A pesar de que existe una larga tradición de comunidades que se organizan en torno a la energía, la publicación de las directivas europeas 2018/2001 y 2019/944 ha provocado un auténtico boom de Comunidades Energéticas en la Unión Europea y cada vez más personas forman parte de ello. Seguramente, este crecimiento no habría sido posible sin el sustrato creado por los proyectos cooperativos de energía verde como Som Energia, GoiEner, Energética, La Corriente y Nosa Enerxía, entre otras experiencias.

Las consecuencias de la emergencia climática y de la escasez de los recursos están cada vez más presentes en nuestro día a día y están directamente relacionadas con un modelo económico que tiene como último objetivo el crecimiento de la producción de bienes y servicios; y, a más crecimiento, más consumo de recursos y más emisiones. El Decrecimiento, pues, surge como respuesta crítica al objetivo de crecer y busca reorganizar nuestras sociedades de manera justa a través de un modelo económico alternativo que las sitúe dentro de los límites planetarios.

Pensamos que los proyectos asentados y arraigados de las Comunidades Energéticas pueden aportar concreción y contenido práctico al Decrecimiento. A su vez, dota de una mirada profunda y crítica que sirve como brújula para elaborar una estrategia política que nos ayude a levantar la mirada del corto plazo y abordar temas de alcance estructural.

Así pues, nuestra motivación para crear esta guía práctica es contribuir a impulsar unas Comunidades Energéticas justas y comprometidas a través del Decrecimiento. Aportaremos recursos, herramientas y metodologías que faciliten y estimulen a lograr este objetivo. Sabemos que no es tarea fácil, pero también sabemos que es muy necesaria. Esperamos poder acompañaros en una parte de este viaje que ya estáis haciendo para transformar el modelo energético de raíz.

La guía se ha elaborado desde el ODG, en colaboración con Som Comunitats y Som Energia.

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La COP26 se convirtió en el centro mediático durante su celebración la primera semana de noviembre en Glasgow. Desde el ODG ya avanzamos los aspectos claves que creíamos que se pondrían en juego en la cimera. De su celebración han salido muchos titulares, peró ¿cuáles son los resultados y qué lecturas podemos hacer de ella?

Dos semanas después de su cierre, desde el ODG publicamos un resumen de los resultados más destacadas en relación a la ambición climática, su la financiación y los sistemas de mercado.

El presente documento tiene el ánimo de contribuir a clarificar qué ha salido de la COP26 y qué elementos pueden ser relevantes para el movimiento de justicia climática, para las entidades de justicia global y para la población en general. El ejercicio consiste en intentar traducir y destilar la elevada complejidad técnica de las negociaciones climáticas en argumentos interpretables políticamente.

Si tenéis cualquier duda, consulta, aclaración, propuesta o lo que sea, os animamos a contactarnos en: observatori@odg.cat, poniendo en el asunto [COP26].

La Cimera de Glasgow, consideraciones generales

La CMNUCC ha recopilado todos los resultados de la COP26 en este espacio web.

La vigésimo sexta conferencia de las partes signatarias de la CMNUCC, la COP26, había de ser la gran cimera que acabase de encauzar el Acorde de París y asegurase que no sobrepasemos los 1,5ºC de subida media de la temperatura terrestre.

Cabe mencionar que la inercia no era óptima. Venía precedida por una COP25 que se terminó celebrando en el Estado español después de la doble renuncia de Brasil y Chile. La COP de Madrid dejó muchos deberes para hacer y los impactos globales de la pandemia obligaron a suspender la conferencia del año 2020. La parálisis era patente por los pocos avances previos a Glasgow.

Dicho esto, dentro de la COP26, podríamos decir que ha habido partes ganadoras y partes perdedoras.

Por un lado, las ganadoras:

1. La presidencia del Reino Unido puede mostrarse moderadamente satisfecha por haber conseguido cerrar el libro de reglas de París, incluyendo el artículo 6 que hace referencia a los mercados. La COP26 también era parte de su estrategia para posicionarse a nivel global después del Brexit.

2. EE.UU. Ha vuelto a la senda multilateral en posiciones de liderazgo. Marca el final del Trumpismo. De aquí que haya sido muy presente en las negociaciones y haya alcanzado un acuerdo bilateral sorprendente con la China (más información en el punto 3.8. de este documento).

3. La UE ha tenido un papel destacado en la parte energética, defensora del abandono de los combustibles fósiles y auto-proclamándose garante del fin del carbón, aún siendo promotora del gas natural.

Los perdedores, los países empobrecidos:

1. El último movimiento de la India – con el soporte de la China, entre otros – en la plenaria de cierre para pasar de “abandonar progresivamente” a “reducir progresivamente” el carbón, pone en peligro el escenario de 1,5ºC y la supervivencia de los estados insulares que se reúnen dentro del grupo de negociación AOSIS, entre otros.

2. La transferencia N-S de 100.000 millones de dólares se reedita para el año 2025, en lugar del 2020, aunque se asegura que se alcanzará el 40% de los fondos para la adaptación en 2025.

3. Se reconocen los daños y pérdidas que muchos países están sufriendo a consecuencia del cambio climático pero no se dota de financiación al mecanismo que les hace frente, bloqueado por la UE y los EE.UU.

