Este miércoles 14 de abril Pedro Sánchez ha presentado el plan España Puede en el Congreso de los Diputados para generar un debate mediático, justo dos semanas antes de enviar el plan a Bruselas para pedir los 140.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU. Sánchez presentó ayer el proyecto en la Moncloa como “el plan de recuperación más ambicioso de la historia reciente de España”. Y sí, lo es. La magnitud y potencial del plan impactarán sobre las políticas futuras, pero no en la lógica de transformación que discursivamente expresa el Gobierno, sino que se trata de una modernización y asentamiento de las bases que sostienen el actual modelo económico y a las grandes empresas.
El plan cuenta con 319 páginas, en su gran parte un manifiesto positivista entorno al medio ambiente y la modernización a través de lo digital. Apunta a 212 medidas, de las cuáles 110 son inversiones y 102 reformas, pero sus líneas concretas y distribución de presupuestos se podrían resumir en unas pocas hojas. En resumen, mucha propaganda y más de la misma política neoliberal.
Las reacciones parlamentarias a este «proyecto de país» han sido mayoritariamente la falta de transparencia y debate democrático. En las bancadas del Congreso, las quejas abrumaban ante el hecho de que el plan más importante de los últimos años haya llegado a sus señorías a través de un tuit de este pasado martes por la noche o a través de los medios. Una informalidad que se liga con las preocupaciones sobre la ambigüedad, la no-concreción de las reformas, y la desconfianza creciente por parte de algunos grupos parlamentarios de que el reparto beneficiará a las grandes empresas de siempre
Estas quejas se suman al ruido de fondo que ya apuntaba las deficiencias de plan diseñado solo por el Gobierno y sus grupos de expertos, excluyendo a la sociedad civil, movimientos sociales y organizaciones. Ahora, a escasas semanas de la fecha límite para enviar el plan a Bruselas, no hay margen para un debate democrático. Así, el debate en el Congreso y en las calles se resumen a solo opinar.
Modernizar las administraciones a través del sector privado
El documento describe un plan económico que tiene como motor principal una política de modernización industrial y de las administraciones que canaliza dinero público para el sector privado. Es aquí donde destaca la figura de los PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), que resultan un riesgo que va más allá de las colaboraciones público-privadas al uso. De hecho, el Real Decreto Ley que pretende regir la distribución de los fondos —en proceso de enmiendas actualmente— se salta leyes como la del sector público y la de contratación pública.
Solo hace falta ver lo que ha pasado durante el primer periodo de ayudas y contratos de urgencia bajo esa lógica de saltarse procesos y otorgar contratos a dedo para grandes empresas con graves historiales de vulneración de derechos e impactos ambientales. En esa línea se proponen “10 políticas palanca“ y “30 componentes”, políticas a su vez, que las desgranan. Y algunas son tan concretas que parece que los PERTEs ya llegan cocinados por las propuestas de estas mismas empresas. De mientras, los pequeños actores siguen intentando asesorarse de cómo hacer propuestas para acceder a los tan esperados fondos.
Lo digital y lo verde están, aparentemente, muy presentes en las partidas, no solo cuantitativamente sino como marco ideológico de la transformación de la economía. En concreto, el 39% de las inversiones estarán ligadas a la transición ecológica, el 29% del total estará vinculado a la transformación digital. Pero esta transición ecológica no es, ni mucho menos, la que necesitamos. El plan, a día de hoy, incluye grandes inversiones en hidrógeno, un combustible inmaduro, muy poco eficiente y dependiente de otras fuentes energéticas; apuesta por una movilidad sostenible centrando su acción en subvenciones para la compra de vehículos privados, obviando que aunque sean eléctricos no se solucionarán los problemas e impactos de transporte existentes. Además, ni siquiera queda claro cómo se determinará si un proyecto es dañino para el medio ambiente. Más que una transición ecológica, el plan plantea una transacción sin responder al contexto de emergencia climática que vivimos.
Autor/a: Blanca Bayas, Nicola Scherer (ODG), Erika González (OMAL), Núria Blázquez (Ecologistas en Acción)
Publicado: 15 abril de 2021
Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa y Fernando Calvo (publicada en El Salto)
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