Nuestra compañera Blanca Bayas Fernández, investigadora experta en ecofeminismos, analiza qué consecuencias tiene el decreto ómnibus recientemente aprobado en el Congreso español, tras pasar por varios recortes que lo hacen menos ambicioso de lo necesario. Más allá de este decreto,
El pasado martes, 28 de enero, y después de que la semana anterior se hubiera tumbado en el Congreso el Decreto Ómnibus, se aprobó finalmente un nuevo Decreto que recogía 29 de las medidas previstas en el primer paquete. Estas medidas de «escudo social», incluyen la actualización de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las pensiones mínimas, el mantenimiento de las bonificaciones para el transporte público hasta mitad de año, y las ayudas relativas a DANA, entre otras. Caen, sin embargo, las ayudas a Ceuta para menores extranjeros no acompañados, la prórroga del SMI o las exenciones fiscales por obras de mejora de eficiencia energética.
En un contexto de auge de la extrema derecha y de la ideología neoliberal de base extractivista, con un capitalismo financiero desbocado -que busca sacar cada vez más rentabilidad a sus activos-, preocupa que los intereses del poder corporativo en connivencia con los de los partidos políticos, se antepongan permanentemente a una mirada más amplia de las políticas que priorice a las personas. Además, preocupa también que, cuando se consiguen medidas más progresistas, siempre se enmarquen dentro de la temporalidad, y que dependan siempre de la continuidad de un marco de crecimiento ilimitado, en vez de plantearse formas de redistribución más drásticas que nos permitan pensar en otras formas de generar bienestar.
Cabe recordar que fue en el contexto de pandemia, tras la evidencia de la emergencia social, que se empezaron a aprobar algunas medidas políticas para paliar los peores impactos en la población, especialmente en los colectivos más precarizados. Unas medidas que luego se ampliaron ante la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania. Algunas de estas medidas fueron la moratoria de desahucios y cortes de suministros básicos -luz, agua y gas- a familias vulnerabilizadas, y las ayudas al transporte, que implicaban su gratuidad o rebaja de precios. En su momento, esto fue una propuesta de cobertura de derechos básicos, parcial y de mínimos, en un contexto de crisis cruzadas -económica, social, de cuidados, ecológica- y de evidencia de un modelo de servicios públicos muy deficiente. Medidas institucionales que se concentraron en el llamado “plan de choque”, y que pese a amortiguar parcialmente la precaria situación en la que se encontraron o estaban algunas personas, ni siquiera llegaron al conjunto de colectivos a los que se suponía que iban dirigidas.
Casi cinco años más tarde, las crisis se han agravado, las importantes desigualdades siguen vigentes, y más situaciones de emergencias territorializadas con impactos sociales y ecológicos se han sucedido en territorio español -como ha sido la DANA en Valencia en 2024 y la erupción volcánica en La Palma en 2021-. Es importante evidenciar que es la gestión política de estas crisis la que retroalimenta y, en último término, no garantiza la cobertura de derechos básicos ni para los colectivos más afectados ni para el conjunto de la población.