Para conocer con más detalle los debates, decisiones y resultados en relación a la ambición climática, la financiación y los sistemas de mercado, consulta la publicación a continuación.

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Brasil es un actor estratégico para la transición verde a escala global. Actualmente, produce el 92 % del niobio mundial (un mineral catalogado como fundamental por la UE) y se calcula que alberga en torno al 23 % de las reservas mundiales de tierras raras. Además, la elevada producción de energía renovable, que procede principalmente de las centrales hidroeléctricas, ha posicionado al país como potencial productor y exportador de hidrógeno verde y ha despertado el interés de la Unión Europea. El Gobierno brasileño también se ha mostrado favorable a los mercados de carbono como una oportunidad para obtener financiación, a pesar de la dudosa contribución efectiva a la reducción de las emisiones.

En la Convención de Río de 1992 se creó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que es el organismo que promueve la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés). Este año Brasil preside la COP30 y ha designado Belém do Pará para ser la ciudad anfitriona. Esta ciudad se encuentra en medio del Amazonas, uno de los territorios con más biodiversidad del planeta y que sufre el extractivismo y la deforestación desde hace siglos. El país —gobernado por Lula da Silva— quiere desmarcarse de las presidencias de las COP anteriores y demostrar su ambición climática sin renunciar a impulsar nuevos proyectos de extracción de petróleo en territorio brasileño. De hecho, hace poco ha solicitado adherirse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+). Otro dato relevante es que, después de tres años celebrando las COP en países petroleros con regímenes autoritarios y muy restrictivos con la sociedad civil, este año la cumbre será en un país en el que se prevé una amplia movilización social.

En este artículo se analizan dos elementos centrales en las políticas de transición verde del Gobierno brasileño y los intereses extranjeros en el país: la minería de tierras raras y la producción de hidrógeno verde.

Las tierras raras están cada vez más presentes en la disputa geopolítica global porque son fundamentales para fabricar muchas tecnologías relacionadas con la transición verde, la digitalización y la industria militar. Se trata de diecisiete elementos de la tabla periódica que se agrupan bajo esta denominación por la similitud de sus propiedades magnéticas y conductivas. Al contrario de lo que pueda parecer, son bastantes abundantes. El atributo raras hace referencia a la dificultad de obtenerlas en estado puro, es decir, hacen falta complejos procesos químicos para separarlas. Empezaron a utilizarse de manera amplia para iluminar grandes zonas industriales, pero en la actualidad tienen muchos usos y las encontramos en la mayoría de las tecnologías que se emplean en el día a día. En pequeñas cantidades pueden producir resultados únicos cuando se unen a otros materiales e incluso pueden sustituir a minerales esenciales en la producción de algunas tecnologías. Por una parte, los dispositivos digitales como los móviles, los discos duros y los cables de fibra óptica necesitan tierras raras para funcionar. Por otra, también se usan en algunas de las tecnologías «verdes» como las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos y determinados tipos de paneles solares. Sin embargo, también se emplean en la industria fósil para fabricar coches de combustión y refinar petróleo, así como en aparatos militares como drones, misiles y bombas inteligentes. En definitiva, se prevé que la demanda de estos minerales aumente exponencialmente en los próximos años. Por consiguiente su control es garantía de poder político y económico.

En el caso del hidrógeno, es un vector energético que se utiliza para diferentes procesos industriales, sobre todo en la refinación de petróleo y en la producción de fertilizantes químicos. La descarbonización de estos sectores pasa por sustituir el hidrógeno gris, que se emplea actualmente y se produce mediante gas fósil, por hidrógeno verde, que se obtiene separando los átomos de hidrógeno y de oxígeno de una molécula de agua con electricidad producida por energía renovable. Asimismo, hay que tener en cuenta que la industria fósil es una de las principales interesadas en el desarrollo del mercado del hidrógeno verde en el ámbito global, ya que permite mantener el actual modelo energético centralizado y basado en grandes proyectos promovidos por grandes empresas. Igualmente, la agroindustria podría seguir impulsando un modelo alimentario industrial a gran escala. Además, hay otros sectores industriales (como la siderurgia y la metalurgia) que también emplean hidrógeno en los procesos de fabricación y que se prevé que ganen peso en un contexto de transición energética basada en las tecnologías de energías renovables

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El 10 de noviembre ha empezado la COP30, y se estrena la tercera década de estas cumbres de las Naciones Unidas para afrontar la emergencia climática. El ODG haremos seguimiento presencial, para informar sobre qué está pasando en la Conferencia de las Partes, y también participaremos en la Contracimera. Gobiernos de todo el mundo se reúnen en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) en Belém, Brasil. Dentro del análisis de las COP, en ediciones anteriores ya hemos detectado que se están promoviendo falsas soluciones, que no abordan de raíz las causas del cambio climático. Con la publicación de este informe continuamos la tarea de seguimiento y de fiscalización de unos espacios de decisión globales que tendrían que ser clave para abordar el escenario de multicrisis en que vivimos, pero que anteriormente han acabado haciendo propuestas insuficientes o directamente inútiles para hacer realidad una transición justa.

