscal suficiente para hacer frente a los principales desafíos de presente y futuro, en línea con los compromisos internacionales de clima y medio ambiente y con la Carta Social Europea.
En palabras de Nicola Scherer, investigadora del Observatori del Deute en la Globalització, “la UE ha perdido una oportunidad de generar un marco de gobernanza del dinero público a favor de una agenda feminista y una transición ecosocial justa. En cambio, han elegido unas normas fiscales que nos llevarán de nuevo a la austeridad”.
Nuria Blázquez Sánchez, responsable de internacional de Ecologistas en Acción, ha recordado que “la UE ha decidido que el gasto militar tenga una mayor relevancia mientras que dificultará el gasto público en sectores esenciales para la vida como son la salud, la educación, los cuidados, el transporte público, el derecho al acceso a la vivienda, alimentos, agua y energía”.
Carlos García Paret, de Greenpeace, apunta que “la austeridad 2.0 es una pésima noticia. Es urgente avanzar en democracia fiscal en toda la UE, con impuestos justos y verdes con foco en los más ricos y las empresas contaminantes. Además, no se pueden seguir derrochando miles de millones de euros de dinero público cada año en subsidiar una economía fósil y destructiva de la naturaleza y que beneficia mayoritariamente a unos pocos a costa de la mayoría. Es el momento de garantizar que cada euro público se invierta en el bienestar de las generaciones presentes y futuras”.
La reforma se aprueba en un momento en el que la UE-27 tiene un déficit de financiación de inversiones en transición ecológica que se calcula en unos 400 mil millones de euros al año, aproximadamente el doble que la inversión actual. Las nuevas restricciones de este marco de gobernanza económica harán más difícil obtener los fondos necesarios y solo 3 de los 27 países serán capaces de hacer frente a sus necesidades de inversión social y verde.
A partir de ahora, los Estados miembros deberán presentar planes nacionales antes de septiembre de 2024 que indiquen la trayectoria de la deuda y el déficit a medio plazo y las prioridades de inversión y reforma. La redacción de estos planes exige la participación de la sociedad civil. Las organizaciones que suscriben esta nota demandan al Gobierno de España una participación efectiva de la sociedad civil “para poder velar por la puesta en marcha de medidas a nivel estatal que eviten los recortes y la austeridad o el gasto superfluo y no prioritario y se apueste por la resiliencia ambiental y el bienestar social que favorezca al conjunto de la ciudadanía”.
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