En este informe, elaborado por Nicola Scherer del ODG y Zo Randriamaro, de la entidad malgache CRAAD-OI, tomamos tres ejemplos de las actuales negociaciones de la COP30 de mecanismos ineficaces para superar los múltiples retos a los cuales nos enfrentamos. Decimos que son “falsas soluciones” porque ni resuelven la crisis climática ni ofrecen el cambio estructural necesario para reducir las desigualdades. Investigando Madagascar como caso emblemático, desenmascaramos los cambios de deuda por acción climática (debt swap, en inglés) y los mercados de carbono. Ambas políticas son presentadas como soluciones climáticas por los gobiernos malgache y español, y esta visión cuenta con todo el apoyo de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Aun así, benefician principalmente los países y las corporaciones enriquecidas, y no contribuyen a generar el cambio sistémico imprescindible para afrontar la emergencia climática.

También defendemos que un mecanismo para una transición justa válido a la COP30 tiene que incluir la noción de reparaciones, reconociendo las deudas ecológicas, coloniales y reproductivos con el Sur Global y con las mujeres. En la COP30, los gobiernos se tendrían que comprometer con soluciones climáticas, y políticas valientes y transformadoras para superar los múltiples retos y dar un paso adelante hacia un mundo más justo. En el informe ofrecemos propuestas para garantizar estas soluciones justas a la deuda y a la financiación de la acción climática. A pesar de centrarnos en el caso de Madagascar, esta experiencia es extrapolable a otros muchos estados del Sur Global, que sufren la doble violencia de las consecuencias de un cambio climático que no han provocado, y de un sobreendeudamiento que se suma al expolio continuado del colonialismo, el racismo y el extractivismo.

No es la primera vez que investigamos el impacto de la emergencia climática y de la transición energética en Madagascar. También en colaboración con CRAAD-OI, recientemente hemos elaborado un trabajo de campo sobre la minería de tierras raras en la isla, y cómo está afectando a la población local, a los ecosistemas y al sostenimiento de la vida.

Algunas de las recomendaciones políticas por una acción climática ecofeminista recogidas en el informe:

1. Afrontar la crisis de la deuda y la deuda climática
   1. Los países del Norte Global tienen que comprometerse a reconocer y registrar sus deudas históricas y ecológicas y ofrecer mecanismos de compensación a los países, como Madagascar, que sufren pérdidas y daños a consecuencia de la crisis climática.
2. Un nuevo objetivo financiero justo, equitativo y adecuado
   1. Los compromisos de financiación para la adaptación han de satisfacer las necesidades de adaptación, que se prevé que superen los 300.000 millones de dólares anuales por al 2030.
   2. Los fondos tienen que provenir de los países del Norte Global, de acuerdo con los principios de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y capacidades respectivas, así como con el principio de “quien contamina, paga”.
3. Dar apoyo a una transición justa
   1. Los planes de transición justa tienen que reconocer el trabajo de cuidados como un requisito esencial para la transformación de las sociedades hacia economías de bajas emisiones, y tienen que incluir políticas para eliminar las desigualdades de género existentes.
   2. Las medidas adoptadas a la COP30 no tienen que perjudicar los derechos fundamentales ni los medios de vida de las comunidades de los países del Sur Global. Las tierras —incluyendo los territorios de los pueblos indígenas, las tierras agrícolas y los bosques— tienen que quedar excluidas del artículo 6.4 del Acuerdo de París.
4. Reparaciones: reivindicar las deudas climáticas, coloniales y reproductivos para unas políticas climáticas justas
   1. Reconocer la deuda climática —definida como la responsabilidad histórica y moral de aquellos que han provocado la crisis climática— para implementar reparaciones y compensar los daños causados a los países y pueblos afectados.
   2. Reconocer las deudas reproductivas, teniendo en cuenta los costes intergeneracionales, de cuidados, culturales y sociales derivados de la crisis climática, mayoritariamente invisibles y soportados por las mujeres. Espacios como la COP30 tendrían que ser espacios de reconocimiento de estas deudas pendientes.

Una COP30 con múltiples retos

Las negociaciones climáticas actuales tienen lugar en una situación multilateral deteriorada. Los conflictos internacionales y la militarización se intensifican, y los dos años de genocidio en Gaza muestran la carencia de voluntad del Norte Global para defender los derechos humanos de todo el mundo. Además, gobiernos de derecha y extrema derecha —como la actual administración Trump en los EE. UU.— bloquean y deslegitiman los espacios de toma de decisiones multilaterales como la COP, de forma que dificultan una gobernanza global democrática. A pesar de que no se espera que la delegación estadounidense asista a la COP30 de Belém, influirá en las negociaciones desde fuera y seguirá compitiendo con la segunda economía mundial, China, como ya ha hecho en las COP anteriores. Además de los múltiples retos políticos, nos enfrentamos a retos estructurales de fondos. La emergencia climática es más devastadora con cada año que pasa, y amenaza los medios de vida de miles de millones de personas y de especies —especialmente en el Sur Global.

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Esta publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea y el Ayuntamiento de Barcelona. Su contenido es responsabilidad exclusiva del Observatori del Deute en la Globalització (ODG) y no necesariamente refleja las opiniones de los organismos financiadores.

La publicación se enmarca en la campaña europea #EraOfJustice, que llevamos a cabo en coalición con decenas de entidades que promueven la justicia climática, financiera y los ecofeminismos.

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El año 2025 viene marcado por las lógicas de un sistema biocida: más prácticas extractivistas, más acaparamiento económico en pocas manos y más privatizaciones de bienes comunes y servicios públicos. Como consecuencia: más destrucción de ecosistemas, más retroceso de derechos básicos y aumento de las desigualdades sociales. Vivimos en un sistema socioeconómico que se sostiene y se construye a través de pactos, de organizaciones y de instituciones políticas responsables de esta realidad. Se materializa así un conjunto de discriminaciones y violencias hacia amplias capas de la sociedad: violencias patriarcales, racistas, clasistas, que impactan –de manera diferenciada– en las personas y en la desprotección de sus derechos básicos; estructuras políticas que generan y perpetúan conflictos bélicos y genocidios, como el de Gaza, ejecutado con la complicidad de los gobiernos del Norte Global. Es un año que destaca también por el auge de la extrema derecha, la representación de la cual ha crecido en muchos países, y con exponentes que están al frente de gobiernos, como Benjamin Netanyahu, Donald Trump, Viktor Orbán, Javier Milei y Giorgia Meloni, entre otros.

Las miradas desde la economía feminista radical problematizan este sistema –socioeconómico, político, civilizatorio–, que prioriza la acumulación del capital a la sostenibilidad de la vida. Un sistema, como decíamos, biocida, que pone en riesgo todas las vidas, humanas y no humanas, de todos los ecosistemas, de manera desigual y diferenciada, algunas en una situación de más vulnerabilidad que otras. Las economías feministas, en su análisis, señalan las crisis cruzadas, superpuestas y multidimensionales –desde la perspectiva económica, política, ecológica, social y de cura–, que vertebran, en síntesis, una crisis de la reproducción social.

Romper el binomio producción-reproducción

Una de las aportaciones de la economía feminista de la ruptura –partiendo del foco de la importancia de la reproducción social y entendiendo que el trabajo doméstico y los cuidados son trabajos necesarios, que se tienen que valorar y redistribuir– es romper con la lógica del binomio producción-reproducción a la economía y entender también que, en la reproducción de la vida, nos tenemos que plantear nuestra relación con la naturaleza, con los ecosistemas. Y aquí es donde entra la mirada de los ecofeminismos.

Las autoras de este dossier nos identificamos con esta mirada, que cruza a la vez la perspectiva feminista con el ecologista. Los ecofeminismos son varios, pero comparten la crítica al modelo económico extractivista y biocida que nos ha conducido al escenario de crisis de reproducción social. Y también, especialmente, constituyen una herramienta de análisis propio y un conjunto de propuestas políticas con cimientos filosóficos y éticos diferenciados a los de la economía clásica y hegemónica. Las propuestas construyen, a la vez, procesos y transiciones –ecosociales y ecofeministas–, que tienen como horizonte nuevos modelos que pongan en el centro la reproducción de todas las vidas; que apuesten por la redistribución y el decrecimiento y no por la mercantilización de los bienes comunes.

Las mujeres y las identidades disidentes, con nuestra trayectoria diversa, hemos sido presentes en todos los ámbitos necesarios para la vida, para el bienestar y cobertura de necesidades, tanto materiales como inmateriales. También, con una mirada de suficiencia en esta cobertura y equilibrio con el impacto ambiental. Encarnamos las alternativas, desde el ámbito de los cuidados, pasando por la salud, la educación, la energía, el agua o la vivienda. Vertebramos estas transiciones ecosociales y ecofeministas a favor de la reproducción social y en nuestra relación con los territorios, los ecosistemas y la naturaleza.

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Del 30 de junio hasta el 3 de julio de 2025 tendrá lugar la 4a Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas (FfD4 por sus siglas en inglés), dónde los Gobiernos de todo el mundo debatirán sobre reformas estructurales de la gobernanza económica y financiera global. Por primera vez, se celebrará en un país del Norte Global, en concreto en el Estado español, en Sevilla. Este documento introduce brevemente el proceso de Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas. En segundo lugar, se centra en la interconexión de temáticas, particularmente en la deuda, la austeridad, el clima, los impuestos y el poder corporativo-financiero desde una mirada feminista y decolonial. Finalmente, proponemos acciones para todas aquellas personas que quieren movilizarse alrededor de la Conferencia FfD4 en Sevilla.

¿Qué es el Proceso de Financiación para el Desarrollo (FfD) de las Naciones Unidas?

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), como única institución global donde todos los países tiene igual voz, es un espacio donde se articulan, entre otros, demandas para la democratización de la gobernanza económica global y para una transformación sistémica de la arquitectura financiera global. Los debates y negociaciones sobre reformas económicas y financieras se llevan a cabo en el Proceso de Financiación para el Desarrollo (FfD) a través de encuentros regulares y grandes conferencias internacionales que tienen lugar de cada seis a diez años.

La financiación para el desarrollo tiene una raíz histórica al surgir del descontento activo de los países del Sur Global por las deficiencias sistémicas e injusticias de la arquitectura financiera internacional. Aunque la cooperación económica internacional es parte de las responsabilidades de la ONU, ha sido sistemáticamente marginada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), donde los países del Norte Global tienen una mayor proporción de votos, o por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde tienen membresía exclusiva, o por el G20. En el FfD participan los Gobiernos, las organizaciones multilaterales, la sociedad civil y el sector privado. La sociedad civil está representada a través del Mecanismo de Financiación de la Sociedad Civil para el Desarrollo. Es un grupo de trabajo activo desde 2008, que incluye varios cientos de organizaciones y redes de todo el mundo, dedicado a promover y facilitar la participación de la sociedad civil en el proceso formal de FfD de la ONU y otros espacios relacionados.

¿Por qué es importante la 4a Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4)?

En la agenda oficial de la 4ª Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo se negociarán reformas en el ámbito de la deuda, políticas fiscales, financiación privada, negocios y comercio internacional, cooperación internacional para el desarrollo, ciencia y tecnología y cuestiones sistémicas como la reforma de la gobernanza del sistema financiero internacional. La sociedad civil internacional, que trabaja sobre la incidencia política en los espacios oficiales de la ONU, tiene expectativas y esperanzas que la Conferencia FfD4 dé un impulso político importante para avanzar hacia reformas estructurales urgentes. En el proceso de preparación, la sociedad civil internacional ha entregado cientos de propuestas para el Elements Paper, el Borrador Cero y el Primer Borrador. Por ejemplo, este posicionamiento de las organizaciones de la sociedad civil española y estas aportaciones del Mecanismo de la Sociedad Civil para la FpD al Borrador del Documento Final de la FfD4.

La Conferencia FfD4 en Sevilla, será también un momento importante de tejer redes globales. Dos días antes, (las fechas exactas están pendientes de confirmar) se celebrará el Foro Social de la Conferencia, un espacio de encuentro de la sociedad civil internacional que lucha, entre otras cosas, para la reducción de las desigualdades estructurales y para la justicia económica global. La Conferencia de Sevilla, está cogiendo importancia en las agendas de las organizaciones, los colectivos y los movimientos que no suelen trabajar sobre reformas del sistema financiero internacional, pero que ven en la gobernanza económica actual el origen de la policrisis (crisis ecológica, emergencia climática, pérdida de la biodiversidad, crisis de los cuidados, aumento de las desigualdades entre paí- ses y clases sociales, auge de la extrema derecha, pérdida de derechos colectivos, etc.). En concreto, la Conferencia de Sevilla tiene el potencial de ser un espacio-momento de esperanza especialmente para las actoras del Sur Global, desde movimientos de justicia climática y feministas, organizaciones de derechos de las mujeres hasta federaciones sindicales, ya que a través del Mecanismo de la Sociedad Civil tendrán una voz colectiva en un espacio económico-financiero global.

La Conferencia FfD4 abre también una ventana mediática y comunicativa para conversar sobre temas económicos y financieros globales, poniendo caras e historias de las personas afectadas tanto del Sur Global como de los territorios del Estado español. Es un momento de explicar las causas estructurales y de proponer las soluciones necesarias para enfrentar la policrisis desde una mirada de justicia global. En esta línea, profundizamos en cinco temáticas interconectadas que pueden enriquecer el debate público antes, durante y más allá de la Conferencia FfD4: deuda y austeridad, emergencia climática y deuda, justicia fiscal y financiación climática, cooperación internacional para el desarrollo, financiación con mirada feminista y transformaciones ecofeministas.

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Esta publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea. Sus contenidos son responsabilidad única del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

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A medida que la crisis climática se acelera, la transición verde se ha convertido en una especie de eslogan. A la vez, la polarización está aumentando junto con el avance del capitalismo digital, y la securitización vuelve a estar en las agendas de las potencias mundiales. En este contexto, y en un mundo de recursos finitos, el control de las materias primas es clave. Este informe surge de la necesidad de arrojar luz sobre quién se beneficia y quién paga el precio de la nueva carrera por las materias primas y la dinámica global que acelera estos procesos en nombre de la transición hacia un mundo «verde» y
bajo en carbono.

El objetivo es seguir ampliando el trabajo de investigación del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) para producir un análisis crítico de la transición energética y su apropiación por parte de intereses privados (por ejemplo, de la minería de litio en Chile y Argentina), así como el trabajo realizado con nuestras alianzas internacionales bajo el paraguas del Rare Earth Elements Group. Esta investigación se enmarca en el Observatorio de los Minerales Críticos), cocreado por el ODG como miembros de ENCO. 

En julio de 2024, dos personas del equipo de ODG viajaron a Madagascar en trabajo de campo para conocer más profundamente las experiencias de las comunidades en primera línea de los posibles proyectos mineros de tierras raras en el país. Este trabajo de campo se realizó en colaboración con la organización local CRAAD-OI, sin la cual no habría sido posible. Los contenidos de este informe se basan en más de 18 entrevistas con comunidades, líderes tradicionales, activistas e investigadoras del país.

En la primera parte describimos la situación mundial de las tierras raras en el marco de la llamada transición «verde» y los factores detrás de la nueva carrera por las materias primas. La siguiente sección se centra en los territorios que soportan la carga de la extracción de tierras raras en Madagascar y en cómo la búsqueda de tierras raras está afectando a las poblaciones locales, y las formas emergentes de resistencia. Posteriormente, se describen los patrones comunes en los tres casos estudiados. En la sección cuatro, se identifican las empresas transnacionales detrás de los proyectos. La articulación de las resistencias contra los proyectos mineros se explica en la sección cinco. Para terminar, el informe se cierra con una serie de reflexiones finales.

La publicación tiene como objetivo contribuir a la conversación sobre cómo podría ser una transición socioecológica verdaderamente justa a nivel mundial. Profundiza en las contradicciones de un sistema supuestamente orientado a reducir las emisiones y que, a la vez, omite combatir las desigualdades globales. ¿Qué intereses hay detrás de esta nueva carrera por las materias primas? ¿Son los del planeta, o del capitalismo en una nueva etapa?

La publicación está disponible en catalán, castellano, inglés, francés, y malgache.

«ES UN FALSO RELATO DECIR QUE LA TRANSICIÓN VERDE ES EL MUNDO PERFECTO, PORQUE EN ALGÚN LUGAR, ALGUIEN TENDRÁ QUE PAGAR POR ELLA CON SU VIDA Y CON SU SANGRE».

‘Las tierras, para vivir’. Cortometraje documental

En parelelo al informe, el equipo de la investigación también ha realizado un corto-documental coproducido con la cooperativa audiovisual Bruna. ‘Las tierras, para vivir’ recoge algunas de las entrevistas realizadas sobre terreno y muestra el viaje del norte hasta el sur de la isla de Madagascar, resiguiendo los impactos de las minas de tierras raras y recogiendo cómo están resistiendo las comunidades locales. En Madagascar, actualmente hay una mina de tierras raras en activo, en Tolagnaro, y dos proyectos todavía no activos, en Toliara y en la  península de Ampasindava.

El cortometraje está disponible en malgache, y subtitulado al catalán, castellano, inglés y francés.

Colaboración con Cuellilargo para explicar qué está pasando con las tierras raras

Igual que hemos hecho con el episodio 28 del podcast Desenredades, hemos buscado nuevos formatos para explicar nuestra investigación. Podéis encontrarla resumida en este vídeo colaborativo con el colectivo de periodismo crítico, Cuellilargo.

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Hace un año empezamos un proceso de reflexión sobre la posibilidad de contagio mutuo entre el decrecimiento y los (eco)feminismos, con el objetivo de construir puentes y ampliar las miradas en el cual participaron más de 30 activistas e investigadoras. Contamos tanto con activistas feministas y queer, como con defensoras del territorio de América Latina y del Estado español, investigadoras ecologistas y decoloniales, economistas feministas, cooperativistas… con perspectivas muy diversas sobre el decrecimiento, pero todas ellas interesadas en la posibilidad de articular críticas y alternativas conjuntas al sistema capitalista.

¿Puede ser el decrecimiento una alternativa ecofeminista? Es la pregunta con la cual pusimos en marcha este ciclo de conversaciones, que nos han llevado a imaginar una síntesis de ambas corrientes (el decrecimiento y el ecofeminismo) para proponer nuevas maneras de habitar y reorganizar el mundo que no supediten unas crisis a las otras y que reconozcan toda la diversidad de sujetos de transformación que luchen contra el crecimiento.

Hemos pensado estas páginas como un cuaderno que recopila análisis y debates para poder situarnos mejor cuando reflexionamos sobre las alternativas y como impulsarlas. Somos conscientes que analizar las crisis del sistema desde toda su complejidad, así como tejer puentes desde activismos diversos, a veces nos desborda. Es por eso que nos parece útil hacer propuestas de síntesis que (sin ser exhaustivas) nos ayuden a situarnos. También para recuperar genealogías, recordar de donde venimos y no empezar de cero cada vez.

Además, esperamos que esta publicación nos pueda servir para graduar las ojeras ecofeministas y así ayudarnos a poder identificar si una campaña, una reivindicación, una alianza, o una acción específica encajarían dentro de un proceso de transformación que nos lleve hacia un decrecimiento ecofeminista. Sobre todo teniendo en cuenta la importancia de tejer alternativas desde miradas integrales, que también incorporen la decolonialidad, la crítica a la heteronorma, las miradas rurales, etc.

En concreto, encontraréis, entre otras cosas, la apuesta para materializar ocho principios ecofeministas que sintetizan gran parte de los debates mantenidos hasta ahora. Además de una aproximación en algunos debates estratégicos, como la construcción de narrativas ecofeministas que nos puedan hacer reconectar con la posibilidad de conseguir otros presentes y futuros, alejados de las perspectivas negacionistas, racistas y antifeministas que proliferan cada vez más.

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El nuevo informe «La rueda de la fortuna empresarial: Cómo el BEI aumenta los beneficios en nombre de la competitividad», de Counter Balance, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatoire des Multinationales, y Gresea, revela como 7 de las principales empresas que son clientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) —Iberdrola, Stellantis, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Orange, Northvolt y la Alianza Gavi— reciben miles de millones en préstamos públicos a pesar de sus importantes beneficios y sus preocupantes historiales de impactos sociales y medioambientales.

Desde 2020, estas 7 empresas han obtenido en conjunto 100.000 millones de euros en beneficios, una cantidad superior a la mitad de las necesidades anuales de infraestructura social de la UE. Más de 11.000 millones de euros en préstamos del BEI han reforzado estas empresas, que desde entonces han distribuido 38.700 millones de euros entre sus accionistas, han gastado 11.900 millones de euros en recompra de acciones y han pagado 146,7 millones de euros a sus consejeros delegados.

Iberdrola ha recibido 3.500 millones de euros del BEI desde 2020 mientras que ha registrado unos beneficios de 16.600 millones de euros entre 2020 y 2023. En el mismo periodo, la empresa ha desembolsado 4.700 millones de euros de dividendos a sus accionistas y 25,2 millones de euros a su consejero delegado en concepto de salarios y bonus. A su vez, Iberdrola está vinculada a 13 conflictos socioambientales en América Central, Brasil y Europa, principalmente debido a proyectos a gran escala con importantes impactos ecológicos y sociales.

Uno de ellos es la mayor planta solar europea, que se encuentra en el Estado español, y financiada por el BEI, que no generó los puestos de trabajo locales prometidos, expropió los terrenos ilegalmente al principal propietario y está siendo investigada por fraude por la Fiscalía Europea. Además, Iberdrola recibió más de 919 millones de euros en dinero público de instituciones gubernamentales españolas entre 2020 y 2023. De esta cantidad, 899 millones de euros son subvenciones a fondo perdido de las administraciones central, autonómica y municipal españolas, 8,8 millones de euros son préstamos, 11,4 millones de euros en garantías financieras y 1.019,33 euros en ventajas fiscales.

La financiación del BEI a grandes empresas e instituciones financieras privadas no ha dejado de aumentar a medida que se convierte en una institución central de la UE para mejorar la competitividad en sectores estratégicos. El informe pone de relieve una tendencia preocupante: se están utilizando fondos públicos para hacer aún más lucrativos los proyectos de empresas capaces de autofinanciarse, muchas de las cuales tienen impactos sociales y medioambientales perjudiciales, se enfrentan a investigaciones por fraude o suministran armas a países que violan el derecho internacional. Las pruebas demuestran que el Banco da prioridad al aumento de los beneficios económicos frente a los beneficios sociales y medioambientales, lo que desvía recursos de inversiones que sirven al bien público.

En lugar de canalizar miles de millones para subvencionar los beneficios de las grandes empresas, el BEI debería convertirse en un banco público que apoye un mandato verdaderamente público. Para ello, el BEI debería:

• Financiar proyectos y empresas que atiendan a necesidades sociales y medioambientales
• Trabajar con entidades públicas sin ánimo de lucro
• Mejorar sus normas para garantizar la financiación de proyectos sostenibles que respeten los derechos humanos y el medio ambiente
• Introducir condiciones sociales, económicas y medioambientales clave para las empresas e instituciones financieras que se beneficien de la financiación del BEI

PODÉIS LEER EL INFORME COMPLETO AQUÍ

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La deuda y la desforestación son problemáticas importantes con impacto ecológico, social y político; y son reconocidas como tal por los movimientos sociales y por la academia alrededor del mundo. A pesar de ello, la conexión entre ambas está poco estudiada y falta teoría elaborada alrededor de la cuestión. Este informe presenta un método mixto de estudio de caso, basado en entrevistas semiestructuradas y una intensa investigación documental. El informe describe siete mecanismos por los cuales la deuda pública externa de Colombia impulsa la destrucción de la Amazonía colombiana; dos son directos –incluyendo la construcción de infraestructuras como las carreteras que se financian a partir de esta deuda–, y cinco son indirectos.

El estudio establece que existe un círculo vicioso entre la deuda pública externa y la desforestación en la Amazonía colombiana. También argumenta que la deuda pública externa debería ser considerada una pieza del «pasado colonial», el cual el Estado colombiano ha de superar para detener la destrucción de la región. En su propuesta de investigación y a la práctica, este informe es un llamado para que la academia adopte el activismo. Podéis leer la investigación completa aquí.

Hay muchas razones por las que presionar por una cancelación incondicional de la deuda –desde la lucha contra el patriarcado (Yahaya, 2021), a la autodeterminación (Jubilee South Manifesto, 1998), o los argumentos por los cuales se establece que son necesarias reparaciones por las deudas ecológicas y coloniales (Pacto Ecosocial e Intercultural del Sur, 2023)–, pero es muy poco habitual que se incluya la desforestación como uno de los motivos por los que cancelar la deuda externa.

Esto se debe a que la conexión entre deuda y desforestación, una de las problemáticas más graves que afronta el ecosistema amazónico, ha sido poco investigado y reflexionado. La extensa literatura sobre desforestación reiteradamente falla a la hora de explorar el rol que juega la deuda (Busch & Ferretti-Gallon, 2023), a pesar de que la investigación académica es extensa y habitualmente sí que establece el vínculo con los combustibles fósiles (Woolfenden, 2023b) y las problemáticas sociales (Kentikelenis & Stubbs, 2023). Por eso, hay un vacío importante que, dado el contexto estratégico y los objetivos de los movimientos sociales para los próximos años, sería necesario rellenar. Además la reduida evidencia cualitativa y cuantitativa que existe actualmente sugiere que es un vínculo al que se debe prestar atención (Cavallero & Gago, 2021; Kahn & McDonald, 1994; Shandra et al., 2008).

Los hallazgos de este estudio pueden resultar útiles para los colectivos afectados e interesados, y para los liderazgos políticos implicados en el activismo alrededor de la deuda, además de ser de interés para investigadoras especializadas en desforestación, y relevante para un amplio abanico de activistas sociales y por la justicia climática. El autor de este estudio espera que la distinción entre categorías de activismo y academia se disuelvan, para que puedan luchar juntas por una liberación respecto al capitalismo colonial.

La destrucción de la naturaleza no-humana, especialmente en los bosques tropicales, es un elemento fundacional de la actual policrisis (Jayasuriya, 2023). La cancelación de la deuda es un objetivo tangible y alcanzable, que está en línea con la raíz de las causas de la crisis múltiple, y que responde a la magnitud de esta. Puede parecer una idea ambiciosa, pero a través del activismo, creamos esperanza (Loach, 2023).

EL ESTUDIO ESTÁ DISPONIBLE EN CASTELLANO,
INGLÉS Y PortuguÉs.

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En colaboración con:

Esta publicación ha sido cofinanciada por la Unión Europea. Sus contenidos son responsabilidad única del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

Con el apoyo de:

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La investigación es una iniciativa del European Network of Corporate Observatories (ENCO), elaborada por las investigadoras del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), el Observatoire des multinationales, el Groupe de Recherche pour une Stratégie économique Alternative (GRESEA) y el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Este informe es un ejercicio de seguimiento ciudadano de la financiación para la recuperación ante el COVID-19 y la crisis del coste de la vida en Francia, España y Bélgica durante 2020, 2021 y 2022.

Los sectores socialmente necesarios como la sanidad, la educación y el transporte público recibieron menos del 17% de la financiación pública para afrontar la crisis durante 2020, 2021 y 2022 en Francia, España y Bélgica. Estos tres países, seleccionados como casos de estudio, aplicaron medidas de estímulo muy inferiores al 10% del PIB durante el período estudiado: un 4%, en el mejor de los casos. Entre un tercio y la mitad de los fondos públics se destinó directamente a empresas privadas. Si le sumamos las ayudas indirectas, como las medidas de mantenimiento de los puestos de trabajo o los subsidios energéticos para los hogares, en total recibieron un 69% (Francia), un 68% (España) y un 58% (Bélgica) de la financiación pública. Prácticamente ninguna de las medidas de financiación de respuesta a las crisis estuvo sujeta a criterios climáticos o de género.

Si bien entre el 24% i el 54% de todos los fondos invertidos en Francia, España y Bélgica se destinaron a la protección social, la mayoría se trataban de medidas de protección de los puestos de trabajo, que beneficiaban directamente solo a una parte de la población, que cuenta con condiciones laborales regularizadas. El resto de la población, incluyendo las mujeres a cargo de tareas de cuidados no remuneradas, gente joven y anciana, migradas, o personas en situación de marginación en condiciones laborales no regladas o informales, solamente tuvieron acceso a medidas de protección social que sumaban el 4% (Francia), el 10% (España) y el 23% (Bélgica) del gasto público.

Los bancos han sido los grandes beneficiados de la financiación pública extraordinaria, ya que han canalizado y decidido sobre la asignación de fondos públicos a la economía, como los préstamos con garantía del Estado. No se ha visibilizado suficiente el poder que han tenido en la toma de decisiones y los beneficios económicos que han sacado.

La financiación pública es una decisión política, ya que las políticas pueden incrementar las desigualdades existentes si no se diseñan y se implementan adecuadamente. Este informe puede resultar útil a movimientos sociales, medios de comunicación progresistas y partes interesadas, ofreciendo datos y argumentos sólidos para fomentar políticas transformadoras, justas y feministas que se puedan usar en el debate político sobre las crisis de la deuda, del clima y de los cuidados.

Todo el gasto público frente a una crisis debe basarse en una vía ecológica, sostenible y orientada a los derechos colectivos, que garantice que se cuenta con un nivel adecuado de inversión y que los fondos se distribuyen de forma equitativa, eficaz y transparente, principalmente hacia las personas más afectadas, es decir, mujeres, gente joven y personas en situación de vulnerabilidad. Es igualmente importante la participación de representantes elegidos por la ciudadanía y otros agentes defensores de derechos en el seguimiento de los planes y las medidas de financión para garantizar que las decisiones de respuesta a la crisis no se tomen a puerta cerrada.

En este informe se sigue la línea del proyecto People’s Recovery Tracker, concretamente la iniciativa de la Financial Transparency Coalition, el Centre for Budget Governance Accountability (CBGA), la Christian Aid, la Tax Justice Network Africa, la Latindadd, la Fundación SES, l’Arab NGO Network for Development (ANNA) y la Asian Peoples’ Movement on Debt and Development (APMDD), que han inspirado nuestro trabajo con su Recovery at a Crossroads: How countries spent Covid-19 funds in the Global South (2022) (‘Recuperación en la encrucijada: cómo los países gastaron los fondos COVID-19 de rescate en el Sur Global’), en la que reivindicaban que se promoviera una recuperación centrada en las personas en un tiempo de crisis múltiples.

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